Para el sector privado, las pérdidas económicas por la violencia en el país suman 110 mil millones de pesos, el 0.66 por ciento del PIB. Además, en México se gastan en promedio 55 mil 738 pesos en medidas de protección y pérdidas a causa de la inseguridad.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– Las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 y el estudio Ciudades Competitivas y Sustentables 2015 ponen a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y, en especial, al Distrito Federal y al Estado de México, como los de mayor riesgo en los estragos que genera el aumento de la inseguridad y la violencia, así como en el deterioro del Estado de Derecho.

De acuerdo con el estudio Ciudades Competitivas y Sustentables 2015, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) –específicamente el DF y las ciudades más importantes del Edomex– está en el primer lugar del indicador que mide las pérdidas por inseguridad, y en materia de Estado de Derecho ocupó los últimos lugares debido al alto porcentaje de personas que se sienten inseguras, con 76 por ciento de la población.

“La ZMVM presenta el mejor subíndice competitivo de Innovación y éste es su mayor fortaleza, pues presentó el mayor número de patentes solicitadas (9.5 por cada 100 mil PEA) y tuvo 290 posgrados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt. No obstante lo anterior, en materia de Derecho ocupa el lugar 68 por la baja competencia notarial (3 notarios por cada 100 mil PEA –Personas Económicamente Activas–) y el alto porcentaje de personas que se sienten inseguras (76%)”, plantea.

Este índice fue realizado por Banamex en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Centro Mario Molina (CMM), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit), y con la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y The Latin America Regional Climate Initiative (LARCI).

En ese contexto, el Estado de México y el Distrito Federal fueron los estados con la mayor incidencia delictiva durante 2014, reveló además el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante el año pasado se registraron 83 mil 566 delitos por cada 100 mil habitantes en el Edomex y 59 mil 545 en la Ciudad de México, que sufrió un incremento del crimen de 15 por ciento respecto al año anterior.

Respecto a los costos, los tabuladores “Monto total de erogaciones a consecuencia de la inseguridad” (2011) y “Costos del delito”(2012) de la ENVIPE consideran los gastos en medidas de protección contra la delincuencia, las pérdidas a consecuencia del delitos y los gastos a consecuencia de daños en la salud; de éstos se destaca que el Estado de México y el Distrito Federal son las entidades que más resultan afectadas.

Entre las dos entidades se registró una pérdida económica de 61 mil 824 millones 573 mil 363 pesos, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por la ENVIPE.

En el caso del Estado de México, en términos de percepción sobre seguridad pública, el 90.6 por ciento de la población considera que vivir en su estado es inseguro. La entidad mexiquense se consolidó como el segundo estado con mayores pérdidas por la inseguridad y la violencia, de acuerdo con la encuesta.

Las pérdidas económicas a consecuencia del delito en todo el país son de 226.7 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y a 5 mil 861 pesos por persona afectada, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.

En el caso de las empresas, las pérdidas son por 110 mil millones de pesos, el 0.66 por ciento del PIB, ya que gastan en promedio 55 mil 738 pesos en medidas de protección y pérdidas a causa del delito, reveló además la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2014.

En cuestión de percepción del delito, el 73.2 por ciento de los mexicanos percibe su entidad federativa como insegura, mientras el 58 por ciento de los empresarios consideran que la inseguridad y la delincuencia son los problemas principales que tienen que les está afectando.

INSEGURIDAD EN EL DF

En el Índice de Competitividad Estatal del IMCO ubicó al Distrito Federal como la entidad con el mejor nivel, debido a sus fortalezas económicas. De acuerdo con el estudio, la Ciudad de México fue la entidad con mayor Producto Interno Bruto per cápita, de 247 mil pesos anuales, y mayor salario promedio en el sector formal, ya que es la única entidad con más de 7 mil pesos al mes.

“Fue la economía más diversificada del país y la que presentó el mayor PIB en servicios especializados, incluyendo servicios financieros, profesionales y científicos. Además se colocó como una entidad con alta participación laboral y relativamente escasa dependencia económica”, planteó el informe.

Sin embargo, pese a estas cualidades, el gran reto del Distrito Federal es en materia de Estado de Derecho, pues ubicó en los últimos lugares del Índice de Percepción de seguridad, pérdidas económicas a consecuencia del delitos y cumplimiento de contratos lo que provocó pérdidas por 20 mil 993 millones 924 mil 171 pesos a consecuencia del delito, de acuerdo con el corte del año pasado.

En las últimos días se registraron distintos hechos violentos que evidencian el por qué en esta materia la Ciudad de México muestra rezagos. Se presentaron denuncias de extorsión en el Centro Histórico, se encontró un cuerpo colgado en Iztapalapa y unas horas después un calcinado en la misma Delegación, además de que un hombre fue ejecutado y un comando entró a un restaurante en la colonia Roma Norte para robar a los clientes.

