Durante el Encuentro mundial de Sociedades para el Derecho Internacional, Aurescu presentó ayer su informe “El establecimiento de una Corte Internacional contra el Terrorismo (CIT)” para que ese tipo de crímenes sean juzgados por ese nuevo ente.

El documento establece que la CIT se crearía a través de un tratado internacional, negociado en una conferencia internacional bajo los auspicios de Naciones Unidas.

Para responder a “las necesidades de oportunidad y universalidad”, el formato adecuado, según su análisis, sería un tribunal penal internacional ad hoc, como los de la antigua Yugoslavia o Ruanda.

Se juzgarían los hechos cometidos a partir de la creación del tribunal, con una jurisdicción basada en la intención criminal para cometer los actos, la intención específica de provocar el terror y de perpetrar un acto que amenace la paz y la seguridad internacional.

La CIT tendría una fuerza multinacional de policía, integrada en la Oficina de la Fiscalía, y estaría compuesta por 11 ó 15 jueces en cuya elección se respete el equilibrio geográfico, de género y de los principales sistemas jurídicos del mundo.

El informe asegura que su creación tendría un “efecto disuasorio” que podría “aportar enormes beneficios”.

La iniciativa, según la propuesta rumana, afrontaría la situación de los Estados “que no tienen la capacidad o no quieren llevar ante la Justicia a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y han cometido actos terroristas”, lo que reforzaría los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo.

El artículo 5 del Estatuto de Roma de 1998 que creó el Tribunal Penal Internacional preveía tres crímenes ligados al terrorismo, pero se eliminaron y, por ello, ese texto no incluye referencias a los actos terroristas.