En México no es suficiente ser víctima de un delito. Pero especialistas y familiares de desaparecidos y asesinados coinciden en que, en sus casos, después de la tragedia sigue un calvario y la calma no llega. En el proceso de búsqueda de sus familiares, los padres y madres también se convierten en víctimas, pero ahora en manos de las autoridades y también, en algunas ocasiones, por parte de los criminales, ya sean caciques locales, políticos o grupos del crimen organizado. Muchos de estos personajes que han tratado de hacer justicia por su cuenta se vuelven activistas pero, por el sólo hecho de investigar y exigir justicia, también han encontrado la muerte. Se ha vuelto”un patrón de impunidad”, denuncia el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson. 

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– El 12 de febrero de 2012 se empezó a escribir su historia: su hijo Édgar García Hernández, de 25 años, fue privado de su libertad. Lo sacaron de su casa en la colonia Progreso, en Culiacán, Sinaloa y desde ese momento, Sandra Luz Hernández lo buscó desesperada hasta el 12 de mayo de 2014, cuando fue asesinada con 15 balazos.

Ese día, cuando terminó su búsqueda, quedó tendida, inerte en una calle de esa ciudad que recorrió clamando justicia. Quedó vestida con una camisa rosa y un pantalón café, con los brazos extendidos, mirando hacia el cielo. La rodeó la gente, los peritos, los curiosos, los incrédulos, los que la conocían y los que no, y ahí permaneció estática, sin vida, hasta que se la llevaron.

Pero ahí no terminó su historia. El corazón de Sandra Luz, la madre, dejó de sufrir. Taciturna, muda, con los labios sellados para siempre a punta de balazos, pero la imagen de la víctima siguió en la boca de aquellos que se encargaron de revictimizarla una, dos, tres, cuatro, tantas veces quisieron.

Ni muerta dejó de ser víctima de Marco Antonio Higuera López, Procurador General de Justicia del Estado (PGJE) Sinaloa, quien se encargó de restregárselo a su memoria, pues en una entrevista radiofónica ofreció la primera exclusiva sobre sus hallazgos: el presunto asesino de la activista, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, implicó a Sandra y a su hijo desaparecido, Édgar, en el secuestro y homicidio de una persona en 2012.

La revictimizó, violó el debido proceso, la exhibió, lo dicen los defensores de derechos humanos de todos los niveles:

“No es válida la criminalización de las víctimas. Nosotros haremos una revisión pormenorizada de la averiguación previa y exigiremos pruebas científicas recabadas por la autoridad, una investigación seria, científica, pormenorizada”, dice Julio Hernández Barros, comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“El caso de Sandra es un ejemplo paradigmático, como lo es el de Marisela Escobedo y el del señor Nepomuceno, que justo por buscar justicia han caído abatidos por las balas. Digamos que a las violaciones originales de derechos humanos se van sumando violaciones conexas que se van generando en su camino de búsqueda de justicia. Tenemos instituciones vacías que no responden a las víctimas y cuando no hay respuestas, se generan procesos de inseguridad, como estos casos que hemos tenido”, dice Mario Patrón, subdirector del Centro de Derechos Humano Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

En el caso de Sandra Luz se viola el debido proceso al ventilar en los medios de comunicación las declaraciones del declarado culpable de su muerte, dice Amnistía Internacional.

“Nos parece que se está haciendo, el Estado en general, de manera irresponsable salir a dar explicaciones a la ligera y salir a dar explicaciones de una manera tan rápida sin que se abra una investigación adecuada”, explica Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

Perseo Quiroz cuestiona a la Fiscalía estatal, pues presentó como pruebas contundentes las declaraciones de Jesús Fernando Valenzuela y solicita al gobierno de Mario López Valdez realizar las investigaciones correspondientes que den credibilidad a cada una de las declaraciones que se hicieron por parte de la Fiscalía de Sinaloa, puesto a que de lo contrario, se mostrará omisión e incapacidad del manejo de la autoridad.

El defensor de derechos humanos resalta que el actuar del Procurador del Estado de Sinaloa, puede desencadenar fallas al debido proceso, como presentar la declaración ministerial del presunto culpable a los medios, sin que éste fuera consignado ante un juez.

Pero Sandra Luz siempre se quejó de la falta de pericia y resultados de la autoridad. De hecho, el día que fue asesinada, dejó de investigar por su cuenta: siguió una pista falsa, pues las autoridades encargadas de investigar la desaparición de su hijo, nunca le dieron resultados.

