Austin (EU), 27 jul (EFE).- Pese a que el Gobierno estadounidense ordenó recientemente poner en libertad a familias de indocumentados recluidas en centros de detención del país, las organizaciones que se encargan de su defensa denunciaron hoy obstáculos y coacciones por parte de los funcionarios migratorios.
“Solicitamos que se nos permita ayudar a las madres a comprender sus derechos y obligaciones para prepararlas y orientarlas en el proceso de liberación”, pidieron hoy en una carta las organizaciones agrupadas bajo el Proyecto CARA, que aspira al cierre de los centros de detención para familias inmigrantes.
Estas organizaciones exhortaron así al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), organismo encargado de gestionar los centros de detención, a que cumpla con la orden de Obama y agilice la liberación de las familias que cumplan con los requisitos.
Su principal denuncia es que “los funcionarios del ICE obligan a las mujeres a ponerse tobilleras localizadoras como condición para ser liberadas”, además de que “les niegan el derecho a la asistencia legal”.
“Las familias no entienden los términos de su liberación”, agregan en la denuncia.
Cristina Parker, coordinadora de proyectos migratorios de la organización Grasroots Leadership, explicó a Efe que “muchas mujeres están siendo liberadas con los localizadores, que son dolorosos, son humillantes y además deshumanizan”.
Según las organizaciones, las mujeres “han sido intimidadas” por el hecho de hablar de los localizadores con sus abogados: “Los funcionarios (del ICE) han ido habitación por habitación buscando los nombres de las madres que denunciaron los problemas de las tobilleras”.
El Gobierno del presidente Barack Obama anunció hace dos semanas el inicio de un proceso de liberación de las familias inmigrantes recluidas en los centros de detención y candidatas a recibir asilo político.
Desde entonces, “centenares” de familias han sido liberadas de los centros de detención que el ICE tiene en Karnes City y Dilley, ambos en la fronteriza Texas, según Grasroots Leadership.
El ICE, por su parte, no ha proporcionado el número exacto de mujeres y niños liberados a raíz de la orden gubernamental.
A este proceso se añade el fallo judicial emitido la semana pasada por una juez federal de California que declaró que la detención de menores y madres indocumentadas viola un acuerdo judicial de 1997 y por tanto, deberían ser liberados de inmediato.
Los centros de Dilley y Karnes City han estado en el ojo del huracán desde que abrieron, hace cerca de un año, por varias denuncias de abusos y malos tratos de guardianes a reclusas.
Las mujeres detenidas provienen en su mayoría de Centroamérica y cruzaron la frontera durante el pasado año fiscal, en una oleada de indocumentados que provocó la decisión del Gobierno estadounidense de reabrir estas instalaciones con el objetivo de disuadir nuevas llegadas.
ORDEN DE LIBERACIÓN DE NIÑOS GENERA INCERTIDUMBRE
La orden de una jueza de California, EU, de liberar a niños inmigrantes deja muchos interrogantes sobre los pasos a seguir y el futuro de los menores, mientras uno de los abogados demandantes asegura que el problema se ha trasladado a la frontera entre México y Guatemala por presión de Estados Unidos.
El fallo no resuelve el problema de los menores que buscan refugio en el país, expresó hoy a Efe Carlos Holguín, abogado del Centro de Derechos Humanos de Los Ángeles, la organización cuya demanda motivó la decisión de la jueza.
“Este es el resultado de la política del Gobierno que comenzó hace un año en respuesta al flujo de menores centroamericanos y sus familias que llegaron a Estados Unidos, especialmente a Texas”, agregó.
La Magistrada Dolly Gee rechazó el viernes pasado los argumentos del Gobierno federal para mantener detenidas a las familias inmigrantes centroamericanas en dos centros en Texas y ordenó que fueran dejadas en libertad.
“Estados Unidos ha trasladado la frontera méxico-estadounidense hasta la frontera de México con Guatemala”, argumentó.
Según el jurista, “bajo presión de Estados Unidos el Gobierno mexicano ya está deteniendo a los refugiados centroamericanos en el estado de Chiapas y rebajando la cantidad de refugiados que logra llegar a Estados Unidos”.
La Magistrada Gee señaló que la detención de estos indocumentados viola el acuerdo jurídico “Flores” de 1997, que desde entonces ha regido el trato legal que deben tener los menores inmigrantes aprehendidos en la frontera.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que revisará la decisión de la jueza “en consulta con el Departamento de Justicia” y que responderá sobre la justificación de los centros de detención en el plazo establecido por Gee, no está claro si apelará el fallo.
Mientras, grupos proinmigrantes señalaron que se abre una importante necesidad de servicios jurídicos para estos menores en caso de que cumplido el plazo de tres meses establecido por la jueza sean liberados.
“Estamos investigando cómo buscar fondos y recursos para poder representar a estas mujeres y niños porque las personas que van a poder salir tienen posibilidades de un caso de asilo”, explicó a Efe Martha Arévalo, directora del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen).
La activista considera que todo el esfuerzo realizado hasta el momento por las organizaciones de derechos humanos para defender a los menores indocumentados considerados como casos de asilo político, puede perderse si no reciben ayuda legal una vez estén libres.
La mayoría de estos menores carece de recursos suficientes para buscar por sí mismos una asesoría legal y las organizaciones que la brindan no cuentan con los recursos suficientes para atenderlos, precisó Arévalo.
Al destacar la grave situación de violencia y de amenazas contra su vida que sufren estos jóvenes en Centroamérica, especialmente por acción de las pandillas, Holguín considera que los menores indocumentados “no tienen otra alternativa que huir de sus países, donde están viviendo una pesadilla increíble”.
“Es una vergüenza nacional e internacional el tratamiento y el maltrato a los refugiados centroamericanos”, concluyó.
Durante el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014), 68 mil 641 menores sin acompañante, en su mayoría procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, cruzaron la frontera de Estados Unidos, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).