La guerra contra el narcotráfico, que fue iniciada en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y continuada por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha desatado una crisis de violencia que parece no tener fin.
El presidente Calderón decidió emplear a las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles de la droga y en tareas de seguridad del fuero común cuando las tasas de homicidios no habían activado las alarmas.
Peña Nieto intentó desmarcarse de esta estrategia al principio de su mandato aunque jamás retiró a los militares de las calles y muy pronto se repitió el esquema de Calderón.
Por Juan Manuel Ramírez G.
México, 27 de junio (EFE).- México celebrará el 1 de julio elecciones en una de las épocas más violentas de su historia, con más de 200 mil asesinatos y 35 mil desaparecidos en los últimos doce años, en niveles propios de países con conflictos bélicos internos.
El aumento de violencia, que se atribuye al narcotráfico y el crimen organizado, ha generado una percepción casi generalizada en la población de que la impunidad prevalece sobre la justicia.
Entre asesinatos y desapariciones constantes, casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, feminicidios y asesinatos de periodistas y actores políticos del actual proceso electoral, México busca en las urnas una salida para comenzar su recomposición.
La guerra contra el narcotráfico, que fue iniciada en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y continuada por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha desatado una crisis de violencia que parece no tener fin.
El presidente Calderón decidió emplear a las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles de la droga y en tareas de seguridad del fuero común cuando las tasas de homicidios no habían activado las alarmas.
Peña Nieto intentó desmarcarse de esta estrategia al principio de su mandato aunque jamás retiró a los militares de las calles y muy pronto se repitió el esquema de Calderón para combatir la violencia del narcotráfico.
El punto de quiebra del sexenio de Peña Nieto en materia de inseguridad y derechos humanos ocurrió durante el segundo semestre de 2014, con los casos de Tlatlaya y de Ayotzinapa.
El 30 de junio de ese año, en Tlatlaya, Estado de México, 22 presuntos delincuentes murieron tras enfrentarse con militares, ocho de ellos después de ser capturados, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa desaparecieron a manos de la policía del municipio de Iguala, Guerrero, en un caso que alcanzó resonancia mundial.
Ayotzinapa hizo que las miradas del mundo y de organismos de Derechos Humanos se posaran sobre México, debido además a investigaciones cuestionadas.
En el caso de Ayotzinala, las familias rechazan la versión oficial de la Fiscalía de que los policías entregaron a los estudiantes al crimen organizado, que según ese relato los asesinó e incineró en un basurero.
“La gente que vive en México se siente insegura, ya no cree en sus policías ni en sus instituciones”, afirma a Efe Ixchel Cisneros, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
“Simplemente no existe una estrategia de seguridad ni con Peña Nieto, ni la hubo con Felipe Calderón”, añadió Cisneros.
Para un país democrático, y “se dice que México lo es, pero no lo parece”, es “una locura” hablar de 35 mil desaparecidos y más de 200 mil muertos, sostiene.
Cisneros confía en que el próximo presidente de México “cuente con una estrategia integral de seguridad” y tenga como prioridad mejorar las policías, la prevención de la violencia y el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo a Efe que la cifra de muertos y desaparecidos de los últimos 12 años en México son “similares a la (de países) que enfrentan conflictos armados internos; pero en México no tenemos un conflicto armado interno declarado como tal”.
Las estadísticas mexicanas, sostuvo, no tienen comparación y recordó algunas estadísticas de desaparecidos en países como Argentina (unos 22 mil) y Chile (unos mil 200) que vivieron dictaduras militares en los años 70 del siglo pasado.
“No es por establecer una equivalencia entre estos dos tipos de contextos, claramente diferenciados, pero sí es para tener una idea de lo que hoy México enfrenta”, apunta.
Las cifras, señala Aguirre, “no son propias de una democracia, ni de un entorno de normalidad” y como muestra refiere los asesinatos de 115 personas que aspiraban a un cargo público ocurridos en el actual proceso electoral que comenzó el 8 de septiembre de 2017.
“Estamos en una situación que de ninguna manera es normal y que requiere medidas excepcionales y éstas deben pasar también por revisar lo que se ha hecho en los últimos 12 años”, asegura.
En medio de un clima de impunidad que alienta a los delincuentes y desalienta a la ciudadanía, los cuatro candidatos presidenciales apenas si han tocado el tema de seguridad y no han revelado su estrategia para reducirla, indica Aguirre.
“Es posible que en los próximos seis años las cosas no mejoren y al contrario, la situación podrían empeorar”, dijo Cisneros, quien junto con Aguirre espera que la presión ciudadana sea el catalizador que México necesita para exigirle al presidente una rendición de cuentas y que haya juicios por los crímenes del pasado.