De acuerdo con testimonios recabados por el diario Noroeste, el domingo 11 de mayo una persona se acercó a Sandra cuando se encontraba en un centro comercial y le dijo que conocía a alguien que podía decirle dónde se encontraba Édgar.

La mañana del 12 de mayo, el día que la asesinaron, sostuvo una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y, al salir, se dirigió al Ayuntamiento de Culiacán donde estuvo unos minutos con los pepenadores que mantienen una huelga de hambre.

Entonces recibió la llamada que le indicó dónde sería el encuentro con el supuesto informante. Le reunión era en un punto de la Colonia Benito Juárez.

Junto a una compañera activista abordó un camión urbano. Llegó a la colonia y caminó por la calle Constitución, esquina con 20 de Septiembre, junto con su acompañante. A las cuatro de la tarde un hombre le vació una pistola en la cabeza.

Según Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2005 a la fecha se reconocen 24 mil 800 personas desaparecidas en la República Mexicana. De acuerdo con activistas, lo sucedido a Sandra Luz es un patrón que se aplica a los familiares de los desaparecidos en México y en general a las víctimas.

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El 29 de noviembre de 2011, un día después de que Nepomuceno Moreno Núñez, un padre sonorense que fue acribillado en plena luz del día en una céntrica avenida de Hermosillo por buscar a su hijo desaparecido desde el 1 de julio de 2010, un grupo activistas descendían de un avión en el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García, cuando cuatro hombres se acercaron a ellos antes de que llegaran a la terminal.

“Estábamos bajando del avión en Sonora y cuatro tipos nos abordaron y nos dieron que iban de parte del Gobierno del Estado para decirnos que Nepumuceno ‘no era la blanca paloma’ que nosotros pensábamos, que había estado preso en Estados Unidos por postración de un arma. Nosotros les dijimos que nosotros de cualquier forma seguiríamos el caso y nos dijeron, ‘nosotros ya cumplimos con avisarles’, luego todo el tiempo que estuvimos en el velorio, había ‘halcones’, nos tomaban fotografías y nomás esperábamos el momento que nos saltaran a la yugular”, dice Valentina Peralta Puga, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

Valentina asegura que uno de esos cuatro hombres es ahora “un funcionario del más alto nivel de la Procuraduría actual [Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora]”.

Como en el caso de Sandra Luz, Nepomuceno fue revictimizado una y otra vez durante un año entero, hasta que fue asesinado para callarle la boca, dice Valentina.

El padre de Jorge Mario, un muchacho de 17 años desaparecido junto con otros jóvenes, sabía demasiado, pues a raíz de que las autoridades de Sonora demostraron nulos resultados, empezó a investigar por su cuenta y realizó varios hallazgos, entre ellos, reconocer a las personas involucradas.

Una semana antes de que lo asesinaran, Nepomuceno Moreno estuvo en las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el Distrito Federal, reconociendo a uno de los implicados, localizado gracias a sus investigaciones.

“Ninguna familia quiere ser atendida en sus estados, porque la convicción que tenemos de que la policía estatal, municipal, está coludida con los grupos que operan en esos lugares. Cuando sucede el hecho, se levanta una denuncia y los delincuentes de la zona son los primeros que saben”, dice Valentina.

Peralta Puga fue una de las activistas más cercanas a Nepomuceno y fue ella, quien tuvo la oportunidad  de advertirle que no regresara a Sonora.

“Uno de los que lo había amenazado en su casa estaba detenido aquí y le pedí que no se regresara, porque esos cabrones lo iban a matar, pero el insistió porque allá estaba su familia y nosotros nos confiamos, hacía un mes que le había entregado en las manos a Felipe Calderón [Hinojosa, ex Presidente de la República], el expediente de su hijo”, recuerda.

Nepomuceno luchó durante más de un año por encontrar a Jorge Mario, su muchacho, y nunca se dio por vencido.

Pero en lugar de justicia, encontró las balas que le arrebataron la vida el 28 de noviembre de 2011 y el resto de su familia, el exilio, pues viven errantes, no tienen un domicilio estable y están fuera del país, porque tienen miedo de regresar a México, en especial a Sonora por temor a sufrir una agresión.

Nepomuceno narra en un video que circula en la red social YouTube, lo que ocurrió aquel primero de julio de 2010, cuando Jorge Mario viajaba a de Hermosillo a Ciudad Obregón cuando fue detenido en un retén y privado de su libertad junto con otros jóvenes que le acompañaban.

