El Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (Nima, AC) sostuvo que testimonios de víctimas coinciden en que en diversas ocasiones intentaron denunciar ante el DIF y ministerios públicos de la violencia y el abuso que se cometión en el llamado “centro de atención” para menores Ciudad de los Niños, en Salamanca, Guanajuato. Pero “la respuesta siempre fue: ‘esto ya lo sabemos, no es la primera vez que nos lo dicen, pero no podemos hacer nada'”.

Si el mismo DIF y las diferentes instancias reconocían que ya tenían conocimiento de esos crímenes, es un reconocimiento de su omisión, dijo Rebeca Aguayo Sánchez, integrante de ese grupo civil, quien añadió que incluso ahora algunos testigos tienen temor de hablar, pues afirman hay un contubernio entre las autoridades gubernamentales y la Iglesia católica, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia.

En tanto, autoridades de la entidad, tanto del DIF como de la Procuraduría de Justicia, pidieron “paciencia” y darles oportunidad de seguir los protocolos administrativos y legales para agotar las investigaciones contra el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, señalado como el presunto responsable de esta red de abuso que, de acuerdo con Organizaciones No Gubernamentales, también incluye la trata de niñas y la sospecha de venta de bebés.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– El Gobierno de Guanajuato, cuyo titular es el panista Miguel Márquez Márquez, debe responder por las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes cometidas dentro del centro de cuidado para menores la Ciudad de los Niños en Salamanca, dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, exigió el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato AC (Nima).

El pasado 11 de julio salió a la luz que en la asociación civil Ciudad de los Niños, a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, en Salamanca, Guanajuato, infantes y adolescentes fueron víctimas de abusos sexual, físico, emocional y psicológico.

En entrevista para SinEmbargo, Rebeca Aguayo Sánchez, integrante de dicha organización, insistió en que las autoridades de Guanajuato han sido “omisas” y con ello se refirió a la falta de regulación y supervisión de este tipo de espacios, de acuerdo con lo que establece la Convención de los Derechos del Niño adoptada en México desde 1990, así como a las directrices de cuidados alternativos creadas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización  de las Naciones Unidas (ONU) que deben ser implementadas en todos los centros de asistencia de acogida residencial.

José Alfonso Borja Pimentel, director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato (DIF), afirmó que durante 2016, la institución realizó cuatro visitas multidisciplinarias y en algunas de ellas se dieron “hallazgos” a los que actualmente se les da seguimiento.

Además expuso que desde el 12 julio –un día después de que medios de comunicación dieran a conocer el caso de violación a los derechos de la infancia– el DIF estatal tomó las riendas del la Ciudad de los niños, en apego a una medida de protección dictada por la Procuraduría de Protección de los Niños Niñas y Adolescentes, aceptada por los administradores anteriores.

“Prácticamente estamos de manera permanente dentro del lugar y estaremos atentos a atender a los niños, niñas y adolescentes de manera integral”.

Datos de 2015 citados por Borja plantean que Guanajuato cuenta con 45 centros de alojamiento para niñas, niños y adolescentes, todos ellos administrados por asociaciones civiles y ninguno por el Estado; sin embargo, dijo, cuentan un programa de fortalecimiento para las organizaciones no gubernamentales.

OMISIONES Y CONTUBERNIO

Rebeca Aguayo aseveró que dichas omisiones no corresponden únicamente al actual Gobierno, sino datan de administraciones pasadas, señaló, por ejemplo, que testimonios recogidos por la asociación a la que pertenece apuntan que desde la administración del también panista Juan Manuel Oliva Ramírez, de 2006 a 2012 comenzaron las denuncias, la primera, en 2008.

“Ya se tenía conocimiento de los maltratos y la violencia por denuncias interpuestas por familiares de las víctimas. Ya hay muchos antecedentes de denuncias, de conocimiento, frente a las que el Estado ha sido omiso”, destacó.

La activista agregó que con el panista Márquez Márquez, en el Gobierno de Guanajuato se ha repetido el mismo patrón que obedece a la falta de regulación y supervisión de los centros.

