México, 27 Oct. (Notimex).- La dirigente de la Asociación Civil Comerciantes Unidos a la Esperanza en Tlalpan, María de los Ángeles García, acusó a la delegada Maricela Contreras de llevar a cabo una “guerra” contra ellos por presuntamente negarse a pagar una extorsión a funcionarios de esa jurisdicción.
A su vez la demarcación rechazó las acusaciones e informó que al inicio de la actual administración se estableció un ordenamiento urbano y de movilidad vial y la organización tiene un adeudo de aproximadamente 11 millones de pesos en contribuciones al erario público.
De acuerdo con la líder de los comerciantes en vía pública, en una reunión en la oficina de gobierno, Esperanza Morales Galicia, subdirectora de Ordenamiento de Mercados y Vía Pública en Tlalpan, les exigió cinco millones de pesos y un millón más mensuales.
En rueda de prensa, explicó que dichas cantidades eran a cambio de mantener sus espacios de trabajo, por lo que anunció que a partir de este lunes instalarán un plantón en la sede delegacional, e incluso están dispuestos a ponerse en huelga de hambre hasta que se resuelvan sus demandas.
La dirigente de 600 comerciantes en la delegación Tlalpan agregó que sus afiliados tenían sus pagos al corriente hasta diciembre de 2012, sin embargo este año la jurisdicción les informó que no había papelería membretada, por lo que sólo les dieron recibos hechos en hojas blancas, firmadas por Enrique Álvarez, quien dijo que se hace cargo de los recursos en la delegación.
García Grimaldo explicó que esa situación inició con la administración de Contreras Julián, debido a que con anteriores delegados todo se mantuvo en regla.
En este marco descartó el cierre de vialidades en la demarcación como parte de su protesta, debido a que afectarían a terceras personas, toda vez que se encuentran en la zona donde se ubican importantes hospitales de especialidades del país, conocida como Ciudad de la Salud.
En tanto, la delegación Tlalpan indicó en un comunicado que debido a que el comercio en la vía pública creció sin control en la pasada administración, se instruyó a las áreas correspondientes a liberar las banquetas que, sin ningún permiso, estaban ocupadas por puestos fijos y semifijos, en distintas zonas de la jurisdicción.
La demarcación resaltó que de los mil 94 comerciantes identificados dentro de la mencionada asociación, sólo 770 se encuentran dados de alta en el Sistema de Incorporación del Comercio en Vía Pública (Siscovip).
Explicó que de esa cifra, en el primer semestre del año 2013, sólo pagaron 257 comerciantes, es decir que 513 se encuentran en irregularidad en cuanto a sus pagos, situación que implica no obtener ningún derecho para el uso de la vía pública por un monto aproximado de un millón de pesos.
Por ello, sostuvo que las acusaciones de los comerciantes son una reacción sin fundamento a las acciones de reordenamiento de puestos ambulantes, “Grimaldo señala porque se le pide cumpla con la ley y deje de estar en la ilegalidad con una organización”.
