Por Roxana Vivanco, Especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 27 (SinEmbargo/Noroeste).– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de oficio por el caso de Sandra Luz Hernández, luego de la absolución que se dio al único acusado de su asesinato, donde incluso se hizo el señalamiento de posible tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.
Juan José Ríos Estavillo, presidente del organismo público, indicó que el ombudsman local solicitó al Supremo Tribunal de Justicia y a la Procuraduría General de Justicia los elementos que conformaron la absolución y los señalamientos, a partir de que pudo haberse violado los derechos humanos de la activista Sandra Luz Hernández y su familia.
Por su parte, integrantes del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses exigieron la creación de un observatorio que investigue la actuación de las instancias implicadas en la liberación del asesino confeso.
Mientras tanto, la Procuraduría, explicó el funcionario defensor de derechos humanos, deberá demostrar que integró un expediente de manera correcta, además de fundar las declaraciones por tráfico de influencias y conflicto de interés.
En ese sentido, el Poder Judicial deberá mostrar los elementos con los que deslindó responsabilidades sobre el posible tráfico de influencias, así como mostrar cómo se conformó la resolución que fue absolutoria.
Ríos Estavillo dijo que luego del análisis que se haga por la Comisión, se presentará una resolución que indicará posibles responsabilidades de comprobarse violación a los derechos humanos.
Por su parte, María Teresa Guerra Ochoa, agremiada del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, cuestionó la actuación de la Procuraduría estatal y del Supremo Tribunal de Justicia.
“Hasta ahorita en otros casos, hemos observado que los dos han fallado; es común que se avienten la pelota, que traten de exculpar su responsabilidad y que el Poder Judicial diga que quien no integra bien las averiguaciones es la Procuraduría de Justicia, y que por otra parte en el caso de la Procuraduría se diga que los jueces… y los magistrados no están haciendo el trabajo como es debido”, criticó.
“Para evitar este peloteo, que la sociedad no se merece, que la familia de Sandra Luz no se merece… lo mejor es generar ese observatorio, e independientemente de él hacer la observación y el análisis en la Comisión Estatal y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, manifestó.
Consideró que si hubo tráfico de influencias, como lo insinuó el Procurador Marco Antonio Higuera, lo obliga a presentar una denuncia formal.
“Es un caso que amerita que no quede solamente en un señalamiento, es una imputación grave, que de confirmarse, debería dar lugar a una no solamente posible destitución del juez, magistrado, si fuese el caso, sino una sanción de carácter penal o administrativo”, dijo.
El pasado 24 de marzo, por falta de pruebas, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, quien había sido acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa de ser el autor material del homicidio de la activista Sandra Luz Hernández, obtuvo sentencia absolutoria que lo dejó en libertad el 13 de marzo.
EL ASESINATO
Sandra Luz fue asesinada a plena luz del día en Culiacán. Le tendieron una trampa: la citaron para “decirle en dónde estaba” su hijo, un ex empleado de la misma Procuraduría, y le dieron muerte. Ella exigía a la Procuraduría que investigara la desaparición del joven. Incluso dijo que dentro de la misma dependencia podrían estar los asesinos.
Ahora, esa Procuraduría ha liberado al que presentó como asesino confeso. La autoridad no acreditó pruebas.
El periódico Noroeste confirmó con cuatro fuentes diferentes, dos de ellas del Poder Judicial, así como de los registros de acuerdos de juzgados, la sentencia absolutoria que otorgó el Juzgado Noveno Penal de Culiacán a favor de Valenzuela Rodríguez, bajo el argumento de falta de pruebas, pese a que en su declaración ministerial aceptó ser el homicida de la activista.
El 12 de mayo de 2014, Sandra Luz Hernández fue asesinada en la Colonia Benito Juárez, en donde se encontraría con una persona que le daría información sobre su hijo Édgar García Hernández, que desapareció el 12 de febrero de 2012.
El encuentro se pactó luego de una llamada anónima que recibió después de haber salido de la Procuraduría de Sinaloa donde preguntó sobre los avances de la investigación de su hijo y los de sus compañeras del Grupo de Familiares con Hijos Desaparecidos, al que pertenecía de manera activa. Hernández recibió 15 disparos por un hombre encapuchado.
