Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Un grupo de al menos 40 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) instaron al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CHDH), Raúl Plascencia Villanueva, a interponer una acción de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de la Reforma Energética, pues aseguran que diversos de sus artículos ponen en riesgo los Derechos Humanos como acceso al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.
Ayer, en conferencia de prensa, Francisco Cravioto, del centro de análisis e investigación Fundar, aseguró que “las actividades de extracción de hidrocarburos por métodos no convencionales, como sucede en proyectos que hacen uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking), prevén una larga cadena de violaciones a derechos humanos de poblaciones vecinas a estos proyectos. Destacan, prominentemente, los derechos al acceso al agua, a la salud y a un medio ambiente sano”.
Aunado a ello, precisó, que además el derecho a la propiedad se encuentra en abierta contradicción con la “utilidad pública” que gozan estas actividades.
“Esta figura permite imponer a comunidades, ejidos y terrenos privados la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbres legales sin permitir el acceso a la justicia, asegurar el debido proceso o respetar el principio pro homine establecido en la Constitución”.
Araceli Olivos Portugal, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que “una vez más Raúl Plascencia Villanueva tiene en sus manos la oportunidad histórica de proteger los derechos de los pueblos y comunidades agrarias” que se verán afectados por la extracción de hidrocarburos.
Olivos Portugal detalló que “la acción de inconstitucionalidad es el mecanismo de control para garantizar y proteger los derechos humanos de los pueblos y comunidades agrarias e indígenas, y por eso es tan importante y trascendente que el ombudsman sí haga su trabajo, porque se podrán promover otras acciones jurídicas, pero el alcance es siempre limitado”.
“De lo contrario, una vez más el ombudsman nacional estaría incumpliendo con sus papel de órgano garante de los derechos fundamentales y respondería más a intereses de índole político y no a la agenda técnica de los derechos humanos”, advirtió.
De acuerdo con las ONGs, los impactos de las reformas secundarias pueden provocar daños, menoscabos y prejuicios a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México es parte.
Advirtieron también, que algunos de los derechos fundamentales que podrían violentarse son: el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios, a la no discriminación, al derecho de propiedad, de trabajo, de libertad de expresión, información, participación y acceso a la justicia, al medio ambiente sano y el acceso, saneamiento y disposición de agua así como también a los principios de no regresividad en materia de derechos humanos y al principio pro persona.
Por su parte, Fernando Ríos, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), destacó que en los años recientes la CNDH ha sido incapaz de garantizar y proteger los derechos humanos; sus respuestas han sido tibias, insuficientes, lo que pone en peligro a grandes colectivos.
“Si la CNDH no realiza la acción de inconstitucionalidad con explicaciones fundadas -si es que las hubiera-, estaría en la misma tesitura que los legisladores, que no escucharon a la ciudadanía y que no vieron por los intereses de todas y todos”, advirtió.
Manuel Llano, de Conservación Humana AC (CHAC), señaló que a partir una revisión a las rondas Cero (R0) y Uno (R1), las zonas de influencia que tendrá Pemex y las trasnacionales, se pudo detectar que las entidades con mayores afectaciones de tipo social y ambiental serán Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Campeche, Chiapas y Tabasco.
Asimismo, alertó que se afectarán tres áreas naturales protegidas federales: dos la R0, los Pantanos de Centla, en Tabasco, y la Laguna de Términos, en Campeche, y por la R1, el Parque Nacional Los Novillos en Coahuila, y la misma Laguna de Términos.