“Fue entre el área de Obregón y Guaymas. Ahí las autoridades y delincuentes los persiguieron, los balacearon y se salieron de la carretera. Ahí en un Oxxo entró a meterle saldo a su teléfono y fue cuando nos enteramos. Me habló a las siete pasaditas, yo le dije que no se saliera del Oxxo para que no lo fueran a encontrar, pero me dijo ‘ahí vienen por mí’, era demasiado tarde; entraron los policías y delincuentes y con pistola en mano llegaron y lo sacaron”, dice.

El padre continúa: “No hallábamos qué hacer, si correr, pero a dónde íbamos a correr si estábamos en Hermosillo nosotros y pues yo empecé a buscarlo. Toda la familia, le marcábamos al teléfono y le contestaron a mi hija los delincuentes. Y le dijeron ‘aquí los que hacemos las preguntas somos nosotros, somos policías municipales’, después a mí me dijeron que eran policías del Estado. Me dicen que querían 30 mil pesos, ‘somos tres danos 30 mil y te lo regresamos’, yo reuní el dinero”.

Pero aunque Nepomuceno estaba dispuesto a pagar la suma, jamás volvió a ver a su hijo, sólo logró escucharlo por última vez:

“¿Cómo estás hijo?, ¿cómo te va?, que gusto hablar contigo, aquí la familia estamos muy preocupados por ti”, le dijo.

“Estoy bien apá, estoy bien, dile a mi amá que no se mortifique, más al rato allá les caigo en Hermosillo”, contestó el muchacho.

Esa fue la última vez que el padre y el hijo hablaron. Después vino la búsqueda y la desesperación y luego, la muerte.

Después Nepomuceno fue amenazado de muerte y Abel Murrieta Gutiérrez, el entonces Procurador de Justicia de Sonora –hoy Diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad–, lo supo.

Según un documento que el Movimiento por la Paz entregó al Tribunal Permanente de los Pueblos, el padre al no encontrar eco en las autoridades, denunció ante los medios de comunicación el caso de su hijo desaparecido.

Días después tres hombres armados se presentaron en su casa y le dijeron: “mire vine a decirle de parte del jefe que lo de su hijo fue un error, pero ya no se puede hacer nada, estamos en guerra y en todas las guerras hay muertos, ni modo le tocó a él, nomás le digo que le baje de huevos porque si sigue haciendo ruido, se lo va a cargar la chingada”.

Movimiento por la Paz dice contar con un video donde Nepomuceno declara que días después fue recibido por Murrieta, quien le enseñó unas fotografías y le dijo: “sabemos que este grupo se llevó a su hijo, pero son muy peligrosos, están armados y yo no puedo exponer a mis policías, porque en cuanto les diga que tienen que ir por ellos van a renunciar, ellos también tienen miedo”.

Nepomuceno reconoció en las fotografías que le enseñó Murrieta, al hombre que lo amenazó.

Se retiró e inició una investigación por su cuenta y –según Movimiento por la Paz–, el activista encontró información valiosa y comprometedora.

Entre esa información, el padre desesperado identificó el número telefónico del que llamaron al celular de su hijo cuando el muchacho estaba secuestrado: era de las oficinas de la PGJE de Sonora.

Entonces empezó una lucha a nivel nacional. Nepomuceno viajó al Distrito Federal e interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se abrió un expediente por secuestro.

Buscó al Movimiento por la Paz de Javier Sicilia, se unió a las marchas y en 14 de octubre de 2011, un mes y medio antes de ser asesinado, le entregó en sus manos Felipe Calderón Hinojosa el expediente de su hijo.

En un video el activista llora por Jorge Mario y dice que desea que ninguna persona, sufra lo que él y su familia:

“Yo no quisiera que volviera a pasar jamás esto, a ninguna persona, como lo hemos pasado nosotros. Hemos sufrido mi familia, no quisiera que pasara esto, le dijo a la gente que los cuiden. Hay que unirnos, esta es una cosa que no va a parar. Le digo a mi familia que no se desespere, que me comprenda, pronto va haber un resultado ya, que le hace que me quede en el camino, hay que seguir adelante”.

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El 3 de mayo de 2010, Marisela Escobedo se dobló de dolor cuando la juez.

Catalina Ochoa Contreras dijo las siguientes palabras: “El Tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público”.

Barraza Bocanegra era absuelto del asesinato de la hija de Marisela, la menor Marisol Frayre Escobedo, de 16 años.

Al hombre confeso no se le encontró evidencia de ser el autor del crimen, a pesar de que el 19 de junio de 2009, llevó a las autoridades al lugar donde dejó el cadáver calcinado de Marisol un año atrás, después de asesinarla.

