Una delegación del Gobierno mexicano y otra de los padres de los 43 estudiantes han mantenido reuniones en Washington desde el miércoles con la CIDH, y el pleno de ese organismo podría decidir mañana sobre la formación del esquema de seguimiento a las medidas cautelares acerca del caso.
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Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo/EFE).– Madres y padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa hace 22 meses exigieron justicia frente a la Casa Blanca durante su visita a Washington, Estados Unidos, donde esperan la conformación de un mecanismo de seguimiento al caso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidirá probablemente mañana sobre un mecanismo de seguimiento al caso de los 43 estudiantes que actuará sin límites temporales y que posiblemente hará cuatro visitas a México de aquí a marzo, informó el Gobierno mexicano.
Una delegación del Gobierno mexicano y otra de los padres de los 43 estudiantes han mantenido reuniones en Washington desde el miércoles con la CIDH, y el pleno de ese organismo podría decidir mañana sobre la formación del esquema de seguimiento a las medidas cautelares acerca del caso.
Esta mañana los padres denunciaron ante la CIDH que a casi dos años de aquella noche en Iguala no hay indicio del paradero de sus hijos, y que la investigación del caso está empantanada.
A la llegada de la delegación mexicana, activistas que acompañaron a los padres protestaron contra las autoridades.
En redes sociales difundieron un video donde gritan: “¡Asesinos, asesinos!”.
“¡No fue uno, tampoco fueron tres, queremos de regreso a los 43”, gritaron afuera del edifico de la CIDH.
Los padres de los normalistas de Ayotzinapa entregaron cientos de firmas que apoyan su demanda de la conformación del mecanismo de seguimiento.
El 3 de octubre de 2014 la CIDH emitió medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de 43 estudiantes desaparecidos, así como de los heridos.
Éstas se resumen en cuatro solicitudes: que el Estado adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes con el propósito de proteger su derecho a la vida y a su integridad personal; que adopte las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de los heridos; que acuerde las medidas que se deben adoptar con los beneficiarios de las medidas cautelares y que informe sobre la investigación de los hechos que dieron origen a la medida cautelar.
“Esperamos que la Comisión recoja los acuerdos (entre el Gobierno y los familiares) y que mañana se presenten estos a las dos partes para que todos estemos de acuerdo”, dijo hoy en una conferencia de prensa el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Miguel Ruiz Cabañas.
El mecanismo se dedicará a dar seguimiento a las cuatro medidas cautelares dictadas por la CIDH en 2014 sobre el caso, y su actuación será indefinida en el tiempo, con lo que terminará solo si la Comisión levantará esas medidas que exigen al Estado avanzar en la investigación y asistir a las víctimas, entre otras cosas.
“Lo que estamos planteando no tiene una temporalidad definida”, al contrario que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aseguró otro miembro de la delegación mexicana, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.
Es probable que el mecanismo siga actuando incluso después de que el Presidente Enrique Peña Nieto deje el poder en un futuro, dado que durará hasta que la CIDH considere que ya no es necesario mantener las medidas cautelares.
“La experiencia muestra que casos como este tienen periodos de atención que trascienden a las Administraciones”, indicó Campa.
El mecanismo estará encabezado por el presidente de la CIDH y relator encargado de México, el estadounidense James Cavallaro, u “otro comisionado” que él nombre y reforzado por “asesores técnicos” que lo apoyarán dado lo complicado del caso, dijo Campa.
“Habrá visitas suficientes a México, hemos convenido de aquí a marzo que puede haber cuatro visitas”, explicó el subsecretario.
Según lo adelantado por el Gobierno, los asesores técnicos no vivirán en México, sino que “harán visitas” al país, “pero no habrá limitación en la duración y la frecuencia” de su estancia, en palabras de Ruiz Cabañas.
En marzo de cada año se hará “una evaluación anual de cómo va” el mecanismo, durante la reunión de la CIDH en su periodo de sesiones ordinario, detalló Ruiz Cabañas.
El comisionado y sus asesores “tendrán acceso pleno a los expedientes de la investigación, y también tendrán acceso a otros expedientes en lo que se refiere a la búsqueda de los estudiantes y en lo que se refiere a la atención a víctimas”, agregó.
“No habrá ninguna limitación de investigación y podrán solicitar a las autoridades toda la información que consideren necesaria”, subrayó el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los funcionarios mexicanos destacaron que la investigación sobre lo ocurrido en Iguala sigue en curso, que se están persiguiendo diferentes líneas de pesquisa y que siguen respondiendo a las peticiones del GIEI a pesar de que éste concluyó ya su mandato.
“Tenemos la expectativa de que esto (el nuevo mecanismo de la CIDH) le dé mayor certidumbre a todas las partes (…), se haga justicia y se sancione a los responsables”, aseguró Ruiz Cabañas.
Según la versión oficial de lo ocurrido en septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron sus restos en un basurero.
Esta teoría ha sido puesta en duda por organismos internacionales como los expertos del GIEI nombrados por la CIDH, que tras meses colaborando en el caso presentaron en abril un informe donde denunciaron graves fallos en las investigaciones.
