Las deficiencias ministeriales en la integración de la carpeta de investigación contra el ex Gobernador de Veracruz, extraditado el lunes 17 de julio y la decepcionante actuación del Ministerio Público federal en la audiencia inicial, hacen peligrar la causa penal federal e incentiva el descrédito hacia la justicia mexicana. En Panamá y en Italia avanzan los procedimientos de extradición contra los ex mandatarios de Quintana Roo y Tamaulipas, Roberto Borge y Tomás Yarrington.
Por Luis Carlos Sáinz
Baja California/Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo/Zeta).- Javier Duarte de Ochoa sabía a lo que le tiraba cuando a finales de junio, en Guatemala, se acogió voluntariamente a la extradición a México. Sus abogados le tenían al tanto de las pifias que obraban en la carpeta de investigación integrada por delitos federales en su contra. Nueve meses no bastaron para que la Procuraduría General de la República (PGR) articulara una indagatoria bien sustentada contra el ex Gobernador de Veracruz.
Duarte, también abogado, calculadoramente jugó sus cartas y sabía que el delito de delincuencia organizada sería el único que podría mantenerle en prisión preventiva oficiosa. No así el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tampoco los cinco cargos que obran en su contra en dos causas penales en Juzgados del fuero común en Xalapa, Veracruz.
El ex mandatario y sus avezados defensores, quienes han representado en juicios y averiguaciones a políticos y ex líderes sindicales como Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia y José Ángel Gurría, había calculado su estrategia. Quizá lo que no tenía presupuestado fue la patética actuación, incapacidad e ineptitud de los agentes del Ministerio Público de la Federación asignados por la PGR para formularle imputaciones.
El antiguo sistema penal mixto tradicional mostraba los yerros o la mala integración de las averiguaciones previas a mediano o largo plazo, pues aun cuando eran visibles a las primeras de cambio, los juzgadores eran comparsa de las fiscalías para mantener por algún tiempo en prisión a los imputados. Hoy el nuevo sistema de justicia acusatorio, a través de sus principios de publicidad, inmediación, contradicción, concentración y continuidad, y desde luego la oralidad, desnudan en las audiencias cualquier torpeza.
Los representantes sociales se dieron la exhibida de su vida al desconocer el contenido de los señalamientos, los montos del supuesto lavado de dinero y los documentos que amparaban los datos de prueba dentro de la indagatoria. El juez se encargó de enfatizar la falta de capacitación de los funcionarios de PGR en el nuevo sistema y su desconocimiento sobre el caso concreto. Situación que podría incidir en el resultado, al dictarse la audiencia de vinculación mañana sábado 22 de julio.
El grave descrédito social del órgano investigador y persecutor de los delitos en México por la abominable actuación de sus fiscales en el asunto Duarte, pretendió ser minimizado tanto por la PGR, como por la Secretaría de Gobernación (Segob).
En la Procuraduría General de la República se dijo que las “imprecisiones” registradas durante la audiencia son ‘‘irrelevantes en esta etapa del proceso’’, mientras que el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió esperar el resultado del proceso que realiza el Ministerio Público contra el ex Gobernador veracruzano, pues “el asunto apenas inicia”.
Para atenuar la tempestad, la PGR informó que investiga en bancos de Suiza la presunta existencia de cuentas bancarias en las que Moisés Mansur, etiquetado como prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, habría transferido parte de los 223 millones de pesos que recibió de la venta de terrenos del Ejido Lerma, en Campeche, al Consorcio Brades, a sobreprecio.
ADEMÁS
EXTRADICIÓN Y AUDIENCIA
Como estaba previsto, y una vez cumplido el protocolo del procedimiento de extradición internacional, el ex Gobernador de Veracruz que estuvo preso en Guatemala durante 93 días, fue entregado a nuestro país por las autoridades centroamericanas. El traslado ocurrió por la mañana, a bordo de una aeronave de la PGR y el arribo al aeropuerto de la Ciudad de México fue a las 12:23 pm. Ataviado con un chaleco blindado, Duarte de Ochoa fue llevado de inmediato al Reclusorio Norte para ser presentado ante el Juzgado que le reclamaba mediante orden de aprehensión.
El ex mandatario fue ingresado a una camioneta que en convoy con otra serie de automotores “placosos”, desfilaron desde la terminal aérea hasta el penal, donde decenas de periodistas aguardaban su arribo y, confundidos por la cantidad de unidades con vidrios polarizados, no atinaron identificar al objetivo. Horas más tarde, tras el trámite de ingreso y filiación penitenciaria, Javier Duarte compareció ante el juez de control, quien le notificó de la causa abierta en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Nueve minutos fueron suficientes para que Marco Antonio del Toro Carazo, abogado del ex Gobernador y su equipo de defensores, le pusieran “hielo” a la audiencia inicial. Solicitaron un receso de una hora para analizar la carpeta de investigación y sus anexos, contenidos dentro de tres cajas, información a la que el Ministerio Público federal les había negado el acceso.
Una vez reanudada la audiencia, el juzgador invitó a los fiscales a exponer su “teoría del caso”. Un agente del MPF afirmó que durante su gestión como Gobernador de Veracruz, Javier Duarte encabezó una organización delictiva que operó en esa entidad, Ciudad de México y Campeche, y facilitó recursos económicos que desvió a través de transacciones bancarias para establecer empresas “fachada”.
Duarte de Ochoa solicitó al juez que los fiscales desglosaran cada hecho que le imputaban y de forma detallada precisaran el tiempo de la presunta comisión de los delitos para establecer sí ya era Gobernador en funciones. Los representantes sociales se mostraron erráticos y contrariados, poniéndose a buscar la información solicitada en los diversos legajos de las tres cajas, durante aproximadamente una hora.
