México, 27 Oct (Notimex).- Más de ocho mil indígenas purgan sentencias en centros penitenciarios estatales y federales, que los criminalizan sin equidad y sin considerar su idiosincrasia, señaló el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
En un comunicado, indicó que de acuerdo con la Red de Mujeres Indígenas Mexicanas A.C. (Remui), en el país 15.7 millones de personas se consideran indígenas, de las cuales 6.6 millones son hablantes de una lengua autóctona según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
Asimismo, María Amparo Gutiérrez Reyez, representante legal de Remui comentó que el acceso a la justicia, por parte de los pueblos indígenas se ha plasmado en un conjunto de normas y pautas que han permitido la sobrevivencia, pero aún carecen de una defensa en lenguas maternas, asesorías jurídicas y al debido proceso.
“Es importante el reconocimiento del sistema normativo vigente, de su sistema tradicional que rescate sus usos y costumbres basado en el derecho positivo mexicano desde una visión de equidad e igualdad de oportunidades”, resaltó.
La discriminación y el estigma que sufren las personas indígenas han marcado en la sociedad mexicana una brecha de desigualdad que impide el ejercicio y su reconocimiento como sujetos de derechos, enfatizó Neptalí Ramírez Reyes, integrante de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indígenas de México (IINPIM).
En el marco de la teleconferencia “Población Indígena: carencias sociales, acceso a derechos y a la justicia” que realiza el Indesol, aseveró que se reconoce jurídicamente en la Constitución que todas y todos sin distinción alguna gozamos de garantías individuales.
Dichas garantías se especifican en los artículos 1 y 2 de esta ley, en donde también se puntualiza que está prohibido todo tipo de discriminación por su origen étnico o por alguna discapacidad.
Las políticas públicas que se desarrollan en esta materia, tienen una tendencia a establecer una política vertical, que contradice lo que está plasmado en la Constitución, que se refleja en la pobreza, la discriminación y en la ausencia para la toma de decisiones, que se enmarca por el vínculo inexistente entre las instituciones y la comunidad.
El organismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) indicó que datos del Inegi revelan que la población indígena se concentra en el centro y sur del país: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, parte del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala.
Continúa hacia el sureste en la península de Yucatán y hacia el norte recorre Michoacán, algunas regiones de Nayarit, Durango, Chihuahua y Sonora.
Por su parte, Leticia Aparicio Soriano, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, comentó que la discriminación y el racismo lleva a que las personas autóctonas no sean consideradas como actores sociales que también puede proponer, organizarse y desarrollar políticas públicas que contribuyan a garantizar sus derechos.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades brinda a través del Programa de Mujer Indígena acciones públicas para fortalecer el respeto a la diversidad, la cohesión e integración social que eleve la calidad de vida de este sector.