En la sentencia del juicio de amparo 475/2016-VII –emitida el 10 de marzo de 2017 y que puso en evidencia el maltrato cometido contra los menores de edad en la Ciudad de los Niños AC– se plantea que en una denuncia presentada el 4 de febrero de 2008 ante el DIF de Salamanca, Guanajuato, una madre de familia se acercó a pedir apoyo, ya que en el centro se encontraba su hijo y no le permitían verlo, no obstante, le comentaron que el sacerdote encargado de esas asociaciones civiles “estaba muy fuerte y que si ella iba en contra de él iban a bloquear cualquier trámite y afectar incluso sus oficinas”.

Al respecto, Manuel Ángel Hernández Hernández, subprocurador de Investigación Especializada de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, dijo a este medio que se trata de carpetas de averiguaciones previas “que han sido resueltas en su momento” y aseguró que la primera denuncia que recibió la instancia fue en marzo del año pasado.

“Nosotros lo que hacemos es que actuamos en el momento en que se nos da aviso, no es tanto que tengamos conocimiento, cuando nos avisan es cuando comenzamos a actuar. De manera anónima nos avisan en marzo de 2016 que los niños sufrían maltrato. Se realizó un cateo, hemos recabado información y entrevistas a menores”, explicó.

¿Qué han hallado durante la investigación?, se le preguntó.

“No es un momento oportuno para decir qué hemos encontrado porque esto todavía no termina. No es que no quiera decirle, sino que la misma Ley me lo prohibe”, respondió.

No obstante, Aguayo sostuvo que testimonios de víctimas coinciden en que en diversas ocasiones intentaron denunciar ante el DIF y ministerios públicos, pero, “la respuesta siempre era: ‘esto ya lo sabemos, no es la primera vez que nos lo dicen, pero no podemos hacer nada’. Si el mismo DIF y las diferentes instancias reconocían que ya tenían un conocimiento están siendo omisos frente a esas situaciones que vulneran los derechos del niño”.

Por si fuera poco, Aguayo Sánchez aseveró que las víctimas y algunos testigos tienen temor de hablar, pues, señalan un contubernio entre las autoridades gubernamentales y la iglesia, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia.

Por ello, hizo un llamado a crear una ruta de acceso a la justicia y a fin de que no se convierta en “un caso más de impunidad en el estado de Guanajuato, en México, y al contrario, que el Gobiernos sea capaz de demostrar que tiene las herramientas para hacer justicia y sobre todo prevenir que vuelvan a pasar este tipo de situaciones con la niñez”.

“Las víctimas con las que se ha tenido contacto tienen mucho miedo, hablan de que este personaje, [el sacerdote] Pedro, tiene muchos vínculos, está protegido, tiene mucho poder y nunca le han podido hacer nada, pese a las diferentes denuncias que ha habido. La misma comunidad reconoce que existe este tipo de relación de poder con diferentes actores que da pauta a que no se haga nada, a que no exista justicia”.

Otro de los testimonios –el de un ex seminarista que perteneció a Ciudad de los Niños– reveló que existe una “fuerte vinculación” con algunos actores políticos, como el Presidente de México Vicente Fox Quesada, además de Juan Carlos Romero Hicks y Juan Manuel Oliva –ambos ex gobernadores de Guanajuato que antecedieron a Márquez–, quienes “apadrinaban” a algunos niños y destinaban fondos para el funcionamiento de sus espacios, expuso Ima.

“En su calidad de gobernadores [Romero Hicks, Oliva y Márquez] y de Presidente de la República [en el caso de Vicente Fox], es muy preocupante que no hayan visto el fondo y que no reconocieran cómo es la dinámica y el modelo en función de sus capacidades y de sus obligaciones como funcionarios públicos ante casos de abuso de menores, como el de la Ciudad de los Niños”, criticó.

En este tenor, los funcionarios consultados por este medio se reservaron opinión alguna. Unicamente, el subprocurador Pimentel aseguró que la dependencia para la que trabaja “no tiene relación con nadie. Nosotros siempre debemos de adaptar una apertura del todo legal, debemos de guardar objetividad en nuestras indagaciones y debemos de actuar”.

También se le preguntó si los niños tendrán acceso a la justicia y los responsables serán castigados.

“Si en alguna de las indagaciones que tenemos resultara responsabilidad del sacerdote, se actuará en contra del sacerdote. Pero, esto se sabrá hasta que las investigaciones finalicen”, insistió el funcionario local.

“La Procuraduría procurará que se haga lo correcto. [Pedimos] que nos tengan poquito de paciencia mientras culminamos esto, cuando culmine se actuará conforme a derecho”, concluyó.