En un comunicado, HRW aseguró que el fracaso de Arabia Saudí y otros miembros de la alianza en investigar los posibles bombardeos ilegales en el Yemen demuestran la necesidad de que la ONU cree una comisión para esclarecer lo sucedido.

El ataque aéreo tuvo como blanco un complejo residencial de los ingenieros de la planta de electricidad de Moja, ubicada en la costa del mar Rojo, en la provincia de Taiz.

El experto de emergencia de HRW, Ole Solvang, afirmó en la nota que este bombardeo “no tuvo un evidente objetivo militar y parece ser un crimen de guerra”.

Los trabajadores y residentes de la zona aseguraron que en la planta, construida en 1986, no había presencia de rebeldes hutíes ni de otras fuerzas militares aliadas.

El complejo, en el que vivían unas 200 familias, resultó gravemente dañado, con el colapso de los techos de dos edificios y los muros de decenas de pisos.

En total se registraron nueve ataques en un intervalo de unos pocos minutos, que dejaron varios cráteres en el suelo.

Una testigo, Wayida Ahmed Nayid, de 37 años, detalló en el informe de HRW que al tercer bombardeo el edificio entero empezó a colapsar y huyeron a la playa.

HRW insistió en que los gobiernos implicados en un conflicto deben investigar los crímenes de guerra cometidos por sus militares y llevarlos ante la justicia.

Además de a la coalición árabe, la organización internacional también acusó a los rebeldes hutíes de crímenes de guerra por haber atacado a civiles en estos cuatro meses de conflicto.

La alianza encabezada por Riad comenzó a bombardear las posiciones de los hutíes a fines de marzo, con el objetivo de frenar el avance de los insurgentes hacia el sur del país.