Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a instituciones, autoridades, actores políticos y sociedad en general para dejar de difundir la imagen, datos personales y demás información de Alondra, la menor entregada a una mujer norteamericana que alegó ser su madre sin ninguna prueba.
El organismo nacional mencionó que es necesario evitar y prevenir situaciones que pongan en riesgo los derechos humanos de la joven “mediante la difusión de su imagen, nombre, datos personales y demás información que permita su identificación o propicie una injerencia en su vida privada y su familia”.
La CNDH dijo que con independencia del resultado que arroje la investigación que lleva a cabo, “el principio del interés superior de la niñez, hace necesario garantizar la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes a efecto de que no se trasgredan su derechos fundamentales, en particular los relativos a su intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus datos personales”.
“En el caso de la adolescente sustraída, la necesidad de hacer efectiva la protección de los derechos antes mencionados resulta de particular importancia, tomando en consideración su condición de víctima, así como el hecho de que su exposición pública estaría propiciando que se hicieran del conocimiento general detalles de su vida privada y familiar que podrían vulnerar sus derechos”, refirió el organismo autónomo.
Alondra fue arrebatada el pasado 16 de abril de su familia para ser entregada a Dorotea García, residente estadounidense que aseguraba ser su verdadera madre biológica. Sin embargo, una muestra de ADN realizada en el Consulado de México en Houston, Texas, determinó que la menor no era hija de la ciudadana estadounidense.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que en 2007 recibió la solicitud de retorno de Alondra Luna Núñez bajo el argumento de que había sido sustraída de Estados Unidos por su padre. “En ese momento, la información disponible apuntaba a que la niña podría encontrarse en Tacatzcuaro, Michoacán, por lo que el expediente fue remitido al Tribunal Superior de ese estado”, detalló.
La Cancillería dijo que en marzo de 2015, la Autoridad Central estadounidense informó que la madre había viajado a Guanajuato y había identificado a la menor, lo que confirmaba que se trataba de su hija a quien había buscado por ocho años.
“Derivado de ello y en acatamiento a los estándares internacionales fijados en materia de restitución internacional contenidos en las Guías de Buenas Prácticas emitidas por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la juez de la causa solicitó la intervención de la Interpol para que presentara a la menor y, en audiencia ante el juzgado, se determinara su identidad y la procedencia de su restitución a Estados Unidos”, precisó.
No obstante, la juez Cinthia Elodia Mercado dijo que su decisión fue una respuesta en atención a la petición que se hizo a la autoridad mexicana. “Nosotros no somos autoridades que buscamos, sino que todos los datos son proporcionados”, dijo. E insistió que recibió “una serie de documentación” y, como juzgador, “nada más es decir se va o no se va”, fundamentado en el acuerdo firmado en La Haya.
Por estos hechos, la Procuraduría de Michoacán inició una investigación a la juez de Primera Instancia en materia civil con sede en el municipio de Los Reyes para determinar si incurrió en un delito al entregar a la menor.
