Mandos policiales de Lerdo y Gómez Palacio, Durango, revelan su complicidad con el crimen organizado

 

Durango, 28 Ene. (Notimex).- La fiscal General del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, indicó que los titulares de las direcciones de seguridad de los municipios de Lerdo y Durango revelaron su grado complicidad con la delincuencia.

Refirió que se continúan las investigaciones sobre los policías que fueron detenidos hace 10 días.

La funcionaria estatal informó que mantienen arraigados a 43 policías municipales preventivos, quienes siguen bajo investigación hasta en tanto no se agote el periodo y los recursos de la averiguación.

“Los directores de Lerdo y Gómez Palacio declararon ante el juez y reconocieron dar apoyo a las organizaciones que ahí trabajan, por lo que tendrán que recibir un castigo”, sostuvo la Fiscal de Durango.

En días anteriores, los alcaldes de los referidos municipios argumentaron que existe falta de coordinación por parte de las corporaciones de seguridad que resguardan la Comarca Lagunera.

Sin embargo, Yadira de la Garza negó que esto suceda, al opinar lo contrario: “en los últimos ´días disminuyó el número de homicidios y de robos que se registraban a diario en esa región”.

El viernes 18 de enero, en un operativo conjunto entre las policías Federal, Estatal y elementos del Ejército, se detuvo a los 160 policías y personal administrativo de las comandancias de Lerdo y Gómez Palacio.

Entre las personas detenidas están el titular de Seguridad Pública de Gómez Palacio, Víctor Hugo Cordero, así como el Director de Seguridad Pública de Lerdo, Andrés Balderas Pérez, quienes fueron recluidos en el penal de la capital por existir orden de aprensión en su contra.

Los municipios se quedaron sin policías preventivos, luego de que 81 elementos renunciaran la semana pasada tras negarse a continuar con las evaluaciones de Control y Confianza, informó en días pasados la Secretaría de Seguridad Pública de Durango.

Los ahora ex policías (22 de Gómez Palacio y 59 de Lerdo) dejaron su cargo luego de que la fiscal Sonia de la Garza les ordenó acudir a un curso de adiestramiento en un campo militar de El Salto, en la sierra de Durango.

Los policías habían sido liberados tras una investigación por vínculos con la delincuencia y sólo nueve aceptaron someterse al seguimiento de las pruebas, por lo que fueron reincorporados a su respectiva función, mientras que un agente decidió retirarse al argumentar problemas físicos a causa de su edad avanzada.


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