De proyectos turísticos, mineros, agroindustriales, residenciales, petroquímicos, que han acabado, o amenazan con acabar, con recursos naturales y dañan el medio ambiente, está repleto el país. Sin embargo, no es algo nuevo: sexenio tras sexenio, durante los últimos 16 años, cada Presidente alienta estos abusos al no actuar tajantemente contra las megaobras que contaminan e incluso saquean a pueblos originarios sus tierras; esto, dicen organizaciones civiles, muestra que en México los intereses económicos pueden más que salvaguardar el ambiente y la salud de la población.

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Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– En el 2000, el Partido Acción Nacional (PAN) marcó una pausa de dos sexenios a los 72 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Presidencia, con la llegada de Vicente Fox Quesada a Los Pinos y, luego, el arribo al poder de Felipe Calderón Hinojosa en 2006. 

Aun cuando en 2012, el PRI recuperó el poder con Enrique Peña Nieto a la cabeza, a lo largo de estos 16 años ninguno de los tres presidentes ha tenido una agenda ambiental que realmente vele por el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable y la conservación.

El interés de generar riqueza a través de los recursos siempre ha sido mucho más importante que la protección de los ecosistemas o de la biodiversidad, acusaron activistas y organizaciones de la sociedad civil.

Una muestra de esta inacción y desdén por el medio ambiente se dio el 16 de enero pasado, cuando autoridades acordonaron el área de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo,  “cual bandidos se pusieron a rellenar un manglar, sepultaron cocodrilos vivos y no reubicaron a la fauna que está en peligro de extinción”, comentó con indignación Gerardo Solís, miembro de Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario del grupo Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo.

Tajamar tuvo un gran impacto mediático, no obstante es apenas uno de los innumerables casos en los que el Gobierno federal y los gobiernos locales han optado por favorecer intereses económicos y dejado del lado el medio ambiente y la salud de los mexicanos.

Pero el caso Tajamar evidenció también algo muy importante: cuando los ciudadanos se unen por una misma causa, como defender los recursos naturales que a todos benefician, se logran grandes resultados. Hoy ese proyecto está detenido gracias a la presión y a la protesta social.

Desde 1986, Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), comenzó su labor en la defensa de los recursos naturales, por ejemplo con el relleno de las lagunas, de los manglares, la extracción de piedra caliza para llevarla a Estados Unidos y utilizarla en carreteras.

“Los gobiernos federales aunque tienen una agenda supuestamente ambiental y cuentan con una Secretaría que se dedica a esto, han dejado que el crecimiento de todo México sea extremadamente irregular; es decir, la corrupción ha permeado a todos los presidentes que hemos tenido, me refiero no a la persona sino al sistema del Gobierno federal y han permitido que se comentan cualquier cantidad de irregularidades”, dijo.

“Nosotros hemos luchado muchísimo con los ordenamientos ecológicos. Cancún fue –gracias a la presión que ejercimos nosotros– el primer lugar donde se publicó y donde se elaboró el primer ordenamiento ecológico en México que fue el del sistema de la Laguna Nichupté, el segundo fue el del corredor Cancún- Tulum y sin embargo no los respetan”, agregó la activista.

Hace una década, exactamente la madrugada del 4 de mayo de 2006, tras el enfrentamiento derivado de una reubicación de vendedores, más de mil policías del Gobierno del Estado de México y federales rompieron un bloqueo de manifestantes sobre la carretera de Texcoco a Atenco. Allí, en Atenco, los uniformados entraron a las viviendas, golpeando a quienes encontraban a su paso, después se supo que cerca de 200 campesinos fueron detenidos, dos jóvenes asesinados y 40 mujeres violadas.

Actualmente, los campesinos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra acusan que la justicia nunca llegó tras el atropello, y ahora, 10 años después, la preocupación ha regresado: esta vez por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Apenas hace algunas semanas, pobladores de Atenco dijeron a SinEmbargo: “El Gobierno federal nos quiere despojar, pero estamos listos para enfrentarlo”.