Los fiscales variaron las cantidades económicas que anteriormente otros de sus compañeros de la PGR habían expresado en audiencias de otros coacusados del ex mandatario. Lograron sumar 38 millones de pesos presuntamente desviados del erario público por el priista en la transacción de 21 parcelas en el Ejido Lerma, en Campeche, y no los 438 millones de pesos que inicialmente eran objeto de la acusación. También fallaron en las fechas de los hechos, asegurando que habían sucedido entre 2010 y 2011, cuando Duarte aún no asumía la gubernatura.
En respuesta, Marco del Toro hizo notar la diferencia de cifras y el desconocimiento de los “emepés” sobre el asunto. El juez asintió lo evidente y dijo que efectivamente “los números no cuadraban” y no habían sido capaces de responder a preguntas sencillas formuladas por la defensa. “Es evidente la dificultad para encontrar los datos que les están siendo requeridos”. La audiencia concluyó.
Con toda seriedad, el abogado Del Toro Carazo declaró a los medios de comunicación sobre la debilidad de la causa penal: “Una acusación que le hemos encontrado flaquezas impresionantes desde un punto de vista jurídico. El Gobierno Federal hizo unos planteamientos que respetamos, pero no compartimos, creo que es una acusación que como siempre, pretenden abusar de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero”.
DECLARACIONES Y ENCIERRO
El mismo día que el ex Gobernador de Veracruz llegó a México, su equipo legal promovió un juicio de garantías contra dos órdenes de aprehensión dictadas en su contra en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa. Los mandamientos de captura están registrados bajo las causas criminales 38/2017 y 56/2017. El Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional del acto reclamado, a cambio de una garantía de 6 mil pesos.
El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, negó que las órdenes de aprehensión contra Duarte, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, hayan sido canceladas. Aclaró que el hecho de que le hayan concedido la suspensión provisional de la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas no significa que le hayan concedido el amparo.
Este segundo hecho, conocido el martes 18 durante la mañana, junto con la frustrante actuación de los fiscales durante la audiencia del día anterior, motivaron la reacción de diversos ámbitos. En redes sociales se replicaban las cabezas de los diarios que en primera plana dieron a conocer la torpeza de la autoridad ministerial y después se volvió viral el hashtag “#DuarteExhibe”.
Legisladores de las fracciones del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, fustigaron a la PGR por la capacitación y capacidad de sus funcionarios en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Coincidieron al acusar a la Procuraduría General de la República como ente del sistema gubernamental emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de integrar mal intencionalmente la carpeta de investigación en contra de Javier Duarte para favorecerle, ya sea liberándole de prisión o para que purgue una condena menor por sus delitos.
Por su parte, el secretario de Salud, José Narro Robles, aseguró que los cargos federales contra el ex Gobernador de Veracruz podrían incrementarse, pues hay 23 denuncias penales en su contra por desvíos de recursos correspondientes a programas sociales, abasto e infraestructura en esa entidad. Duarte deberá comprobar el destino de más de 650 millones de pesos, aseguró el doctor.
Durante la audiencia de vinculación, también se resolverá sobre la prisión que albergará a Javier Duarte durante el proceso. Es decir, si permanecerá en el Reclusorio Norte capitalino o se le trasladará a un penal federal, en este caso, el Centro Federal Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos, propuesto por el Ministerio Público federal. Al respecto, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que de ocurrir el traslado, el imputado recibiría medidas de vigilancia especial.
El Gobierno de la Ciudad de México expresó que el ex mandatario está internado en un área del penal donde no convive con otros reos, no cuenta con privilegios y es observado las 24 horas por personal de seguridad penitenciaria. Sin embargo, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, se manifestó a favor de que el recluso sea enviado a una cárcel del sistema federal, pues el Reclusorio Norte “no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias” para mantener preso a un personaje como Duarte.
BORGE Y YARRIGTON TAMBIÉN SE DEFIENDEN
Preso en Panamá, el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dio muestra del “músculo” legal de sus defensores en México, quienes tramitaron un juicio de amparo para evitar la ejecución de órdenes de aprehensión, comparecencia o arraigo en contra de su cliente y le dieron la noticia de que le fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado.
Sometido a procedimiento de extradición internacional para que en México se determine su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Borge exhibió a través de sus abogados una garantía por 59 mil pesos para que surta efectos la protección parcial.
El fiscal general en Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, aclaró que la resolución del Juzgado de amparo, que aún no resuelve el fondo de la litis constitucional, no significa que el ex mandatario vaya a ser puesto en libertad cuando pise suelo mexicano, sino que en este momento no se ejecutaría dicha orden de aprehensión.
Según Pech, la fiscalía bajo su mando ha cumplido ante las autoridades federales para presentar las carpetas de investigación sobre los delitos imputados a Roberto Borge y actualmente transcurre el plazo de 60 días hábiles para la presentación de solicitud formal de extradición ante el gobierno de Panamá.
En caso de que el ex Gobernador quintanarroense no se allane a la extradición y prosiga el procedimiento internacional, su entrega a México ocurriría entre diciembre de este año y febrero de 2018.
Mientras tanto, en una audiencia desahogada en Italia, el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, insistió en su inocencia y declaró ser un perseguido político. Dijo que las imputaciones por delincuencia organizada y delitos contra la salud, formuladas por México y Estados Unidos, no tienen sustento ni pruebas fehacientes.
En la diligencia, las autoridades judiciales del Tribunal de Apelación de Florencia estimaron que la decisión sobre la entrega o no del ex Gobernador mexicano podría realizarse el próximo 21 de septiembre.
Yarrington fue detenido el 9 de abril del año en curso en el país europeo, y permanece encarcelado en espera de la extradición.
ADEMÁS
