Washington, 28 Jul (Notimex).- La intercepción de comunicaciones electrónicas por el gobierno de Estados Unidos afectó la libertad de expresión, generando un efecto intimidatorio en potenciales fuentes de información y aún el derecho a la defensa legal reveló un informe.
“Buscando proteger a sus fuentes, los periodistas están ahora adoptando nuevas y elaboradas técnicas de trabajo, incluyendo programas de computo encriptados y el uso de teléfonos desechables”, dijo en conferencia de prensa Alex Sinha, autor principal del informe y experto del Human Rights Watch (HRW).
De acuerdo con el documento, las intercepciones, sumadas a la falta de transparencia del gobierno genera un clima de incertidumbre en el trabajo de periodistas especializados en temas de seguridad nacional, en detrimento de algunos derechos básicos para una democracia plena.
El informe, realizado conjuntamente con la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) fue elaborado a partir de entrevistas con 50 periodistas estadunidenses, la mayoría especializados en temas de seguridad nacional, abogados y altos funcionarios del gobierno.
María McFarland Sánchez Moreno, Subdirectora de HRW para Estados Unidos dijo que la intención detrás del informe fue mostrar de manera muy concreta, algunos de los daños que las interceptaciones causan a la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la asistencia legal.
“El debate en torno a las intercepciones en Estados Unidos se ha centrado en el tema de la privacidad, el derecho de la gente a tener comunicaciones privadas, pero esos derechos son bastante abstractos”, indicó en entrevista.
McFarland indicó que en el caso de los periodistas, el informe mostró que debido a estos programas de intercepción de comunicación, las fuentes de información están desapareciendo.
“Debido al temor que sus comunicaciones puedan ser interceptadas y que las fuentes puedan ser luego procesada penalmente o que puedan perder su trabajo”, señaló.
“Las fuentes ya no quieren hablar con los periodistas, incluso sobre temas que no son secretos, y eso ha generado un gran problema para los periodistas”, refirió.
Sinha dijo que en el caso de los abogados, expresaron la misma frustración que los periodistas para realizar su trabajo, sin el temor de que sus conversaciones confidenciales con clientes sean interceptadas, y en algunos recurrir a las mismas técnicas de los primeros.
Destacó que bajo la administración Obama, el Departamento de Justicia realizó ocho casos criminales derivados de filtraciones a periodistas, en contraste con los tres casos registrados en administraciones anteriores.
“De manera adicional, desde el 2011 el gobierno ha implementado el programa ‘Amenaza Interna’ que entre otras cosas requiere a los funcionarios federales denunciar a sus pares sospechas de comportamiento que quizá reflejen la intención de filtrar información a la prensa”, explicó.
McFarland insistió que el informe de ninguna manera sugiere que el gobierno no debe guardar secretos de seguridad nacional, “creemos que puede tomar medidas que incluyan las intercepciones electrónicas con ese fin, pero esa medidas siempre tienen que ser proporcionales para ese objetivo”.
En contraste, dijo lo que se ha visto es que el gobierno ha pasado a capturar información de manera indiscriminada “simplemente para tenerla ahí, y sin demostrar que estas intercepciones tengan algo que ver con la seguridad nacional”.
“Todos sufrimos como resultado de eso porque en la democracia de este país, la población necesita tener acceso información sobre lo que está funcionando para que puedan obligar al gobierno a tomar medidas. Es la única forma en que la democracia puede funcionar realmente”, indicó.