“Nadie se va impune, tarde que temprano, pero en algún momento nos vamos a encontrar con esos responsables de esos delitos que lastiman mucho a la entidad”, expresó el Gobernador Mario López Valdez dos días después del homicidio.
El asesino confeso, sin embargo, ahora está libre.
En su momento, la Secretaría de Gobernación condenó el asesinato y pidió a las autoridades “una investigación exhaustiva”.
La muerte de Hernández causó indignación social. Incluso se replicó con organismos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, Artículo 19 y Human Right Watch, quienes catalogaron el hecho como un atentado contra los derechos humanos.
El 20 de mayo, ocho días después del asesinato, la PGJE presentó a Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, acusado de ser el autor material del asesinato de la activista.
“No tenemos ninguna duda de que va una averiguación plenamente fortalecida y plenamente aclarada”, aseguró Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador de Justicia, en conferencia de prensa, donde incluyó una relatoría de hechos, fotos y videos.
Sin embargo, esa “averiguación fortalecida y aclarada” no resultó suficiente en el juicio, no soportó los argumentos de la defensa que el 13 de marzo de este año ganó una sentencia absolutoria que otorgó libertad a Valenzuela Rodríguez, misma que se impugnó por parte del Ministerio Público, para continuar el proceso en una segunda instancia, pero esta vez en libertad.
LA MADRE INVESTIGADORA
Vendedora de planes de telefonía celular y cosméticos, Sandra Luz se convirtió en activista e investigadora a partir de la desaparición de su hijo, Édgar García Hernández, empleado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Desde entonces comenzó a buscar y seguir pistas y se unió a otras madres con hijos desaparecidos. Protestó, marchó, sostuvo encuentros con autoridades. Todo en vano. Sin embargo, Sandra dio seguimiento cabal a cada pista que recibió. Decía que conocía la identidad de los delincuentes que privaron de la libertad a su hijo, y que la Procuraduría sabía de ello.
De acuerdo con testimonios recabados por Noroeste, un día antes de su muerte una persona se acercó a Sandra cuando se encontraba en un centro comercial. Le dijo que conocía a alguien que podía decirle dónde se encontraba Édgar, su hijo.
El día de su asesinato, sostuvo una reunión con funcionarios de la PGJE y, al salir, se dirigió al Ayuntamiento de Culiacán donde estuvo unos minutos con los pepenadores que mantienen una huelga de hambre. Entonces recibió la llamada que le indicó dónde sería el encuentro con el supuesto informante. Le reunión sería en un punto de la Colonia Benito Juárez.
Junto a una compañera activista abordó un camión urbano. Al filo de las 16:00 horas del lunes 12 de mayo del 2014 caminaba junto a su acompañante por la calle Constitución, esquina con 20 de Septiembre, cuando apareció su victimario quien le disparó en la cabeza, según la versión de algunos testigos y autoridades.
En el lugar, los peritos de la PGJE recogieron 15 casquillos de pistola calibre .9 milímetros.
“Tengo fe en que el Gobierno me diga dónde está. Ellos me tienen que decir dónde está, ellos son los que pueden ayudarme y no voy a quitar el dedo del renglón hasta que ellos me regresen a mi hijo”, dijo en entrevista en aquella protesta del 12 de febrero, cuando se cumplieron dos años de la desaparición forzada de Édgar.
En su investigación, Sandra no observó límites, rastreaba pistas, pero también reclamaba al Gobierno.
“Yo no dejo de buscar ni un sólo día, ni un sólo día, todos los días. Esa es mi meta: encontrarlo”, decía.
ÉDGAR EL TRABAJADOR
Édgar tenía 25 años cuando fue privado de su libertad, hace dos años atrás, en la colonia El Progreso.
Era un joven activo, que participaba en cursos de superación personal, practicaba deporte, incluso colaboró en la última campaña electoral, según decía su madre.
Tenía un año trabajando en un puesto administrativo en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“Él era trabajador del Procurador [Marco Antonio Higuera Gómez]. Al siguiente día que fue la desaparición, nosotros acudimos con el Procurador para decirle lo que estaba sucediendo y pues él lo que nos dijo es que no conocía a Édgar, pero son mentiras porque él ahí trabajaba”, aseguró Sandra en una entrevista.
