Especialistas que colaboraron en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción destacan que éste debe poner prioridad la investigación del repunte, inexplicable aún, de las deudas públicas de los estados y, en especial, la de Puebla durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, donde también intervino la consultora Evercore, propiedad de Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda en la administración de Carlos Salinas de Gortari.

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– No pasaron ni seis meses después que dejó el cargo de Subsecretario de Hacienda cuando el economista Fernando Aportela Rodríguez abrió, de acuerdo con la agencia Bloomberg, una consultora privada dedicada “estructurar finanzas de compañías y Gobiernos”.

Es el tipo de servicios que realiza la consultora Evercore, fundada como Protego por el ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, y donde Aportela trabajó hasta diciembre de 2012, cuando entró a la Subsecretaría de Hacienda. Antes, su nombre quedó inscrito en la documentación con la que, una semana antes de que entrara al Gobierno federal, se firmó entre Evercore y el Gobierno de Puebla el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Número 144, que financió diversas obras a cambio de recibir por décadas el Impuesto Sobre Nómina.

Otras deudas “reestructuradas” por la empresa de Aspe fueron las de Chihuahua, durante la administración del priísta César Duarte Jáquez; y de Coahuila, con Humberto Moreira Valdés.

Por eso, considera Oscar Arredondo Pico, investigador de temas de corrupción y políticas públicas y quien participó en el grupo de organizaciones consultadas para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, una de las responsabilidades que debe asumir esta nueva entidad es revisar el papel de las consultoras en la generación de las deudas públicas de los estados, entre las que la de Puebla destaca por la cantidad de pasivos “ocultos” a la Federación.

“Una de las principales tareas que tiene que realizar el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando esté el Comité Coordinador, debe ser el analizar de manera detallada los conflictos de interés relacionados con los grandes problemas del gasto público y que involucran deudas importantes, como el caso de los pasivos que no se revelen a partir de estos esquemas que diseña Evercore.  Es un asunto que no se puede soslayar”, dijo Arredondo.

“Es un hecho que genera tal suspicacia de irregularidades que no puede pasar esta administración con este capítulo de la deuda pública de los estados, como los proyectos multianuales que se financian con los Fideicomisos Evercore, que generan conflictos muy graves, porque la gente de Evercore es la gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y son las personas que llegaron a los estados a modificar las leyes, no sólo a hacer consultoría, sino a modificar el marco normativo para hacer algo irregular, contrario al espíritu tributario de los estados. ¿Por qué tiene que recaudar un fideicomiso privado el dinero de los impuestos para pagar obras que no son prioridad, como el Museo Barroco de Puebla, que bajo este esquema cuesta 20 mil millones de pesos y que no son prioridades?”, agregó el ex investigador de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La deuda pública del estado de Puebla y la participación de la consultora Evercore son objeto de escrutinio para diferentes investigadores académicos desde que, en 2012, se aprobara el Fideicomiso 144, que, para financiar diversas obras, recibirá por años el dinero que se recaude por Impuesto Sobre Nómina.

“Estas operaciones, que en ocasiones se concentran en fideicomisos ‘privados’, representan una caja negra: no se pueden auditar, no hay escrutinio público, y sus magnitudes pueden ser enormes”, advirtió el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY) en diciembre pasado.

“En este caso está el Fideicomiso F/0144 de Puebla [cuyo fiduciario es Evercore aunque no se menciona en su página web]. Éste, aunque clama ser de índole privada, se alimenta de los impuestos a la nómina… que son estatales”, agregó el centro.

Por las relaciones entre el personal de Evercore con funcionarios de la SCHP, el abogado Rodrigo Díez Gargari, quien investiga el tema de las deudas públicas, solicitó a Hacienda “la lista de todos los proyectos de financiamiento, refinanciamiento o reestructura de la deuda estatal en la que haya participado” tanto Aportela, como la jefa de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas, Marcela Andrade Martínez, y el hoy titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, todos ex empleados de Evercore.

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Conocer en qué casos de endeudamiento de las entidades federativas participaron desde el ámbito privado, comentó Díez en entrevista de noviembre pasado, permitiría saber si una vez como servidores públicos enfrentaron o, como en el caso de Andrade, aún podrían enfrentar, potenciales conflictos de interés al participar en los “rescates” financieros de los mismos estados.

Hacienda, sin embargo, le respondió al peticionario no haber encontrado información en sus archivos sobre estas relaciones y, también, que eran datos anteriores al periodo en el que los mencionados habían asumido el servicio público.

Y, sobre Evercore, la SHCP respondió que “los ordenamientos legales que regulan la inscripción de las obligaciones de los estados en Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios (…) no establecen como requisito presentar a esta Unidad Administrativa la documentación relativa a quiénes son los asesores que participan en los proyectos de financiamiento, refinamiento o reestructura de la deuda estatal”.

CONFLICTO DE INTERES Y SNA

El tránsito de la esfera pública a la privada es una práctica frecuente entre funcionarios de alto nivel del Gobierno mexicano. El ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien como mandatario del país concretó en 1998 la venta de Ferrocarriles Nacionales a Grupo México y a la estadounidense Union Pacific, en 2001 –apenas dos meses después de dejar el cargo de Jefe Ejecutivo federal– entró al consejo de administración de esta última.

Georgina Kessel Martínez, titular de la Secretaría de Energía (Sener) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, entró al Consejo de Administración de la empresa Iberdrola en 2013, meses después de haber concluido su labor en el Gobierno que le otorgó diversos contratos a la firma española.

