Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arrancaron ayer una semana más de manifestaciones en la Ciudad de México. El lunes pasado, mientras una comisión de maestros se reunía con miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, otros se manifestaban frente a las embajadas de Estados Unidos, Francia y España, afectando nuevamente la circulación en el Distrito Federal.
Al mismo tiempo, el Presidente Enrique Peña Nieto, en Morelos, destacaba la importancia de aprobar la Ley del Servicio Profesional Docente –principal tema de controversia con el magisterio disidente– como tercer pilar de la Reforma Educativa.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, condenó durante la inauguración de la reunión plenaria de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) las movilizaciones de los docentes.
“Nadie puede violentar el imperio de la ley ni con chantajes, ni rompiendo acuerdos”, dijo durante su discurso en alusión al magisterio disidente y amagó con aplicar el Estado de Derecho si continuaban las movilizaciones.
“No es advertencia, pero si las protestas y manifestaciones de los maestros disidentes afectan o lastiman a terceros, se aplicará el Estado de derecho”, afirmó.
La semana pasada, la CNTE realizó una serie de manifestaciones en la Ciudad de México para mostrar su rechazo a la Reforma Educativa de Peña Nieto. Los maestros tomaron las sedes del Palacio Legislativo de San Lázaro así como el Senado de la República. También marcharon en diversas avenidas principales del Distrito Federal y bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Sus movilizaciones causaron la inconformidad de cientos de habitantes que se vieron afectados por los maestros. Y esta semana parecen seguir el mismo camino.
EL LLAMADO AL DIÁLOGO
Durante una reunión de líderes de la CNTE con miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, el Senador Miguel Barbosa Huerta calificó de “imposible” que se pueda revisar el contenido de la reforma constitucional en materia educativa y sobre las leyes del Instituto Nacional de Evaluación (INEE) y la General de Educación, pero reconoció que está pendiente la Ley del Servicio Profesional Docente.
Asimismo reiteró que no se darán negociaciones “a partir de chantajes” y extendió el planteamiento del titular del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, para abrir espacios de diálogo y generar condiciones que distendieran la situación originada por las movilizaciones.
Durante su participación en la plenaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el mandatario local se pronunció porque no haya agresiones a la ciudadanía ni se ponga en riesgo a ningún capitalino.
Mancera Espinosa reconoció que es un momento complejo debido a que la Ciudad de México está inmersa en una problemática nacional y tiene que enfrentar muchas de las consecuencias.
Agregó que el trabajo que se hace para buscar una respuesta a los maestros de la CNTE debe estar en la línea del dialogo y la concertación. Asimismo, reiteró su llamado a abonar a esta solución y dijo que en el gobierno capitalino no son partidarios de la represión en ninguna de sus formas, pero “tenemos la obligación de salvaguardar la integridad de los habitantes de esta ciudad y de sus bienes”.
Mancera Espinosa enfatizó que “tampoco somos ajenos ante nuestras responsabilidades”, pero llamó a escuchar todas las voces para poder destensar la situación con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Desde el pasado 1 de diciembre, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció un esbozo de lo que sería su propuesta de Reforma Educativa, los maestros disidentes comenzaron una movilización en todo el territorio mexicano, principalmente en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, para manifestar su rechazo a la propuesta presidencial que contemplaba tres grandes ejes:
- El Servicio Profesional Docente que contempla que el acceso al sistema público, los ascensos y la permanencia de los maestros esté sólo vinculada a procedimientos.En el caso de promociones o ascensos, los profesores deben tener un buen desempeño y que su perfil satisfaga los requerimientos del puesto. En el cuanto a los incentivos o reconocimientos, su designación debe responder a la manera en que contribuyen a mejorar el aprendizaje de los niños y deben apoyar al docente en lo individual, y al equipo de maestros en cada escuela.
- Dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para que también tenga facultades para medir componentes, procesos y resultados del sistema nacional desde primaria, hasta el nivel medio superior.También establece que la evaluación no debe estar en “potestad” de alguien y debe tener consecuencias jurídicas, la evaluación tampoco deberá estar sujeta a intereses particulares, no se pactará o diferirá, y por último, la evaluación debe ajustarse a los criterios que fije un órgano autónomo confiable.
- Crear un Sistema de Operación y Gestión Educativa que estaría a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual tendría como primera tarea, levantar un registro del número de escuelas, profesores y estudiantes en el país.
Los cambios a los artículos 3 y 73 de la Constitución, planteados en la Reforma Educativa, ocasionaron el descontento de miles de maestros que motivó las movilizaciones de la semana pasada y la suspensión de clases para más de 2 millones de alumnos de Oaxaca, Michoacán y Chiapas es el establecimiento de un sistema de evaluación.
El martes 13 de agosto, el gobierno federal envió al Congreso la propuesta en la que plantea cambios en las leyes del Servicio Profesional Docente, General de Educación y para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
A pesar del llamado al diálogo, los docentes amenazaron con permanecer en la capital del país y anunciaron una mega marcha para el próximo 1 de septiembre, en el marco del Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.