Aunque los jueces lo liberaron, una apelación hizo posible culparlo pero Barraza Bocanegra escapó de la justicia una vez más y se unió a un grupo delictivo.

El 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo fue asesinada a las afueras de Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando colocaba unos carteles exigiendo justicia para su hija.

Tenía dos semanas llegando y retirándose del lugar a la misma hora y el día que la mataron de varios balazos en la cabeza, concluyó una historia de lucha de más de dos años.

Una cadena de omisiones y de impunidad dice Gustavo de la Rosa Hickerson,visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“En el caso de Rubí hay grandes errores por parte de las autoridades. Este hombre que mató a Rubí fue y le dijo a su padrastro que la había matado, le pidió la Van para ir a tirar el cadáver, el padrastro le prestó la Van, pero le llamó a la policía. Cuando el asesino regresa de tirar el cadáver de Rubí a su casa, ahí estaba el policía, el padrastro le dice ‘aquí está’ y el policía le dice ‘vamos a la casa donde la mataste’, el policía llega a la casa y encuentra una casa ordenada, no se ve sangre, la cama un poco destendida, no ve una escena del crimen, lo llevan al jurídico y este tipo se da cuenta de que puede quedar impune y ya no quiere declarar. El reporte del policía fue que no hay escena del crimen, no hay nada”, dice.

Después, explica el activista, el jurídico detiene a Barraza 36 horas en espera de que alguien presentara una denuncia por la desaparición de la joven Rubí y como nadie se presenta en ese lapso, lo liberan.

A partir de ahí se desató una cadena de omisiones que llevaron a que el crimen de Rubí quedara impune y a que su madre, Marisela Escobedo, se convirtiera en víctima una y otra vez, después en el blanco y por último en que fuera asesinada en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, frente a los poderes del Estado.

Gustavo de la Rosa explica que contrario a lo que se piensa, los jueces que liberaron a Bocanegra hicieron lo correcto, debido a que el error principal, que dejó sin evidencia al caso, lo cometió el policía durante el primer contacto y después el jurídico, al no buscar a Rubí durante aquellas primeras 36 horas.

“Corren a los jueces, ahí tenemos otro error de la autoridad: el MP y el gobierno del estado, debieron haber asumido, ser claros que en el caso no había evidencias para condenarlo y decirlo ‘no había pruebas’, fue error, es posible de que fuese culpable, pero en lugar de que el Estado asumiera su responsabilidad, otra vez tenemos un Estado que hace toda una manipulación”, dice el activista.

El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez explica cómo el Estado y todos los encargados de proveer justicia y seguridad a Marisela Escobedo, la dejaron sola.

Las autoridades municipales, el Gobernador, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el Procurador y hasta los guardias de la puerta de Palacio de Gobierno, fueron irresponsables.

“Era obvio que estaba en riesgo. El hombre [Barraza Bocanegra] estaba trabajando con Los Zetas, se estaba enfrentando a un cártel y era obvio que ella estaba en riesgo. Duró varios días afuera del Palacio de Gobierno; empezaba en la mañana y terminaba a las siete de la tarde y no hubo ninguna autoridad que dijera ‘esta mujer hay que cuidarla’. Hay una mujer sola, reclamando que metan a la cárcel al miembro de un cártel, no la protegen. La policía municipal tiene ahí un evento de alto riesgo y los guardias del Palacio de Gobierno que están en la puerta no tienen la mínima precaución de esperar a que se vaya para cerrar la puerta”, narra Gustavo de la Rosa.

Cuatro minutos después de que la puerta de Palacio de Gobierno se cerró, un hombre se acercó a Marisela Escobedo y aunque ella intentó huir hacia el edificio, encontró la puerta cerrada y varios impactos de bala que la asesinaron.

“Son omisiones criminales. La vida de los defensores de derechos humanos no interesa. Los defensores somos para las autoridades, incluida las CNDH y la estatal, una garrapata en la oreja, que no los deja disfrutar de los placeres del poder y cuando pueden ver que nos pueden matar, nos natal. Las madres de las desaparecidas son una molestia  para el gobierno de Chihuahua, porque exigir justicia es molestar a las autoridades”, dice.

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María Elena Salazar Zamora escucha en las noticias que asesinaron a la madre de un desaparecido en Culiacán, Sinaloa, y se pone a llorar.

Como Sandra Luz Hernández, la mujer busca a su hijo Hugo Marcelino González desde el 20 de julio de 2009, cuando desapareció en Torreón, Coahuila, y cuando se empezó a escribir su historia.

