Ciudad de México, 28 feb (dpa) – El comisionado del Gobierno alemán para derechos humanos Christoph Strässer que realizó una visita de varios días a México, consideró que en el país existen déficits de Estado de Derecho que empiezan con una falta de acceso a la Justicia.
“Hay una carencia de estructuras de Estado de Derecho en todo el país. Eso empieza con un deficiente acceso a la Justicia y continúa con torturas en las cárceles, desapariciones y corrupción”, estimó Strässer la noche del viernes en un encuentro con medios alemanes en la Ciudad de México al término de su viaje.
Como punto positivo, valoró el fortalecimiento de la sociedad civil de los últimos años en el país.
Durante su visita a México, el funcionario alemán se entrevistó el miércoles en la escuela rural del magisterio “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa con familiares de 43 estudiantes desaparecidos y presuntamente masacrados por un grupo criminal aliado con policías entre el 26 y el 27 de septiembre.
Según afirmó, en la zona se encontraron 36 fusiles G36 del fabricante alemán Heckler & Koch, que no estaba autorizado por el gobierno alemán a exportar armas a zonas de México consideradas conflictivas, entre ellas al sureño estado de Guerrero donde desaparecieron los estudiantes.
“En Guerrero no podía haber armas alemanas”, dijo Strässer. La empresa está bajo investigación en Alemania por el supuesto envío ilegal de numerosos G36 a zonas problemáticas de México.
El comisionado alemán defendió, no obstante, las negociaciones que están en marcha entre Alemania y México para un acuerdo de seguridad, pese a cuestionamientos de la oposición. “Debe haber cláusulas claras referidas a derechos humanos”, afirmó.
En su visita a Ayotzinapa Strässer dijo a los padres de los 43 que no se podía descartar que los fusiles alemanes hubieran sido utilizados contra los estudiantes y ofreció una disculpa a las víctimas en caso de que así hubiese sido.
Strässer se entrevistó en México también con el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, con el procurador general Jesús Murillo Karam -que hoy dejó el cargo-, representantes de la Iglesia católica y organismos de derechos humanos.
