México, 27 Nov (Notimex).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 14/2014 contra varias dependencias del gobierno capitalino por los casos de 95 personas, 79 hombres y 16 mujeres, víctimas de tortura.
La titular de la CDHDF, Perla Gómez, precisó que las autoridades responsables son la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, y como autoridad colaboradora el Tribunal Superior de Justicia local.
Indicó que los derechos vulnerados son el de la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso, acceso a la justicia, derecho de las mujeres una vida libre de violencia de género, y del niño, niña y adolescentes frente a proceso de procuración de justicia.
Gómez Gallardo sostuvo que la recomendación incluye el análisis de 65 expedientes de queja acumulados en 47 casos y condenó los actos de tortura, que continúan a pesar de las acciones emprendidas por las instituciones y demandó una estrategia integral para combatir esa práctica.
A la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública se recomendó iniciar procedimientos de responsabilidad penal y administrativa contra los responsables, indemnización por daño inmaterial a las víctimas y mecanismos para prevenir y erradicar la tortura.
A la Secretaría de Gobierno se le requirió iniciar procedimientos de responsabilidad penal y administrativa contra los servidores públicos responsables de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la indemnización por daño inmaterial a las víctimas y políticas para prevenir la tortura.
La titular de la CDHDF señaló que a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal se le recomendó fincar responsabilidad penal y administrativa contra los servidores públicos involucrados, y diseñar un mecanismo interinstitucional de prevención, sanción y erradicación de la tortura.
Gómez Gallardo aseguró que la impunidad y su correlativa falta de sanción fungen como factor que perpetúa e incentiva esa práctica y que en un Estado de derecho las conductas de ese tipo no pueden ser toleradas.
Subrayó que las autoridades a las que se dirige la recomendación tienen un plazo de 15 días hábiles, a partir de esta fecha, para responder.
