A pesar de que el Presidente Enrique Peña Nieto calificó como una “emergencia nacional” los ataques a periodistas, el gremio continúa en alerta. La semana pasada se informó que las instalaciones de la revista Proceso fueron allanadas por tres sujetos desconocidos y un periodista de La Jornada fue excluido por la Secretaría de la Defensa Nacional en un evento público. En tanto, las protestas siguen en todo el país por la desaparición de Salvador Adame y los homicidios de Miroslava Breach y Javier Valdez.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo/Vanguardia).– Luego del discurso oficial donde el Presidente Enrique Peña Nieto condenó las agresiones contra periodistas y calificó como una “emergencia nacional” los ataques al gremio, las instalaciones de la revista Proceso fueron allanadas por tres sujetos desconocidos y un periodista de La Jornada fue excluido por la Secretaría de la Defensa Nacional en un evento público, todo mientras continúan las protestas en México por la desaparición de Salvador Adame y los homicidios de Javier Valdez y Miroslava Breach.

El domingo 21 de mayo, las cámaras de seguridad del semanario Proceso captaron el momento en que tres individuos ingresaron a las instalaciones por separado, y minutos después, salieron juntos.

El primer hombre, de acuerdo al reporte de Proceso, vestía con pantalón y chamarra de mezclilla. Ingresó solo y permaneció unos instantes en las oficinas ubicadas en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Ese día y a esa hora, las oficinas de la revista estaban vacías.

A las 12:27 horas salió este mismo sujeto de pantalón y chamarra de mezclilla. Cruzó la calle de Fresas y de inmediato regresó, acompañado de otro hombre robusto, de camisa rosa, que llevaba una mochila al hombro y caminaba atento a la pantalla de su teléfono celular, según la reconstrucción de la propia revista.

Un tercer hombre, pantalón y camisa de mezclilla, caminó por la banqueta. Llevaba un teléfono en la mano derecha, hablaba en voz alta. Allanó el inmueble y momentos después salió con los otros dos sujetos que se encontraban adentro.

Los hechos fueron ya denunciados ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de laProcuraduría General de la República (PGR).

Al día siguiente del allanamiento, el lunes 22 de mayo, apareció una página falsa de Proceso en Facebook con información de un “pacto Duarte-Morena”. El logotipo de la revista y hasta una portada ficticia con las fotografías de Andrés Manuel López Obrador y de Javier Duarte se anunciaron en esta página.

Facebook la retiró en cuanto se notificó la usurpación del logotipo de Proceso, pero la información continuó circulando en cuentas de Whatsapp y Telegram, al estilo de los rumores audiograbados que se difundieron en enero de este año, en el marco de las protestas sociales contra el gasolinazo.

El miércoles 24 de mayo el periodista Jesús Aranda, de La Jornada, fue excluido por la Secretaría de la Defensa Nacional en un evento público; y el viernes 26 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pidió al organismo castrense implementar “medidas cautelares” a favor del reportero para evitar daños a la libertad de expresión y a la información.

En este contexto, el pasado 24 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Fiscalía de Sinaloa y a la FEADLE, que pertenece a la PGR, medidas cautelares en favor del periodista Juan Manuel Partida Valdez, quien recibió amenazas de muerte.

En un comunicado el organismo defensor de los derechos humanos mencionó que tuvo conocimiento de la información que refiere que el periodista Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, recibió una llamada telefónica en la que le aseguraron que sería privado de la vida, luego de que sostuvo reuniones con diversas autoridades con relación al homicidio de Javier Valdez Cárdenas.

PROTESTAS POR JAVIER, MIROSLAVA Y SALVADOR

Ayer, familiares y periodistas participaron en diversas marchas en los estados de Michoacán, Sinaloa y Chihuahua para exigir al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto detener a los responsables de los asesinatos de Javier Valdez Cárdenas y Miroslava Breach Velducea, además de exigir el regreso de Salvador Adame, quien fue secuestrado el pasado 18 de mayo.

Los periodistas de Ciudad Juárez tomaron la tribuna en el Congreso local de Chihuahua para recordarles a los diputados que no necesitan más leyes, sino frenar la impunidad para proteger a los reporteros en esta ciudad fronteriza.