De proyectos turísticos, mineros, agroindustriales, residenciales, petroquímicos y otros que terminan con recursos naturales y dañan la calidad ambiental, está repleto el país. Y no es algo nuevo.

“De daños medioambientales, a la salud, de contaminación, económicos y sociales –provocados pon diversos proyectos– está inundado el país”, expusieron integrantes del colectivo Geocomunes, en entrevista para este medio.

“Lamentablemente estamos promocionando inversiones, turismo, pero a costa del medio ambiente y de las comunidades. Ha sido una continuidad en los gobiernos […] todos los gobiernos le han apostado a la inversión a costa del medio ambiente, de la salud de la población, de las comunidades indígenas. Claramente las tendencias políticas son de gobiernos capitalistas, donde la premisa es: ‘hay que lograr las máximas inversiones, generar laxitud de leyes, aún a costa de violaciones a los derechos'”, dijo María Colín, abogada de Greenpeace México.

También es cierto que estos abusos ha provocado que la sociedad se una y cuando organizaciones, activistas y ciudadanos levantan la voz para mostrar su inconformidad, para defender territorios y recursos, el Gobierno federal hace todo por callarlos: los hostiga, los intimida, los golpea, los criminaliza, los encarcela, los asesina.

“Cada vez queda más claro que de parte de los Gobierno federal y locales no podemos esperar nada más que golpes y proyectos de este tipo. El camino al que hay que apostarle es al de la organización de la sociedad, a que esté informada, a levantar la voz, que la gente diga qué quiere y cómo lo quiere para hacerle frente e ir transformando la estructura”, comentaron también jóvenes integrantes de Geocomunes.

PRESIDENTES, Y EL DAÑO AMBIENTAL

Vicente Fox, plantearon integrantes de Geocomunes, arribó al poder impulsado por un sector empresarial que promovió diversos proyectos en varias regiones. “Con él hubo crecimiento en las industrias, por ejemplo, la hotelera y la automotriz”, comentaron.

Con el Plan Puebla Panamá “trató de avanzar en varios proyectos y pisoteó o pasó por encima de los derechos de las personas que se resistían”. Dicho plan está dirigido a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán y a los países Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Su objetivo se basó en consolidar el esquema de apertura comercial para gestionar recursos en obras de infraestructura.

“Los proyectos inmobiliarios son un constante problema en el país”, acusó la abogada María Colín.

De acuerdo con Greenpeace, el sector turístico en México genera el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que es sin duda una actividad económicamente muy importante.

Sin embargo, la organización ha reconocido reiteradamente que eso ha propiciado que el turismo en el país “esté orientado a la creación de desarrollos sin planeación, con metas a corto plazo y establecidas sólo para atraer la inversión extranjera, sin importar las consecuencias sobre el ambiente y sobre la gente”.

Asimismo, plantea, los impactos negativos sobre el ambiente, provocados por los desarrollos turísticos que no toman en en cuenta el medio ambiente “son muy graves y dejan altos costos económicos y sociales”. Entre esos costos están la falta de infraestructura básica, asentamientos irregulares, carencia de redes de drenaje y alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales inexistentes o ineficientes, basureros municipales fuera de la legislación, degradación y destrucción de ecosistemas fundamentales -como los manglares en las zonas costeras-, alteración y desaparición del paisaje, y otros más.

“Esto ocurre porque el marco regulatorio del turismo en México es débil y a empresarios y gobiernos les importa poco. Es urgente reforzar el marco jurídico que rige al turismo en México para que esta industria pueda generar recursos económicos al país sin pasarle una alta factura a las futuras generaciones”, destaca la ONG.

En el caso de Cabo Pulmo la comunidad decidió dejar de pescar y mejor apostar a la protección de los ecosistemas y el medio ambiente de la región. Desde 1995, la recuperación del ecosistema ha sido un caso de éxito a nivel internacional, sin embargo, el riesgo de destrucción ha sido latente.

En 2008, durante el Gobierno de Felipe Calderón, la empresa española Hansa Urbana presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para obtener la autorización y trabajar en el proyecto llamado Cabo Cortés, en una zona cercana a Cabo Pulmo.