Hace unos días, el presidente de Procentrhico, Guillermo Gazal Jafi, aseguró que al menos siete grupos del crimen organizado operaban en el Centro Histórico y que se dedicaban a extorsionar, robar y matar.

Explicó que durante el último año, 487 establecimientos habían sido extorsionados por las organizaciones que cobran cada mes entre 10 mil y 20 mil pesos, lo que ha representado pérdidas para los empresarios de cerca de mil 186 millones de pesos.

Respecto a este tema, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Enrique Solano Sentíes, dijo que este tipo de delito es un problema “lacerante” que se da especialmente en pequeñas poblaciones que se encuentran en zonas de conflicto.

Por su parte, Hugo Vela Reyna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo a SinEmbargo: “Hasta ahorita yo no tengo reportes de incidencias de baja de ventas por este sentido en la industria restaurantera”, pero expuso que estarán al pendiente por alguna reacción.

“Los gobernantes decían que aquí no había violencia, cuando es un fenómenos que se vive en todo el país. En la ciudad había una especie de tregua, pero ahora esta violencia, sabemos que en muchos casos es el Estado el que la genera para justificar la militarización o elevar las medidas de seguridad para controlar a la población”, planteó Vela Reyna.

El delito más frecuente en el Estado de México, de acuerdo con el sector privado, fue la extorsión, seguido del robo o asalto a mercancía, dinero, insumo o bienes. Las pérdidas económicas, según el reporte ENVE 2014, fueron de 16 mil 733 millones 587 mil 968 pesos aproximadamente.

Para Juan Pardinas, director general del IMCO, hay dos tipos de extorsión: la que es meramente un fenómeno criminal y la que es ejercida por la autoridad.

COSTOS DE VIOLENCIA… Y CORRUPCIÓN

El informe “Peace and Corruption 2015”, dado a conocer recientemente, sostiene que en la mayoría de los países donde se incrementan los costos de la corrupción, hay una disminución en los índices de paz.

Para la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito, de los factores que afectan a las instituciones gubernamentales están los costos del terrorismo, costos de la violencia y el crimen, crimen organizado, y confianza en los servicios policiales.

México ocupa el lugar 92 de 144 países, al afectarle 17 factores de ese informe.

El costo de la violencia durante 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es decir, el 22 por ciento del PIB, según el Índice de Paz Global 2015. La cifra contrasta con la de 2011; el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calculó el gasto en 15 por ciento del PIB.

Para la organización México Evalúa, el gasto en seguridad pública, fue del 6.2 por ciento del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, 197 mil millones de pesos.

El costo a largo plazo lo estimó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por cada persona muerta desde 2009, México dejó de percibir 42 dólares per cápita.

“Los costos de la violencia son tanto tangibles como intangibles. Los tangibles son todas las actividades relacionadas con la prevención y el castigo de la violencia, como inversiones, gastos y pérdidas materiales, así como actividades para identificar y castigar a quienes incurren en delitos relacionados con la violencia. Los costos intangibles son más difíciles de valuar, ya que incluyen estimados de la pérdida de calidad de vida de la víctima, cambios en la conducta y en los traumas personales y la pérdida de confianza interpersonal y de capital social a causa del miedo, así como la pérdida de libertad”, puede leerse en el reporte “Una aproximación a los costos de la violencia y la inseguridad en México”, realizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

Esos costos son anticipados, de reparación y de contención. Para el año 2000, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las pérdidas económicas por violencia fueron de 12.3 por ciento del PIB, o mil 45 millones de pesos; esto en atención médica, psicológica, de rehabilitación, gastos en seguridad, procuración de justicia y seguridad privada (en empresas y hogares).

El aumento de un homicidio por cada cien mil habitantes en zonas de tráfico de drogas disminuye los ingresos municipales en 1.2 por ciento. En 2010, el gasto en seguridad representó el 6.2 por ciento del total del gasto programable (197 mil millones de pesos) y para 2011, el gasto fue el equivalente al 15 por ciento del PIB.

Insyde ha señalado que en el plano microeconómico, ha habido consecuencias como una menor inversión extranjera y nacional, un desaliento en el ahorro nacional y menos confianza de un mejor panorama económico a futuro.

Se han modificado los modos de vida por los hechos de violencia que se viven tanto en pequeñas colonias como en las ciudades más importantes del país, lo que permea también las actividades económicas locales: 62 por ciento no dejaron que sus hijos salieran, 55.1 por ciento dejaron de salir de noche, 44.5 por ciento llevaron menos dinero en la cartera, 29.4 por ciento dejaron de salir a caminar.

Empresarios pueden pasar a la informalidad, abandonan los negocios o fingen deterioros, no amplían operaciones (aunque tengan recursos o existan oportunidades).