Las investigaciones sobre ambos crímenes, el de Miroslava Breach y el de Javier Valdez, no han arrojado resultados hasta ahora. La Procuraduría General de la República realizó la semana pasada una “recreación” de la ejecución de Javier Valdez, sin indagar sobre las pistas que conducen al crimen organizado, tal como han señalado los propios reporteros y colaboradores de Ríodoce.

Por su parte, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que la investigación en torno al crimen de Miroslava Breach está en su etapa final y pronto ejecutarán las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.

En Michoacán, el jueves 18 de mayo se reportó el secuestro del periodista Salvador Adame, propietario del canal de televisión local 6TV, quien fue “levantado” por un comando de hombres armados en el municipio de Francisco J. Múgica, en la comunidad de Nueva Italia.

Sus familiares señalaron que Adame había recibido antes amenazas anónimas por el desempeño de su labor. Según los testigos, sus captores iban en una camioneta de color negro y se dirigieron hacia el poblado de Nuevo Corondiro.

Periodistas de Michoacán protestaron el viernes 26 y demandaron que Adame “no se convierta en un número más” de esta larga lista de reporteros asesinados. Le reprocharon al gobierno de Silvano Aureoles la falta de informe o pronunciamiento alguno.

AMENAZAS CONTRA LA PRENSA EN COAHUILA

Así como la descomposición social nació particularmente en Nuevo Laredo y Reynosa, con el paso de los años también llegó a Coahuila donde la violencia dejó una deuda de sangre, de miedo y de ataques hacia los medios de comunicación y sus reporteros.

Uno de los primeros ataques fue el cometido en contra del periodista Rafael Ortiz Martínez, desaparecido desde el 8 de julio de 2006 en Monclova.

Según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), el periodista, quién también era presentador en una estación de radio local, dedicó al menos cinco artículos al tráfico de droga en Monclova y sus alrededores. En ese entonces, Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila, dijo que el secuestro era un método utilizado frecuentemente por los narcotraficantes para intimidar a los medios de comunicación.

Tres años después, el 25 de mayo de 2009 encuentran muerto a Eliseo Barrón Hernández, un reportero del diario La Opinión y Milenio, en Torreón, que tenía 11 años realizando coberturas policiacas en la región.

Durante su funeral, diversas mantas con mensajes amenazantes a otros comunicadores aparecieron frente al edificio de la empresa Televisa Laguna y otro más a un costado de una estación de radio, en Torreón.

Luego, el 11 de junio de ese año, elementos del Ejército Mexicano detuvieron en un puesto de control en Gómez Palacio, Durango a un grupo de civiles que traían armas y droga que después confesaron haber asesinado al reportero por órdenes de un capo para “darles un escarmiento a los comunicadores de La Laguna y que no se metieran con el trabajo que (los delincuentes) realizan”, reveló en sus declaraciones ministeriales Israel Sánchez Jaime, uno de los presuntos responsables del homicidio y recluido en un penal de Coahuila.

INICIA “ERA NEGRA”

El 19 de agosto de 2009 el diario El Siglo de Torreón sufrió por primera vez los ataques de la delincuencia organizada. En esa ocasión el saldo fue únicamente de algunas ventanas quebradas y daños en la fachada y no se reportaron personas lesionadas.

En ese entonces, directivos de la empresa informativa desconocieron los motivos por los que se perpetró el ataque, pues “aseguraron que en el manejo cotidiano de la información relacionada con el crimen organizado han evitado profundizar sobre identidades de las bandas que se disputan el control de territorios en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango”, informó el diario La Jornada en esa fecha.

El 26 de julio de 2010, durante la cobertura de una protesta de reos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 de Gómez Palacio, Durango, un grupo de civiles armados secuestró a los reporteros: Javier Canales

Fernández, de Multimedios Laguna; Héctor Gordoa, enviado especial de Televisa; Alejandro Hernández Pacheco, camarógrafo de Televisa, y Óscar Solís, de El Vespertino.

