Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– La crisis de violencia y de gobernabilidad que atraviesa el estado de Guerrero se detonó por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero. Sin embargo, las condiciones para que el conflicto estallara se han ido acumulando a lo largo de los años y de diferentes administraciones en esa entidad.
La pobreza extrema que ha flagelado por muchos años a Guerrero se evidenció aún más luego de la devastación que dejaron a su paso el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel”, en 2013. Hasta ahora, incluso, comunidades como Chilapa no han recibido la ayuda prometida y sus habitantes acusan que las autoridades los han abandonado, mientras ellos aún viven los estragos de esos desastres naturales.
En ese municipio, el gobierno federal sólo ha terminado de construir 50 de las 317 viviendas que prometió a los damnificados y desplazados de San Marcos Majada de Toro, denunciaron vecinos de esa comunidad que pertenece a Chilapa.
En otros pueblos tampoco se han terminado de construir las escuelas y hospitales que quedaron totalmente destruidos en septiembre de 2013, y que ahora contribuyen aún más al rezago de las más de 100 comunidades de La Montaña devastadas por los meteoros.
Pero la pobreza no se generó por las tormentas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) colocó a Guerrero en el segundo estado con pobreza extrema del país, en uno de sus últimos estudios realizado entre 2010 y 2012.
De acuerdo con el Coneval, en la entidad 31.7 personas de cada 100 viven en pobreza extrema. El Consejo estableció en 2012 que 26.8 por ciento de la población contaba con rezago educativo; 25.4 por ciento permanecía sin acceso a servicios de salud; 78.5 por ciento sin acceso a seguridad social; 59 por ciento, vivía sin servicios básicos y 39.4% tenía carencias en su alimentación.
Pero a Guerrero no sólo lo atormenta la pobreza. También vive el flagelo de la violencia del crimen organizado.
De acuerdo con las cifras oficiales del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Guerrero fue el estado más violento el año pasado y lo finalizó con la tasa de homicidio doloso más alta del país: 42.69 casos por cada 100 mil habitantes.
Además, en el primer mes de este 2015 continuó esa tendencia y reportó la mayor tasa de homicidio doloso en México, con 3.87 casos por cada 100 mil habitantes, seguido de Chihuahua con 2.53 y Sinaloa con 2.31.
Las cifras mensuales revelan también que está entre las tres entidades con el mayor número de asesinatos, una lista que encabeza el Estado de México con 199 casos, seguido de Guerrero con 138 y Chihuahua con 116.
Pero no sólo las cifras confirman el flagelo de la violencia en la entidad. También el constante hallazgo de fosas clandestinas con decenas de muertos evidencia el contexto de inseguridad e impunidad en que viven los guerrerenses.
El martes pasado, un violento desalojo de manifestantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) por parte de la Policía Federal (PF), puso nuevamente al estado en la mira de todo el país, e incluso a nivel internacional, pues esa noche violenta dejó al menos una persona muerta y decenas de heridos.