La MIA, que en teoría debía considerar todos los posibles impactos al ecosistema, resultó un documento plagado de irregularidades que pondrían en peligro al arrecife y las especies de la zona; no obstante, la Semarnat lo aprobó.

En enero del 2011, la dependencia modificó la autorización otorgada para dar paso a un complejo con capacidad habitacional casi igual a la de Cancún, en una zona semidesértica que –de acuerdo con Greenpeace– históricamente ha sido de muy baja densidad poblacional.

La Semarnat ignoró la opinión de científicos y la fuerte oposición de la comunidad de Cabo Pulmo, así como los argumentos presentados por activistas. Además, no tomó en cuenta la disponibilidad de agua de la región y los criterios del Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos.

Para 2012, Calderón, por conducto de la Semarnat, determinó anular la autorización de impacto ambiental, por lo que el proyecto Cabo Cortés finalmente fue cancelado; aunque en 2014 varias organizaciones alertaron nuevamente sobre el riesgo de la destrucción.

“Las comunidades lucharon para lograr que en las zonas aledañas a Cabo Pulmo se recuperaran las especies”, dijo Colín y agregó: “los megaproyectos turísticos tienen características depredadoras. Además, tienen un impacto en la parte social, económica y cultural de comunidades”.

Ya con Enrique Peña Nieto ocupando la silla presidencial, en 2014 la mina de Buenavista del Cobre, de la empresa Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Bacanuchi, que llegó hasta el río Sonora, con lo que 22 mil personas y siete municipios resultaron gravemente afectados. Expertos medioambientales y las propias autoridades calificaron este hecho como el peor desastre ecológico causado por la minería en la historia del país.

“El caso más emblemático, el desastre más grave en toda la historia de la minería ha sido el derrame en el río Sonora”, insistió Geocomunes. “Las empresas utilizan a los ríos de nuestro país, prácticamente como sitios de descarga de sustancia químicas”, denunció a su vez Greenpeace.

En el mismo año, la ONG internacional analizó la gestión ambiental del segundo año del Gobierno peñista y afirmó que sólo durante los primeros 20 meses de su administración “se consolidó un modelo extractivo de nuestros recursos naturales y se demostró el menosprecio al medio ambiente”. Luego de ese reporte, como respuesta, detonó el caso Tajamar…

“[Los ecocidios] tienen un impacto en la parte social, económica y cultural de comunidades”, alertó María Colín, pero esto no parece interesarle a las autoridades de más alto rango.

DERECHOS PISOTEADOS

En su intento por defender los recursos naturales, muchos activistas y ciudadanos se han quedado en el camino, ya sea por amenazas, encarcelamientos e incluso por la muerte.

“El Estado mexicano como cualquier otro Estado capitalista recurre a la imposición”, dicen sin titubear los integrantes del colectivo Geocomunes.

Apenas hace un par de semanas, organizaciones y ciudadanos que conforman la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada denunciaron que durante la primera jornada hubo confusiones e irregularidades como falta de información clara y precisa, escasez de imparcialidad por parte de las autoridades, presión para obligarlos a apegarse a procedimientos previamente planificados, así como conflicto de interés y un trabajo deficiente de traducción para su lengua materna.

También el caso de Ildefonso Zamora, activista en el Estado de México, ha prendido focos rojos.

Desde 2004, la familia Zamora Gómez comenzó a recibir amenazas por su labor en defensa de los bosques. En 2007, Aldo, hijo de Ildefonso, fue asesinado por talamontes y hace medio año él fue encarcelado. Este caso ha sido golpeteado a lo largo de las tres administraciones. Primero con Fox, después con Calderón y actualmente con Peña.

Sin embargo, en el caso de Ildefonso y de muchos otros activistas, “la autoridad brilla por su ausencia, no hay protección a los derechos humanos y dada la colusión, en muchos casos con las empresas, es la ciudadanía la que tiene que emprender la defensa de sus derechos, aún con la guerra contra el narcotráfico en tiempos de Felipe Calderón y hoy con la criminalización de la protesta social, el hostigamiento, las amenazas, la persecución e incluso la muerte de activistas ambientales”, afirmó la abogada María Colín.