La célula criminal que se atribuyó el secuestro condicionó la liberación de los periodistas a que Milenio Diario —perteneciente a Grupo Multimedios— difundiera tres videos acerca de la cobertura del penal.

LA AUTOCENSURA, UN ESCUDO SALVAVIDAS

La violencia contra periodistas en la primera década de este siglo no sólo trastocaba la Comarca Lagunera, sino que llegó a la capital coahuilense. El 7 de enero de 2010, Valentín Valdés Espinosa, reportero del periódico Zócalo Saltillo, fue privado de la libertad sobre el bulevar V. Carranza a la altura de la colonia República. Junto a él los maleantes se llevaron a 2 reporteros más que después fueron liberados.

El cuerpo de Valentín Espinosa fue hallado horas después frente al hotel Marbella, con cinco disparos y un mensaje amenazante en el pecho: “Esto les va a pasar a los que no entiendan. El mensaje es para todos”.

En enero de este año esa casa editora publicó que siete años después del asesinato del reportero la averiguación previa continúa abierta, aunque sin ningún avance y sin culpables.

“La carpeta de investigación que inició la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en torno a este delito continúa abierta sin ser aclarado hasta ahora, así como tampoco se ha procesado a ningún sospechoso por su asesinato?, señala en una publicación del 8 de enero pasado.

En marzo del 2011 un grupo de civiles armados secuestró a uno de los editores de Vanguardia para ordenarle no publicar ni una palabra de la violencia que cimbraba la ciudad. Un par de meses después, el 29 de mayo del 2011, las instalaciones del periódico fueron atacadas con una granada de fragmentación y sitiadas por hombres armados durante más de 30 minutos. Los daños en esa ocasión únicamente fueron materiales.

Mientras tanto, la madrugada del 15 de noviembre de 2011 un grupo de civiles armados ataca nuevamente las instalaciones de El Siglo de Torreón al incendiar un automóvil frente a la fachada principal y disparando con armas de grueso calibre a una oficina de ventas. Pese al ataque, no hubo víctimas.

Luego, el 25 de abril de 2013, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años y fotógrafo de Sociales de Vanguardia, es asesinado y su cuerpo desmembrado. Para el 21 de octubre de 2013 varios civiles armados arrojan una bomba molotov a la caseta de vigilancia de Grupo Milenio Laguna en Torreón, sin que se presenten pérdidas humanas, únicamente con saldo de daños materiales.

En aquella violencia extendida hasta marzo de 2014, otros dos editores de Vanguardia fueron amenazados y acudieron ante la FEADLE, quienes les asignaron un botón de pánico después de un año después.

POCOS RESULTADOS DE AUTORIDADES

A cuatro años de la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres y Periodistas en Coahuila se han atendido seis casos de agresiones cometidas en contra de reporteros.

Según Martha Rosario Rivera Hernández, directora General de Investigaciones Especiales de la Procuraduría de Justicia (PGJE), la mayoría de los reportes ha estado relacionada con la cobertura de hechos que contienen evidencias en cámaras fotográficas, teléfonos celulares y otras herramientas periodísticas. Sin embargo, todos los reportes atendidos tanto los reporteros como la contraparte han llegado a convenios para la reparación del daño.

“Hasta ahora se han resuelto bien todos los casos; no nos han tocado casos difíciles donde haya habido agresiones graves o que se haya tratado de un ataque grave relacionado con una nota periodística”, argumentó Rivera Hernández.

De los 6 casos, en 2014 no se presentó ninguno, 2 ocurrieron el año pasado y el resto se reportó durante 2016.

Uno de ellos fue el de la periodista Gloria Ruiz García, agredida en Acuña quien a finales de marzo fue víctima de amenazas, acoso y hostigamiento por denunciar los permisos irregulares para conducir vehículos ilegales en el país.

“Sí ha cambiado mucho la percepción de las personas cuando se trata de un periodista porque ya empiezan a tener un conocimiento de la libertad de expresión. Son casos que ocurren en el momento, porque llega el periodista a realizar su trabajo y las personas involucradas reclaman que les toman fotografías, por lo que en algunos momentos ha habido empujones o buscan dañar el equipo y en ese momento sucede el altercado”, relató.