La Reforma Energética, además, expuso el interés que muchos ex servidores públicos tienen, desde la iniciativa privada, en los nuevos negocios derivados de la apertura del sector, como el ex Presidente Vicente Fox Quesada, quien entró en el consejo de Energy and Infraestructure México (EIM); o Aspe Armella, quien con la inversión de Evercore en Diavaz ganó en 2015 un contrato para explotar un campo petrolero terrestre en Chiapas y otro en Tamaulipas.

“Es la forma en la que los intereses económicos y privados capturan diferentes responsabilidades regulatorias, a través de sus influencias, y terminan controlando temas de políticas publicas”, dijo en entrevista anterior el investigador de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), Benjamín Cokelet.

Para Arredondo, la participación de Evercore en la generación de las deudas públicas de diferentes estados se agrava debido a que se modificaron los marcos legales locales para que, como en el caso de Puebla, se cambiara el nombre de deuda por el de “proyectos de prestación de servicios”.

En agosto pasado, la Auditoría Superior de la Federación encontró que, además de los 8 mil 608 millones de pesos que el Gobierno del panista Rafael Moreno Valle había registrado ante la Secretaría de Hacienda, en las cuentas públicas presentadas ante el Congreso había otros 16 mil 46 millones en pasivos.

“Evidentemente debería atenderse (por el SNA); es un momento en el que los grupos de poder logran reconfigurar las reglas para generar beneficios no sólo en el presente, sino también en el futuro”, dijo Arredondo en la entrevista.

“Es lo más grave del conflicto de interés, porque el dueño de Evercore es cercano al Gobierno actual y llega a cualquier estado, y dice: ‘te ofrezco este esquema y lo vamos a aplicar de tal forma que los impuestos de nómina los recibe un banco particular’. Verdaderamente, en cualquier sistema jurídico donde se priorice la lógica jurídica y la legalidad, esto no ocurriría. Pero lo que sucede es que las relaciones son muy cercanas”, agregó el especialista.

El consultor insistió en que una de las ventajas del nuevo SNA debe ser el análisis de casos que presenten indicios de generar problemas de conflicto de interés –y de todo tipo de probables hechos de corrupción– y la generación de políticas públicas para atender conductas que no estén tipificadas.

“Tenemos que plantearnos otros mecanismos de lucha contra la corrupción, considerando que no sólo se presenta el acto ilegal, que está sancionado y tipificado, sino también ese acto legal que se da en contubernio con otras personas en control institucional y que modifican las condiciones en su favor”, dijo.

“Quienes salen favorecidos no responden a las prioridades del país, ni las mejores condiciones de la economía: responden a negocios muy bien maquinados”, agregó.

El conflicto de intereses quedó incluido en la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que recogió la iniciativa ciudadana denominada “3de3” y que, entre otras novedades, obliga a los servidores públicos a presentar sus declaración de intereses, amplía el concepto de “información privilegiada” y extiende su alcance hasta los particulares.

“Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento”, dice el artículo 55 de la nueva Ley General, que entrará en vigor el próximo 19 de julio.

“Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público”, agrega el Artículo 56.

El artículo 72, por su parte, plantea que “será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado”.

También, explica Enrique Cárdenas Sánchez, director del CEEY, la nueva Ley establece por primera vez los términos de lo que esta situación puede considerarse delito y, en la fracción VI del artículo Terceo, define el conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

En el también nuevo Código Penal Federal, agrega Cárdenas, se establece además que cometerá el delito de ejercicio abusivo de funciones quien, entre otras modalidades, “valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción (familiares y socios)”.

Las modificaciones, sin embargo, considera el abogado David Guzmán Palma, son insuficientes debido a que consideran que los eventuales beneficios de un conflicto de interés –o de cualquier acto de corrupción- se concretan únicamente a través de beneficios económicos, sin considerar otras ventajas del poder político.

“No es suficiente, desde nuestra óptica, porque el nuevo Sistema Anticorrupción prohíbe aspectos de beneficios económicos, concibe las consecuencias de la corrupción como beneficios económicos, pero no como medio de obtención de poder o de toma de decisiones”, dice Guzmán Palma, coordinador académico del curso dedicado al SNA en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La corrupción va relacionada con tres aspectos: toma de decisiones, beneficios económicos y con tratar de simular la legalidad de un marco jurídico. Es decir, la corrupción siempre trata de decir ‘estoy legitimado porque cumplí con la ley’, que es muy diferente a decir ‘tengo legitimación social’. El SNA dice solamente ‘analizaremos donde haya evidencias tangibles de beneficios económicos para el servidor y sus familiares’, pero no se mete en los casos de los beneficios que el poder otorga”, agrega.

Oscar Arredondo Pico, investigador de temas de corrupción y políticas públicas y quien participó en el grupo de organizaciones consultadas para la creación del SNA, expuso que más que el diseño de la Ley, donde éste enfrenta problemas en es la implementación, retrasada ya más por cuatro meses.

La discusión del nombramiento del Fiscal Especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción, por ejemplo, dijo, debía haber iniciado desde noviembre pasado en el Senado, pero luego de tres aplazamientos sigue pendiente, deteniendo la integración final del SNA.

“El sistema va muy mal, estamos prácticamente a finales de marzo y no tenemos un Fiscal Anticorrupción”, afirmó el especialista.

“El punto es que no tenemos un Comité Coordinador integrado, y mientras no esté el Fiscal Especial no terminará de integrarse y, por tanto, no podrán generarse las políticas públicas que se requieran para evitar el conflicto de interés, prevenirlo y detectarlo (…) El hecho de que no este creado el Comité Coordinador y que no esté en funciones la Ley General de Responsabilidades Administrativas nulifica el espíritu de la Reforma Anticorrupción, que sí trata de regular de mejor forma el conflicto de interés, pero el problema es de implementación de las normas”, agregó Arredondo Pico.