Lima, 27 may (dpa) – Más de 3 mil niños y adolescentes fueron violados en el Perú en los últimos 16 meses, según un reporte del Ministerio de la Mujer publicado hoy.
La mayor cantidad de menores abusados se sitúa entre los 12 y 17 años, que en 2014 constituyó el 46 por ciento de todos los casos.
“Un aspecto de este problema, que sin duda continúa pendiente, es la atención de la salud mental de la víctimas y del victimario. Se requiere contar con programas de atención especializados para abordar los efectos que tiene la violación sexual”, señala el reporte.
El Ministerio precisa que es vital trabajar en la construcción de masculinidades, ya que en el Perú los estereotipos masculinos son violentos y refuerzan el machismo, con lo que aumentan los riesgos de las mujeres debido a que están desprotegidas incluso dentro de sus hogares.
Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron que desde 2014 hasta abril de 2015 hubo casi 8 mil casos de violencia sexual.
En la víspera, la Comisión de Justicia del Congreso rechazó con cinco votos contra uno un proyecto de ley que despenalizaba el aborto en embarazos por violación. La decisión estaba prevista debido a la amplia mayoría conservadora del grupo, que incluye a personas vinculadas a iglesias.
La despenalización es defendida por distintas organizaciones, que argumentan que un embarazo no deseado y producto de la violencia es un castigo extra para las víctimas de violación. Además, señalan que muchas de las mujeres afectadas son niñas y adolescentes, lo que genera problemas médicos y psicológicos adicionales.
En un sondeo de la encuestadora Ipsos difundido hoy, el 52 por ciento de la población de Lima aprueba la despenalización en casos de violación.
En el Perú solo está despenalizado el aborto en caso de peligro de la vida de la madre, pero aún así muchos médicos se resisten a practicarlo, según especialistas, por las presiones que ejercen las iglesias cristianas, especialmente la católica.
Los estudios indican que en el país se producen más de 3 mil abortos clandestinos por año, es decir que por cada 100 gestantes abortan cinco mujeres. Los porcentajes se agravan en zonas rurales, donde la gran mayoría (65 por ciento) recurre a personal no calificado.
