Las tierras dominadas por la delincuencia en Guerrero son: Tierra Caliente, colonias periféricas de Acapulco, corredor Chilapa-Chilpancingo, la Costa grande e Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas. En 2017, el año más violento en la historia reciente en el país, hubo 2 mil 318 homicidios dolosos en la entidad.

Abel Barrera, del Centro Tlachinollan, documentó que en la década de los 90 surgió el proyecto de la policía comunitaria en los pueblos indígenas de Guerrero, lo cual está muy arraigado en su forma de vivir y es un modelo legal. Pero ante el crecimiento de la delincuencia en diferentes regiones donde no se rigen por estos usos y costumbres, emergieron las autodefensas como una respuesta directa de las comunidades que decidieron contener la delincuencia que atenta contra su seguridad y patrimonio..

El activista dijo que la reforma al artículo 14 de la Constitución local relacionada con la Policía Comunitaria que aprobó este viernes el Congreso local, “es un golpe a la lucha de los pueblos indígenas de Guerrero porque les niegan el estatus que a nivel internacional tienen”.

Por Rosalba Ramírez y Zacarias Cervantes

Chilpancingo, Guerrero/Ciudad de México, 27 de julio (ElSur/SinEmbargo).– Con 41 votos a favor y uno en contra, el pleno del Congreso local aprobó la reforma que envió el Gobernador Héctor Astudillo Flores al artículo 14 constitucional en material de reconocimiento de los pueblos originarios.

En el texto aprobado por el Congreso local, con 41 votos a favor y uno en contra, se eliminan las palabras “policías comunitarias y rurales” del artículo constitucional, que rige a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.

La reforma aprobada establece que las resoluciones que emitan estos sistemas comunitarios las van a conocer los jueces del Poder Judicial estatal; así como que aunque los pueblos y comunidades tienen su libre determinación, las autoridades comunitarias no tiene la autorización de realizar actuaciones arbitrarias con el pretexto de investigar un hecho presuntamente delictuoso.

También indica que no se deberá argumentar que siguen los usos y costumbres para justificar sus actos, ya que su autonomía en la Administración debe ser acorde con el orden jurídico vigente.

La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos presentó al pleno un dictamen en el que se establece que los jueces del Poder Judicial del estado tendrían que validar las resoluciones de los sistemas de justicia comunitarios, y después de esta propuesta varios diputados, de PRD y MC, afirmaron en tribuna que era menos violatoria a los derechos indígenas la propuesta del Gobernador, que fue la que finalmente se aprobó.

Solamente la diputada local por Morena, María de Jesús Cisneros Martínez votó en contra de dicha aprobación.

GOLPE A LA LUCHA INDÍGENA

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, declaró que la reforma al artículo 14 de la Constitución local relacionada con la Policía Comunitaria que aprobó este viernes el Congreso local, “es un golpe a la lucha de los pueblos indígenas de Guerrero porque les niegan el estatus que a nivel internacional tienen”.

Consultado vía telefónica advirtió que en los hechos, los pueblos originarios van a desconocer esa reforma y se van a regir con lo que ya está establecido en la Constitución federal y en las leyes internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Es un golpe a la lucha de los pueblos indígenas de Guerrero en cuanto a que se les niega el estatus que a nivel internacional ya se les reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, el derecho a su autonomía, a su libre determinación, y, sobre todo, a ejercer sus propios sistemas normativos y en la aplicación de su sistema de justicia y seguridad”, declaró Barrera Hernández.

El 29 de junio del año pasado, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y organismos como Tlachinollan entregaron a la fracción del PRD, Movimiento Ciudadano y a la Diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, su propuesta de reformas a la Constitución local en la que propusieron el reconocimiento de la CRAC y de su Policía Comunitaria en la carta magna, el derecho a la consulta, al uso y disfrute colectivo de sus tierras, la revocación de mandato y que se garantice el derecho a la salud y a la educación.

Sin embargo ayer, los diputados locales aprobaron la iniciativa que envió el Gobernador Héctor Astudillo Flores y no la de la CRAC con el respaldo de organizaciones

Para el director de Tlachinollan la iniciativa que se aprobó “es un golpe al mismo Estado de Derecho que queremos que impere en la entidad, precisamente por esa debilidad de las instituciones de seguridad y justicia que están colapsadas, corroídas por la corrupción y que lamentablemente los mismos diputados por consignas políticas y por visiones cortas, miopes y mezquinas, siguen decidiendo a contrapelo de las conquistas históricas”, dijo.

Añadió que esas iniciativas van en contra de los pueblos que a pulso han estado escribiendo una historia marcada por la pluralidad jurídica y política y que el Gobierno trata de un ponerles un dique “para cortarles las alas sobre todo al espíritu combativo de los pueblos indígenas queriendo desconocer sus derechos con leyes retrógradas”.

Criticó que el poder legislativo haya restringido los derechos de los pueblos indígenas ya reconocidos en el ámbito internacional, y que haya vulnerado las conquistas logradas a pulso por los pueblos originarios.