“Este es el papel del activista: soportar las amenazas y denunciar, aún con toda la represión que conlleva”, destacó.

“Calderón impulsó una guerra contra el narcotráfico que sirvió “no sólo para deshacerse de ciertos núcleos de la sociedad, sino para generar una situación de terror y fragmentación en el conjunto de la población mexicana. Peña viene y continúa con esa dinámica de guerra, que no sólo es una guerra entre cárteles y un supuesto Gobierno que los combate, sino termina siendo una guerra contra la población”, recordó Geocomunes.

En el mismo sentido, Colín subrayó que la crisis de violencia e inseguridad, a partir de Felipe Calderón en 2006, se acentuó con la guerra contra el narcotráfico. “Desde hace 10 años vivimos en este escenario de violaciones a los derechos humanos, pero además en esa lucha se confunden los activistas que han sido asesinados”, declaró.

LEGISLACIÓN, ARMA PARA GOLPEAR ACTIVISTAS

Edmundo del Pozo, miembro de Fundar, dijo en entrevista para este medio que los gobiernos se han caracterizado por llevar a cabo proyectos de diversos tipos sin hacer procesos de consulta y participación de las comunidades e incluso se apoyan de las legislaciones para lograrlo.

“Podemos constatar que el marco legal, las políticas y la legislación se alinean para traer mucha más inversión extranjera en detrimento de los derechos humanos”, imputó.

Entre las leyes más agresivas que privilegian el acceso de privados a los territorios y que se ponen por encima de los derechos humanos de las comunidades se encuentran la ley minera y la de agua que privilegian las concesiones en dichas materias.

Además, tanto Geocomunes como Fundar coincidieron en que existen legislaciones dedicadas a criminalizar a quienes se opongan a diversos proyectos, entre ellos los de hidrocarburos.

“Los defensores de territorio son convertidos en delincuentes. Hoy se vive un contexto crítico porque la violencia contra las comunidades se profundiza en el contexto de las reformas estructurales,  en particular de la Reforma Energética y la estrecha relación que mantienen el Gobierno y las empresas es la que permite que estas políticas avancen”, acusó del Pozo.

Con recursos como la Ley Bala o la Ley Atenco, las autoridades buscan reprimir las manifestaciones, expuso Geocomunes. “Le sale más barato al Estado mexicano tener una política de represión para limitar la protesta dentro de sus proyectos, que meterse en situaciones de ser demandado en cortes internacionales por empresas privadas, por no garantizar u ofrecer las condiciones que les permitan generar sus ganancias”, añadió.

“Es una situación de cinismo y descaro acompañado de toda una estructura legal, una ingeniería jurídica que los protege y les permite además generar impunidad donde acosan, maltratan, golpean, matan y pasan por encima de los derechos, con todo el respaldo del aparato de Estado, incluso con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde Calderón se da el respaldo legal a la Reforma Energética, reformas a la Ley minera que sobreponen intereses privados sobre los nacionales. Se sienten respaldados por leyes que ellos han impulsado”, concluyeron los integrantes de este grupo en defensa del medio ambiente.

A pesar de que las tres administraciones han favorecido a las empresas, vendiendo los recursos naturales del país y aplastando los derechos de la sociedad, Greenpeace, Gema, Geocomunes y Fundar coinciden en que “la más descarada” en su actuar ha sido la actual, puesto que los funcionarios responsables de todas las áreas relacionadas con el cuidado del medio ambiente no sólo han mostrado desinterés e ineficiencia, sino que algunos están coludidos incluso con las empresas a las que se autoriza la construcción de megaobras.

El número de ataques a activistas ambientales registrados en México de mayo de 2014 a junio de 2015 fue de 109 en total, de acuerdo con el informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015, realizado por el Centro de Derecho Ambiental (Cemda).