El PAN en el Senado dice que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha perdido toda vergüenza y echan mano del poder público para proteger a Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, y a Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del partido tricolor. El señalamiento contra el Gobierno federal ocurre el mismo día en que el diario El País reveló que la administración de Peña Nieto no solamente utilizó las herramientas a disposición del Poder Ejecutivo, como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): también echó mano del hermano de un funcionario del Poder Judicial para salvar a Humberto Moreira de la justicia española.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).– El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República condenó la defensa que han orquestado el Gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.

“Hay que decirlo de manera clara y directa: para protegerlos [a Javier Duarte y a Humberto Moreira], el PRI y su Gobierno han perdido toda vergüenza y echan mano del poder público para que las cosas sigan igual, para garantizarles impunidad”, acusó este día el Senador Fernando Herrera Ávila, Coordinador de la bancada panista.

Herrera Ávila dijo que los niveles de corrupción ya son un escándalo internacional y una vergüenza para el país. “Todos los días vemos en los periódicos los nombres de Humberto Moreira, Javier Duarte, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, como ejemplos emblemáticos de la corrupción priísta”, indicó.

Este día, el diario El País reveló que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no solamente utilizó las herramientas a disposición del Poder Ejecutivo, como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): también echó mano del hermano de un funcionario del Poder Judicial para salvar a Humberto Moreira de la justicia española.

La investigación publicada por el medio español refiere que el Gobierno mexicano movilizó al hermano de un miembro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para asistir a Humberto Moreira cuando estuvo en prisión en España, acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Se trata de una investigación del periodista José María Irujo, quien la semana pasada reveló parte de la operación para proteger al ex Gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI.

De acuerdo con el diario, Moreira recibió apoyo no sólo de la Embajada, también de la Agregaduría Legal de la PGR en el país europeo.

Al respecto, el coordinador de los senadores panistas señaló que México ya no aguanta más escándalos “que terminan protegidos por un manto de impunidad”.

Herrera Ávila se pronunció a favor de establecer un Sistema Anticorrupción independiente, autónomo, con participacion de la sociedad civil para combatir el cáncer de la corrupción.

México, dijo, debe convertirse en un paìs donde impere un verdadero Estado de derecho para que, quien cometa un acto de corrupción, sin importar el partido, el sector o el área en que se desempeñe, pague las consecuencias.

Afirmó que México ha tocado fondo en materia de corrupción, porque los señalamientos ciudadanos llegan al más alto nivel y el Gobierno no entiende la dimensión de su problema. “Tampoco muestra ni la voluntad ni la capacidad para superar el enorme déficit de credibilidad y confianza que enfrenta”, añadió.

Desde la semana pasada, Senadores del PAN acusaron que el Gobierno federal ha protegido a los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.

“Me queda claro que es parte de la protección que el Gobierno federal le está dando a sus amigos. Seguramente en algún momento pues se vieron beneficiados por estos tantos millones de pesos que la gente de Tamaulipas dejó de recibir”, dijo la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Los ex funcionarios del PRI son investigados por autoridades de los Estados Unidos por presuntas operaciones ilícitas, entre ellas, vínculos con grupos del crimen organizado y lavado de dinero en ese país.

El PAN hizo también un llamado en días pasados a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, para que dé cuentas sobre el estatus legal de los ex mandatarios, que de acuerdo con los panistas deberían de estar siendo investigadas.

“En el país vecino, Yarrington es acusado de aceptar millones de dólares de los carteles de narcotráfico e invertir el dinero en bienes raíces en Texas”, dijo la Senadora panista por Tamaulipas, Sandra Luz García Guajardo.

Los senadores recordaron que estos cargos derivaron en que fiscales estadounidenses presentaran dos solicitudes de confiscación de propiedades del ex Gobernador, una en Corpus Cristi y otra en San Antonio.

Mientras que, en el caso de Hernández, pesa la confiscación de tres propiedades en McAllen, que ascienden a dos millones de dólares, y una en Austin, Texas, de 2.3 millones de dólares. Hernández Flores, junto con su cuñado Oscar Gómez, es prófugo en el vecino país del norte.

Sin embargo, al ex Gobernador se le vio en junio pasado en un restaurante de la Ciudad de México con su familia. E incluso, como invitado al quinto informe del actual Gobernador de Tamaulipas, el priísta, Egidio Torre Cantú.

“Por lo que le queremos preguntar a la procuradora, ¿qué acaso no era su deber colaborar con el país vecino en la localización de presuntos responsables de algún ilícito?”, cuestionó García Guarjardo.

A este anuncio se suma la reciente petición del PAN, que a través de la junta directiva del Senado, envió a la Cámara de Diputados para iniciar juicio político contra el Gobernador priista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, con base en el informe de la semana pasada de la Auditoría Superior Federal (ASF), en el que se indica que el daño patrimonial en Veracruz asciende a los 15 mil 772 millones 56 mil pesos.

A Javier Duarte también se le acusa del desvío 368 millones de pesos que debieron usarse para apoyar a población afectada por lluvias torrenciales e inundaciones.

La Mesa Directiva del Senado de la República turnó el martes pasado a la Cámara de Diputados un punto de acuerdo de legisladores blanquiazules para solicitar un juicio político contra el Javier Duarte, por el presunto desvío de recursos públicos federales.

Sin embargo, Duarte de Ochoa ha dicho que la solicitud de juicio político en su contra obedece solamente a los tiempos electorales que se viven en el estado de Veracruz.

“No procede [la solicitud de juicio político], son parte de los tiempos electorales, […] seguiré trabajando hasta el último momento de mi administración dando resultados en favor de los veracruzanos”, dijo en declaraciones a la prensa.

Para el PAN en el Senado, frente al binomio de corrupción e impunidad en su máxima expresión, es necesario e inaplazable acelerar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto.

El coordinador de los senadores panistas confió en que las fuerzas políticas representadas en el Senado hagan suya la causa de acabar con la corrupción y procedan de inmediato a debatir y resolver las propuestas que lleven a hacer realidad el Sistema Anticorrupción.

Si lo que quiere el gobierno y su partido es una reforma light, que sea nada más para lavarse la cara –advirtió– nosotros no podemos ir a ese esquema. Ellos no desean que se combata la corrupción porque los principales involucrados en actos de corrupción están a la vista de todos.