Dijo que esta es una “triste legislatura, acotada y enana, que no alcanza a dimensionar lo que representa el proyecto y el sistema de justicia comunitaria en nuestro estado”. Añadió que es una lástima que los diputados no hayan reconocido este sistema que “es un ejemplo latinoamericano”.

Recordó que la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su relatoría especial de los pueblos indígenas ha reconocido el aporte de la Policía Comunitaria y ha hecho recomendaciones al Gobierno mexicano en el sentido de que se tiene que reconocer este sistema de la Policía Comunitaria.

Añadió que por eso no crece el país, “porque estamos ante legisladores que no tienen el pulso, mucho menos la voluntad y la sensibilidad de lo que va avanzando la sociedad y en este caso los pueblos originarios”.

Reprochó que a casi 24 años de la Policía Comunitaria, se pretenda dar un golpe al sistema comunitario pero añadió que los pueblos van a seguir exigiendo sus derechos, “no van a pedir permiso como nunca lo pidieron desde hace 24 años para levantarse como pueblos para decir un ya basta de un sistema de simulación de un sistema de justicia y seguridad absoluto, corrupto y coludido con el crimen organizado”.

Declaró que los pueblos indígenas demostraron que su sistema comunitario, fincado en el derecho consuetudinario, en el derecho histórico de los pueblos y en la dignidad humana es más eficaz al decidir en asambleas para constituir en un sistema válido, legítimo y eficaz para garantizar seguridad y justicia en el estado.

Reprochó que es triste el papel que jugaron los diputados porque en lugar de salir airosos por lo menos con algo que se pueda contar para la historia, actuaron con mezquindad, “y fueron analfabetas en cuanto al reconocimiento del derecho internacional que tienen los pueblos indígenas y sucumbieron ante un interés político de acotar esos derechos”.

Sin embargo añadió que los pueblos indígenas van a seguir ejerciendo sus derechos en el marco de la Constitución Mexicana en su artículo primero que reconoce todos los derechos internacionales firmados por México.

Advirtió que como pueblos y organismos van a hacer valer este marco constitucional y con base al Convenio 169 que también es ley en México, “es ese derecho el que se va a aplicar y obviamente no le va a hacer mella esa ley obsoleta que están aprobando los legisladores locales porque ya existe una ley federal y será con esa ley que se van a regir los pueblos originarios”, insistió.

En días pasados. integrantes de la autodefensa Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan cerraron la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en el retén de Teloloapan en la salida hacia Iguala, para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la seguridad en esa zona con mayor presencia de militares y policías estatales, y la detención de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana, luego de los secuestros de al menos tres vecinos en dos días.

De acuerdo con un informe oficial del Gobierno de Astudillo Flores, hasta el pasado 27 de junio al menos 19 “grupos civiles armados” y una organización denominada “policía comunitaria” operan en el 50 por ciento del territorio guerrerense -40 de los 81 municipios- donde 18 bandas crimínales controlan y mantienen una brutal disputa por el control de las zonas de producción, trasiego y venta de droga en las siete regiones de la entidad, indica un informe oficial del gobierno de Héctor Astudillo Flores.

La Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), surgida en los pueblos originarios en 1995, tiene presencia en los 15 municipios de la región Costa Chica y 19 de la Montaña guerrerense, según un mapa compartido por el Gobierno estatal.

EMERGENCIA DE AUTODEFENSAS

Abel Barrera, del Centro Tlachinollan, documentó que en la década de los 90 surgió el proyecto de la policía comunitaria en los pueblos indígenas de Guerrero, lo cual está muy arraigado en su forma de vivir y es un modelo legal. Pero ante el crecimiento de la delincuencia en diferentes regiones donde no se rigen por estos usos y costumbres, emergieron las autodefensas como una respuesta directa de las comunidades que decidieron contener la delincuencia que atenta contra su seguridad y patrimonio.

“La falta de seguridad de los cuerpos policiales del estado o la misma desconfianza da pie a que se multipliquen las autodefensas. Esta situación se explica por el vacío del Estado en garantizar seguridad, la gente llena esa mala gobernabilidad que persiste”, explicó el activista de Tlapa.

Crescencio Pacheco, coordinador de la Policía Ciudadana de la Sierra en Guerrero, contó que en 2013 –cuando gobernaba el perredista Ángel Aguirre Rivero– se conformaron como una organización de Unión de Comisarios por 18 pueblos contra el azote de violencia en el municipio céntrico de Leonardo Bravo. Ya en junio de este año se conformaron como autodefensas en coordinación y respaldo a las fuerzas militares y estatales gubernamentales.

“Por la inseguridad que surgió fue grande la necesidad de organizarnos como pueblo”, dijo vía Whatsapp, y agregó que “en 2017-2018 rebasó todas las circunstancias de los grupos criminales que operan en el área”.

-Con información de El Sur