Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– La organización Amnistía Internacional exhortó hoy, en una amplia carta, a que la Procuraduría General de la República (PGR) continúe con la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, y argumentó que las pruebas son pocas y las declaraciones de los detenidos fueron obtenidas con tortura.

La carta es firmada por Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América. Se dirige a Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República.

“Reiteramos la necesidad de continuar la búsqueda en vida de los estudiantes normalistas desaparecidos, fortaleciendo todos los mecanismos, hasta tanto no agotar todas las líneas de investigación posibles. En este sentido, es imprescindible que la Procuraduría a su cargo genere, en conjunto con los familiares de las víctimas y las organizaciones que los acompañan, una estrategia integral y un plan de búsqueda, que tenga como sustento la investigación y que esté apoyado por el uso de la tecnología y otros medios útiles para ello”, dice el comunicado dirigido a las autoridades mexicanas.

El alegato de Amnistía Internacional se centra en cuatro puntos de la investigación de hechos.

1. Las dudas sobre el incendio en el basurero de Cocula

“Nos parece preocupante que la teoría sobre lo que pudo haber sucedido con los estudiantes, de acuerdo con los datos presentados públicamente por la Procuraduría, se basa sobre todo en declaraciones de personas imputadas. Las probanzas señaladas por usted en su reciente conferencia de prensa podrían ayudar a confirmar que en el basurero del municipio de Cocula ocurrió un incendio en el que fueron destruidos restos humanos, pero la vinculación de ese hecho con los estudiantes desaparecidos se sostiene sólo por declaraciones autoinculpatorias, y con un mínimo de pruebas periciales”.

2. Las dudas sobre los hallazgos en el basurero de Cocula

“Al parecer, la única prueba pericial que señala la posible presencia de los estudiantes sujetos a desaparición forzada en el evento ocurrido en el basurero de Cocula es la identificación de restos óseos encontrados en un río cercano. Sin embargo, recordamos que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha señalado que, pese a su presencia en la zona y su participación en otros hallazgos, ‘el EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza’.

3. Algunos imputados han alegado tortura durante los arrestos

“Ha sido de nuestro conocimiento que algunos de los imputados han alegado haber sido torturados durante la detención. Como sabe, Amnistía Internacional ha manifestado que la tortura en México es una de las problemáticas de derechos humanos que más preocupa a nuestro movimiento internacional y, por lo tanto, le hacemos un llamado para que se investiguen todas las alegaciones hechas por los detenidos y se determine si han sido víctimas de tortura.

4. Se rechaza a abrir otras líneas e investigar a las fuerzas armadas

“Resulta de suma gravedad que hasta el momento ninguno de los detenidos haya sido sometido a proceso por cargos de desaparición forzada, siendo que las obligaciones del Estado mexicano, de acuerdo con sus compromisos internacionales, así lo exigen. Por otra parte, preocupa el reciente anuncio hecho por la PGR sobre el agotamiento de líneas de investigación y, en particular, la negativa a abrir otras líneas que impliquen atender denuncias sobre la posible participación de las fuerzas armadas en los hechos de desaparición, ya sea por omisión o acción”.

Amnistía Internacional dijo que cree firmemente que “cualquier investigación debe tomar en cuenta las demandas específicas de las víctimas que, en este caso, han solicitado desde un principio que se investiguen las denuncias sobre el conocimiento de la colusión entre el crimen organizado y autoridades de la zona, en especial del Batallón 27 en Iguala”.

“El testimonio de los estudiantes sobrevivientes de los hechos de septiembre de 2014 indica una interacción hostil y amenazante con efectivos militares durante la noche en que desaparecieron sus compañeros, ante esto, no es suficiente alegar la falta de pruebas sobre la participación militar, sino que, precisamente, se debe investigar dicha posibilidad para encontrar las pruebas que apoyen o descarten esta tesis. Consideramos que el contexto de violaciones de derechos humanos en México, y del Estado de Guerrero en particular, en donde se ha documentado en diversas oportunidades el involucramiento, por acción u omisión, de agentes militares en abusos a los derechos humanos de la población civil , deberían inducir a la PGR a impulsar esta línea de investigación de forma eficiente y transparente y no descartarla”, dice la organización internacional.

Amnistía “lamenta el incidente ocurrido el pasado 12 de enero en el que soldados del Batallón 27 de Iguala se enfrentaron con los padres de los normalistas, en el intento de estos últimos de ingresar a las instalaciones militares. Estas acciones llevadas a cabo por los familiares, son producto de su frustración ante la falta de una investigación exhaustiva que incluya atención a las denuncias de involucramiento de fuerzas militares en los actos del 26 y 27 de septiembre. Preocupan, además, las declaraciones de algunos voceros del gobierno que resaltan la labor de las fuerzas armadas y deslegitiman el interés de los familiares en que se abran nuevas líneas de investigación; acusándolos de ‘querer generar desconocimiento’ o querer involucrar [al] Ejército, como declaró el Secretario de Gobernación”.

Preocupa también, agregó,  “las descalificaciones que han venido realizando instituciones gubernamentales contra las y los defensores de las víctimas. El trabajo de las y los defensores de derechos humanos es una tarea absolutamente vital en todo Estado. Su integridad física y su ética profesional deben ser protegidas por las autoridades de cualquier país en el que desarrollen su labor”.

“LA VERSIÓN OFICIAL”

La posición de Amnistía Internacional no es única. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), dijo que la información que proporcionó Murillo Karam “no es una verdad histórica, es una versión oficial”.

En entrevista radiofónica para Noticias MVS dijo que era preocupante que se haya hablado primero con los medios de comunicación que con las familias. “Da la impresión de que había más interés o prisa o premura por concluir mediáticamente esta investigación”. Agregó que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que colaborarán en el caso Iguala sólo podrán reafirmar las investigaciones que la PGR ha concluido.

Ayer martes, el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, informó que llevarán el caso ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en el marco de la evaluación que en la próxima semana hará al Estado mexicano. Los días 2 y 3 de febrero, por primera vez el Estado mexicano será evaluado por dicho Comité, compuesto por una decena de expertos en derechos humanos y cuyo trabajo es monitorear la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

En marzo de 2014, el Estado mexicano debía informar al Comité sobre su trabajo en la materia, pero no lo hizo, lo que le mercó señalamientos de dicho organismo en octubre pasado.