Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- El Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán anuló un permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el 2012 a la empresa Monsanto, que permitía la siembra comercial de soya transgénica en esta entidad.
En el mes de mayo, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) denunciaron al monopolio de Monsanto y a otros corporativos por dañar la salud de los ciudadanos, despojar las semillas naturales del mercado y privatizar territorios de agricultores mexicanos, quienes padecen pérdidas económicas al no poder vender sus cultivos.
De acuerdo con integrantes del movimiento Carnaval del Maíz, conformado por YoSoy 132 Ambiental, Jóvenes Ante la emergencia Nacional y Semilla de Vida, entre otras, Monsanto cuenta con el respaldo del gobierno mexicano para la generación de transgénicos, pese a los efectos nocivos como el cáncer, enfermedades renales y hepáticas, daños en la piel, sobrepeso y diabetes, entre otras, detallaron representantes de las organizaciones.
Monsanto en México y el gobierno federal han promovido en menos de un año al menos 60 impugnaciones, entre ellas 14 amparos, en contra de la medida precautoria decretada por el Poder Judicial para detener la siembra de maíz transgénico en México, denunciaron organizaciones civiles.
Esta sentencia se suma a las que en marzo y abril de este año emitió el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche, quien resolvió dos juicios de amparos presentados por apicultores mayas radicados en Campeche en contra del mismo permiso, en los dos casos se determinó la violación al derecho a la consulta de las comunidades mayas, así como la violación al procedimiento establecido en la propia Ley de Bioseguridad.
La representante de Greenpeace en México, María Colín Olmos; Pablo Duarte Sánchez, representante de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), y José Fernández Mendiburu, del colectivo sin transgénicos MaoGM, informaron en una conferencia de prensa que el permiso ponía en riesgo la producción de miel mexicana en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
“Este permiso abarcaba 253 mil hectáreas para la siembra de soya comercial genéticamente modificada, básicamente con esa decisión lo que el juez sienta como precedente es que se tiene que hacer una consulta previa a las comunidades” indicó la representante de Greenpeace, Colín Olmos.
Asimismo manifestó que las autoridades federales de distrito enviaron un comunicado a la Sagarpa para que acate la resolución de que no haya más siembras de granos transgénicos ni siquiera como prueba piloto.
El 27 de febrero de 2012, las organizaciones Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Miel Integradora S.A. de C.V., la Sociedad de Solidaridad Social “Apícola Maya de Yucatán”, Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE) y Greenpeace demandaron a la Sagarpa y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la inconstitucionalidad que representaba el otorgamiento del permiso para siembra comercial de soya GM.
El Juez que resolvió el amparo a favor de los apicultores mayas reconoció que éstos podrían resultar afectados en sus bienes jurídicos, económicos, laborales y ambientales debido a las consecuencias que pudieran generar en el entorno natural la liberación o el cultivo de soya.
Aceptó como válido el interés legítimo de los indígenas mayas, cuya principal actividad económica tradicional es la apicultura. También desechó los argumentos de las autoridades demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel.
El Juez declaró nulo el dictamen de la Semarnat que avala el permiso otorgado por Sagarpa para siembra de soya transgénica, pues no se tomó en cuenta las opiniones técnicas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que señalaron no ser viable la siembra de soya transgénica.
La autoridad judicial ordenó a la Sagarpa llevar a cabo la consulta pública en las comunidades indígenas de Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimin, ubicadas en el estado de Yucatán, antes de expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial.
La asesora de Litiga OLE, Ximena Ramos señaló que es un hecho muy relevante por tres razones “la primera porque hace valer el principio de multiculturalidad contenido en la Constitución, así como los derechos humanos que implica derecho a la consulta previa del pueblo maya; la segunda porque determina que la consulta previa procede para los casos de posible afectación, esto es, que no se requiere que el daño esté probado; y en tercer lugar, porque reconoce el principio 10 de la Declaración de Río, a saber, que la mejor manera de abordar cuestiones ambientales y socioculturales es garantizando a las comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades responsables a no recurrir la sentencia y cumplir cabalmente por lo ordenado por el juez, puesto que ello supondría un avance en la construcción de la democracia sustancial en el país”.
Con esta resolución el gobierno federal debe garantizar zonas libres de transgénicos en el país “esto [revocación] representa una medida definitiva para proteger el campo mexicano, las comunidades, los productores y a los consumidores de la imposición de soya, maíz o cualquier otro cultivo transgénico en nuestro campo”, puntualizó la representante legal de Greenpeace México.
