Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– Los jornaleros del Valle de San Quintín iniciaron una caravana hacia la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California, recorriendo en el trayecto los municipios de Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate para exigir a las autoridades federales que den una solución urgente a sus demandas a 10 días del paro laboral.

En entrevista radiofónica, Fidel Sánchez Vocero de la Alianza Organizaciones por la Justicia Social, comentó que su organización solicitará la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) porque el gobierno estatal no ha tenido la capacidad de dar solución a lo que están exigiendo desde el pasado 17 de marzo.

Sánchez le dijo a la periodista Denise Maerker que no existe un avance en las negociaciones entre los líderes jornaleros y los empresarios, sobre todo en torno al salario mínimo ni en el precio por cosechar cajas de fresas y moras, que piden pase a los 20 pesos, 10 más de los que se paga en la actualidad.

El Vocero de los jornaleros aseguró que el representante del Consejo Agrícola de Baja California no les había dado una respuesta sobre su propuesta de aumentar 15 por ciento el salario actual.

Por su parte, las empresas agrícolas del Valle de San Quintín ofrecieron como oferta final un incremento de 16.50 pesos al salario que en la actualidad perciben los jornaleros, lo que fue rechazado por los trabajadores del campo.

“Nosotros lanzamos una última propuesta desde el día de ayer que se iba a analizar para tener una respuesta el día de hoy, de los 300 pesos como salario mínimo estatal que estábamos pidiendo lo dejamos hasta 200 como salario mínimo en el estado”, dijo Fidel Sánchez.

En la actualidad, un jornalero gana en promedio entre 110 y 130 pesos por día de trabajo.

Sin embargo, dijo el Vocero de los jornaleros, tanto Pablo Alejo López Núñez representante del gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, así como Antonio López Merino Director de la Secretaría General de Gobierno de la entidad, “sólo han dado un discurso demagógico y una vez más demuestran que este gobiernos es para los ricos y no para los pobres”.

Sobre la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los jornaleros, Fidel Sánchez expresó que existe confianza de que el gobierno federal cumpla con ese trámite, y ese es uno de los puntos en el que sí hay avances.

El Vocero dijo además que se ha solicitado la presencia de los productores de la región en las negociaciones, pero a estas sólo han acudido intermediarios, como fue el representante de la Unión Agrícola Regional del Valle de San Quintín.

EU ALERTA A TURISTAS ANTE BLOQUEOS

Mientras las negociaciones entre los jornaleros y los productores regionales continúan, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una alerta ante los bloqueos en San Quintín, y exhortó a sus connacionales a tomar precauciones si visitan la parte sur de Baja California.

“En este momento, no sabemos cuándo terminarán las protestas”, aclaró el organismo estadounidense.

Precisó que si bien las autoridades policíacas estatal y federal reportan que la Carretera Transpenínsular está liberada, la posibilidad de un nuevo conflicto permanece y se pueden encontrar barricas en áreas remotas de la carretera.

“Se recomienda extremar la precauciones y estar alerta a las condiciones cambiantes a lo largo del camino”, sostuvieron.

Las autoridades estadounidenses también señalaron que después de los disturbios donde hubo “pedradas e incendios”, se suspendieron los servicios de combustible, bancos y víveres, y aunque los establecimientos han sido reabiertos, se debe estar preparado por la posibilidad de escasez.

El Semanario Zeta constató cómo desde este lunes, centros turísticos establecidos en puntos remotos más al sur de San Quintín, visitados casi exclusivamente por turistas norteamericanos, lucían desiertos, pues los viajeros prefirieron regresarse a la brevedad posible.

El pasado miércoles, al sostenerse las negociaciones entre las autoridades de gobierno y los líderes de los jornaleros, y en la que se esperaba se llegara a un acuerdo satisfactorio para las partes, lo que no sucedió, había un clima de temor entre la población.

Las clases en los planteles educativos que se habían restablecido el lunes pasado, el miércoles fueron nuevamente canceladas, indica el medio local.

La totalidad de las tiendas OXXO, alrededor de cinco locales en todas las delegaciones, por ejemplo, no han abierto desde el día de los disturbios. Negocios de todos los giros, tapiaron con tiras de madera sus ventanas como protección de sus locales dado a los saqueos que llegaron a registrarse la semana pasada.

CNDH INVESTIGA DETENCIONES

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas tanto en en San Quintín como en Comondú, Baja California Sur.

La CNDH informó que visitadores adjuntos se trasladaron al municipio de San Quintín, donde entrevistaron a jornaleros y sus representantes, quienes señalaron haber sido detenidos y recibir malos tratos por elementos de la Policía Municipal cuando protestaban por las condiciones de trabajo en que se encuentran.