María Elena, como Sandra, encontró en el andar omisiones e impunidad: fue víctima por segunda ocasión cuando ella y su esposo se presentaron en la agencia del Ministerio Público para levantar el acta por la desaparición de su hijo, pero debieron esperar 72 horas, porque el agente no quiso tomar la denuncia, hasta descartar que el muchacho “no se fue de parranda por ahí”.

Luego fue víctima por tercera ocasión cuando las autoridades le dijeron: “Señora hubo un daño colateral y su hijo estuvo en el lugar equivocado, con las personas equivocadas”.

María Elena perdió su trabajo por estar vigilante del proceso de investigación de la desaparición de Hugo. La oficina del Ministerio Público se convirtió en un lugar común para ella, y hoy se sabe vulnerable, debido a que las mamás que buscan a sus hijos en México se encuentran en un riesgo contante por la corrupción de las instituciones mexicanas.

“Al ver esta noticia nos paralizamos [el asesinato de Sandra Luz], nos da miedo pensar solamente que estamos en esta situación, pero nosotros sabemos al gran monstruo al que nos estamos enfrentando: la corrupción y el poder. Como madre, nada te puede pasar, he caminado por las calles, aquí estoy, no sé quién me pueda detener, ya estamos muertas y es tanto nuestro dolor que no nos importa que nos deje de latir el corazón, porque ya estamos muertas”, afirma.

Julio Hernández Barros, comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, explica que la revictimización se da, cuando una víctima vuelve a sufrir debido a que el Estado la somete a una experiencia dolorosa.

“Lo primero se da cuando se reporta la desaparición, pues algunas autoridades siguen con la equivocada idea de que tienen que esperar 72 horas para abrir una averiguación previa y resulta altamente grave que te hagan esperar ese tiempo. Luego se empieza a criminalizar al familiar desparecido bajo el argumento de que desapareció porque está coludido en algún delito, que tiene que ver con el crimen organizado, empiezan hablar del honor del familiar sin que tengan ninguna base, esto lo hacen para minimizar la ineficacia”, comenta.

El experto detalla: “luego obligan a la víctima ha realizar el mismo relato pormenorizado a todas las autoridades. Va a los servicios de peritos y a psicología y declara lo mismo, una y otra vez, porque no hay coordinación entre autoridades y finamente lo que ocurre es que la víctima tiene que estar recordando y recordando […] luego la víctima ve que no están trabando [la autoridad], no investigan, no van a los lugares a donde tiene que ir y no integran una averiguación exitosa, todo esto redunda en una doble, triple revictimización”.

Para Gustavo de la Rosa Hickerson,visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, Chihuahua, en México hay un patrón similar al de Sandra Luz Hernández, Marisela Escobedo y Nepomuceno Moreno.

“Mira el término revictimización no me convence, porque buscan definir hechos muy diversos: lo que veo es un patrón de impunidad; frente al delincuente, omisión; frente al cumplimiento de sus responsabilices, irresponsabilidad; falta de respeto para las víctimas; patrones de desprecio por los muertos y una actitud de indolencia general frente a la tragedia humana”, dice.

El activista explica de esta forma, como una víctima que sufre una tragedia, es obligada a sufrir una y otra vez, gracias a “esas cinco conductas crónicas de la autoridad mexicana”.

Mario Patrón, del Centro Prodh, explica que el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas, pero no en la práctica, no sucede así.

Al contrario, cuando las víctimas acuden a solicitar justicia, se encuentran con instituciones que ponen en duda su palabra, las estigmatizan y hasta que ponen en riesgo su seguridad.

“El Centro Prodh lleva cinco casos de justicia de la guerra sucia, donde han pasado más de 30 años y los familiares de personas desaparecidas o ejecutadas siguen en procesos de búsqueda de justicia, es una revictimización generacional”, dice.

Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, dice que en México no es sencillo ser víctima.

“Los ministerios públicos no entienden la diferencia entre un interrogatorio o una entrevista, muchos te tratan como si fueras el culpable, todo nuestro proceso, nuestra cadena de justicia está puesta para ponerle muchas trabajas a las víctimas”, dice.

Pero Valentina Peralta Puga, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), resume el hecho de ser víctima en México en un “si eres víctima prepárate”.

“En México ser parte de la bola ya  te llevó el carajo, si de pilón alguien de tu familia es víctima, eres señalado; si eres alguien como las personas que acompañamos, cualquier voz de la sociedad civil que señale a los grupos de poder ilegales y legales, seremos los malos. Tienen muchas maneras de callar a los familiares de las víctimas ‘los amedrento, los pulverizo, los compro, te orillo a que entres en una depresión, te consumo’ y te siguen chingando”.