Unos dicen que el IFAI está en crisis desde mucho antes de la elección de su nuevo presidente. Otros niegan dicha crisis y refieren que los problemas son dignos de un órgano colegiado. Los que sostienen esta última hipótesis se basan en afirmar que el instituto sigue trabajando con normalidad a pesar de las acusaciones cruzadas en diversos temas.

Lo cierto es que el IFAI puede funcionar a pesar de estar en crisis. Esa sería la tercera opción. El proceso de selección del presidente del IFAI simplemente evidenció lo que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo la cual se refiere al ineficaz mecanismos previsto en la ley para la designación de comisionados del instituto. Ahí está el problema. ¿Por qué nunca antes se había seleccionado al presidente del IFAI con una votación dividida? La respuesta tendría que buscarse en el actual DNA del pleno y su evidente división en dos grupos. Claro que se reconoce la libertad de disentir y el carácter colegiado del pleno, sin embargo, lo que vemos hoy por hoy en el pleno del IFAI son dos claras visiones sobre la defensa del derecho constitucional de acceso a la información.

La evidencia clara es el amparo recién ganado por la organización Artículo 19 al IFAI. La organización internacional solicitó a la PGR la información relativa a la averiguación previa relacionada sobre la masacre de 72 migrantes en el poblado de San Fernando, Tamaulipas. La PGR reservó la información argumentando el artículo 16 del código de procedimientos penales. Dicho artículo señala la posibilidad de reservar las averiguaciones previas, inclusive aquellas en las que no se haya ejercido acción penal. Diversas voces han argumentado que el artículo 16 simplemente no cumple con los estándares internacionales en materia de transparencia los cuales señalan que las averiguaciones previas pueden y deben ser reservadas mientras estén en curso, sin embargo, no hay ninguna razón válida para transparentar aquellas en las que no se ejerció acción penal. El argumento es sencillo: ¿cómo podríamos revisar si el ministerio público hizo bien su trabajo si jamás tenemos acceso a las averiguaciones previas? No transparentarlas implicaría darle un cheque en blanco (impensable en un equilibrio de poderes) a la procuraduría.

Artículo 19 interpuso un recurso de revisión ante el IFAI argumentando la invalidez del artículo 16 y sobre todo, afirmando que a pesar del artículo citado del código de procedimientos penales la información tenía que ser abierta toda vez que la matanza de San Fernando es una violación grave a los derechos humanos. Vale la pena recordar que el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia señala que no podrá invocarse la reserva de la información en casos que se refiera a violaciones graves a derechos humanos. Para sorpresa de muchos, el IFAI ratificó la posición de la PGR y negó la información. El pleno del IFAI votó de manera dividida: a favor de dar la información a la organización votaron la comisionada Peschard y el comisionado Trinidad, mientras los otros comisionados argumentaron barbaridades como el hecho que no se podía calificar la matanza como violación grave de los derechos humanos. El amparo fue ganado y el pleno del IFAI tendrá que discutir el recurso de revisión una vez más. Esperemos que ahora los tres comisionados Artz, Laveaga y Perez Jaen asuman su responsabilidad de ser garantes de un derecho constitucional.

El pasado 25 de febrero los comisionados comparecieron ante el Senado. El ejercicio quedó lejos de ser una verdadera rendición de cuentas. Las ponencias de los comisionados cayeron en nada más que lugar común reafirmando su compromiso con la transparencia. Pero la división del pleno fue evidente para cualquiera.

Durante la comparecencia fue evidente que el PRI y el PVEM están empujando la remoción de todos los consejeros del IFAI. Es central no perder este punto de vista mientras la Cámara de Diputados discute la minuta del Senado para dotar de autonomía al IFAI, entre otros puntos centrales. Sin duda sería un error remover a los comisionados de un plumazo. Pero también sería un error darles pase directo al nuevo IFAI. De ahí la necesidad de crear un mecanismo de selección y revisión del trabajo de cada comisionado en el que se funde y motive su permanencia y remoción del cargo. De esta manera podemos erradicar las malas prácticas para designar comisionados. El peligro de crear un IFAI a modo para el gobierno federal es real, sin embargo la coyuntura política es propicia para hacer las cosas bien en el Congreso.

Debemos de tener cuidado ya que la remoción total de comisionadas y comisionados tendrá como efectos la negociación partidista, lo cual haría que el procedimiento, aun cuando mejorado, no garantice que lleguen las personas con perfiles independientes y especializados al cargo. Esta posibilidad resulta especialmente preocupante, pues la designación de comisionados y comisionadas a partir de la repartición de cuotas partidistas anularía los propósitos de la reforma constitucional en materia de transparencia que buscan dotar al IFAI de mayores facultades para garantizar el derecho de acceso a la información.

Es una mala señal para la transparencia que la Cámara de Diputados no haya discutido la minuta del Senado. El tema es de la mayor relevancia para el fortalecimiento de un sistema fundamental para nuestra democracia. La pasividad de los diputados deja alimenta las tentaciones de intercambiar prebendas políticas entorno al futuro del instituto. Independientemente de lo resquebrajado del pleno del IFAI, a la sociedad nos debe de importar la institución como tal independientemente quién esté en su pleno.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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