El pasado 17 de marzo, unos 800 jornaleros que realizaban un paro laboral, bloquearon con palos, piedras y llantas la carretera Transpeninsular, en demanda de ser inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el fin al acoso sexual en los campos y mejores salarios, además de una mesa de negociación con las autoridades del Gobierno estatal y los dueños de las empresas.

Sin embargo, luego de más de 30 horas de bloqueo, arribaron a la zona decenas de policías federales, estatales y municipales y comenzaron a desalojar la zona presuntamente utilizando balas de goma y gas lacrimógeno. Ahí 200 personas fueron detenidas.

Los jornaleros defendieron su bloqueo con piedras y palos, mientras, de acuerdo con el semanario Zeta, los policías de los tres órdenes de Gobierno continuaron con el desalojo “a balazos”.

El miércoles de la semana pasada se registraron diversos actos vandálicos, que según lo denunciado por los manifestantes, fueron incitados por personas ajenas al movimiento, incluso acusaron a los líderes sindicales de la CTM y de la CROM, a quienes señalaron de ser los causantes de la explotación que viven en los campos.

Un día después, el Gobernador panista de Baja California Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid se reunió con jornaleros de la comunidad de San Quintín quienes le recriminaron su lejanía con respecto a sus exigencias de que se garantice sus derechos humanos y laborales en los campos.

Pero la reunión con el Gobernador no terminó con las manifestaciones. El viernes un contingente de unas 60 personas se manifestaron para exigir la destitución del delegado de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI) Juan Malagamba Zetella, a quien acusan de “solapar” las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los jornaleros

Al respecto, el organismo autónomo informó que  se levantaron las actas circunstanciadas correspondientes. De igual manera, indicó que personal de la CNDH dialogó con autoridades locales y federales, así como con representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para obtener información sobre los hechos.

Dijo que en estos encuentros han participado autoridades locales como el Secretario y el Subsecretario de Gobierno, así como el Secretario del Trabajo; en cuanto a las autoridades federales, representantes del IMSS.

Por otra parte, refirió que visitadores adjuntos de la CNDH se trasladaron al municipio de Comundú, Baja California Sur, donde obtuvieron testimonios de varios jornaleros, así como también realizaron gestiones ante autoridades tanto del fuero común como federales, para que se brindara asistencia médica a algunos de ellos.

“El personal de la CNDH llevó a cabo la revisión de las averiguaciones previas iniciadas por los hechos, además de que tiene previsto entrevistarse con autoridades federales y estatales involucradas en la investigación de hechos relacionados con la situación de los jornaleros rarámuris”, detalló la CNDH.

La Comisión Nacional dijo que permanecerá vigilante de la evolución de los acontecimientos, y en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho proceda.

DIPUTADOS PIDEN ACABAR CON ABUSOS 

Por su parte, diputados federales de todas las fuerzas políticas sumaron sus voces para pedir a las autoridades locales y federales que se acabe con el abuso hacia los jornaleros agrícolas en los estados de la Península de Baja California y en otras partes del país.

En un punto de acuerdo, se exhortó a las autoridades federales y de los estados de Baja California y Baja California Sur que resuelvan los conflictos con jornaleros agrícolas, supervisen sus condiciones laborales y sancionen a responsables de violar sus derechos humanos.

De esta manera, el Pleno aprobó, en votación económica, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre la situación de los trabajadores agrícolas en esa Península.

Al entablar un debate sobre la situación de jornaleros agrícolas, en su mayoría de origen indígena, que son explotados laboralmente, los legisladores avalaron un punto de acuerdo para solicitar que se investiguen sus condiciones y se sancione a las empresas que los contratan bajo situaciones ilegales.

El punto de acuerdo pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur, se investigue y sancione a los responsables de la violación de los derechos humanos de 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación en el municipio de Comondú.

Estos indígenas fueron contratados por la empresa el Cerezo, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

En el documento los legisladores también exhortaron al ayuntamiento de Ensenada, Baja California, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), y al IMSS, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que en el ámbito de sus competencias, investiguen, atiendan y resuelvan los conflictos que se han presentado en esa zona.

Establecen que mediante el diálogo y la concertación se busquen soluciones a los conflictos generados en la zona sur del municipio de Ensenada, derivados de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas.

Asimismo, solicitan que se “incrementen las medidas de control y de supervisión sobre los términos laborales y servicios bajo los cuales viven y son contratados los jornaleros agrícolas, a fin de que tengan condiciones dignas de trabajo, salud, educación y vivienda.