Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Detrás de la intervención militar en Santa María de Ostula y en el desarme que se prevé para el próximo 31 de agosto, está un botín jugoso que tanto empresas como políticos se saborean: los minerales de sus bosques y la franja de playas que comprenden varias comunidades y por eso “nos quieren matar”, denunciaron comuneros del municipio de Aquila, Michoacán.

“Es una franja desde San Juan de Alima hasta Lázaro Cárdenas. Ahí el gobierno tiene en la mira de hacer zona hotelera, por arriba son puros cerros, pero llenos de mineral”, dijo Nicolás Flores Legardo, presidente Ejidal de la comunidad de Ostula.

Flores Legardo explicó que se trata de una estrategia de exterminio de más de 30 mil habitantes que viven en Ostula, Pómaro y Coiré a través de la intervención de las fuerzas federales, estatales y del crimen organizado.

“El gobierno federal y el de Michoacán quiere arrasar con todos, al gobierno no le interesamos nosotros. Quieren las tierras para hacer hoteles y minas, por eso el gobierno nos está mandando matar, nos quiere acabar. El  gobierno no pone las manos, pero manda los sicarios por delante, pagados por él”, expuso el comunero.

Gregorio Santos Girón, comunero de la localidad, agregó que mientras los “grandes empresarios ven el oro, nosotros vemos bosque y tierras para sembrar; mientras ellos ven en las playas grandes hoteles, nosotros vemos a las tortugas marinas y lo vamos a defender”.

Raymundo Ortiz, abogado de la comunidad de Ostula, detalló que los habitantes del  lugar viven un acoso constante y una guerra de baja intensidad.

“Estamos recibiendo demandas de pequeños propietarios, tenemos otros que pretenden promover juicios de bienes comunales. El robo de madera que hicieron Los Caballeros Templarios, intentos de asesinatos contra el Comandante. Hay un constante acoso para cansar a la comunidad, para fatigar, exterminar a los pueblos indios. Eso es lo que pretenden porque es una zona virgen”, dijo.

Desde 2009 a la fecha, cuando los habitantes iniciaron un proceso legal para recuperar sus tierras, hay 32 comuneros muertos, seis desaparecidos y un niño asesinado.

Cristian Chávez, asesor de la comunidad, recordó el robo de madera por parte de Los Caballeros Templarios en la región desde 2003 a 2014.

El granadillo, una madera preciosa  en peligro de extinción, que en 2014 se vendía a 3 mil 200 dólares el metro cúbico, es una de las causas de esa persecución.

Actualmente los comuneros tienen resguardados 138 metros cúbicos recuperados a la banda criminal que se dedicaba a talar y sacar por carretera, con permisos de los alcaldes, burlando los retenes de la Marina cientos de metros cúbicos para exportarlos a China.

La madera recuperada se encuentra en el Auditorio Comunal, lo cual representa una amenaza constante en contra de la comunidad, dijo Chávez.

El abogado de la comunidad de Ostula explicó que las autoridades medioambientales les ponen “miles de trabas” a los habitantes para disponer de la madera recuperada, cuando a los criminales les permitieron durante año sacarla en camionetas de Ayuntamiento de Aquila.

Chávez denunció que otro de los motivos que posee el gobierno para abatir a las comunidades indígenas de la zona costera de Michoacán, son las tierras ricas en minerales.

Actualmente la compañía minera Ternium mantiene un constante interés en la zona, pues de las 19 mil hectáreas de la comunidad de Ostula, 7 mil 913 están concesionadas a la actividad minera para la explotación de hierro, cobre, plata y oro, explicó.

“En las comunidades indígenas colindantes, son 37 mil 513 hectáreas las que están concesionadas a Ternium y en la comunidad indígena de Pómaro, 32 mil 484 hectáreas están concesionadas a empresas mineras”, agregó.

EL EJÉRCITO, OTRA VEZ

Los líderes comuneros de Ostula denunciaron que los miembros del Ejército Mexicano que dispararon a la comunidad el 19 de julio pasado y que dejaron como saldo un niño muerto y 18 civiles heridos, se niegan a enviar  informes solicitados en el marco de  la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

“El asesino de Hidelberto [Reyes García] es un soldado y el Ejército está protegiendo a ese asesino. Las pruebas demuestran que el asesino es un soldado”, dijo el abogado de los comuneros.

Raymundo Ortiz explicó que miembros del Ejército mexicano robaron unos radios a los policías comunitarios a través de los cuales amenazaban a los comuneros.

“Les decían ‘ahí van Los Templarios, ahora sí chingaron a su madre’, tenemos más de seis declaraciones con eso. En la averiguación se dice que miembros del Ejército fueron los que dispararon y  hay dos solicitudes que les piden que informen quiénes iban, a qué batallón pertenecían, cuál era su mando. Que presenten rifles, las armas para hacer pruebas de balística. La bala alijada en Hidelberto es de un soldado, está casi completa y ahí se va a dar con el asesino”, explicó.

La evidencia indica, dijo el abogado, que un soldado disparó al niño desde su vehículo en movimiento.

“Los fusiles que se le requirió al Ejército no los han presentando. Ellos iban a enfrentarse con gente armada, pero encontraron civiles y eso no los detuvo”, agregó.

Los comuneros y su abogado insistieron que tanto el Ejército, como las autoridades del estado de Michoacán están protegiendo a ese asesino y también al cártel de Los Caballeros Templarios.

Gregorio Santos Girón dijo que el comandante de la Policía Comunitaria de la comunidad Cemeí Verdía Zepeda, se encuentra preso gracias a la colusión de las autoridades municipales y estatales con los miembros del crimen organizado.

“Lo que digan el Gobernador Salvador Jara y otros funcionarios en el sentido de que dicho cartel templario se encuentra desarticulado es falso y muestra esa monstruosa complicidad”, afirmó.

Gerardo Camacho de la Rosa, del equipo de apoyo de la comunidad, reveló que se prepara un nuevo ataque para el 31 de agosto.

Santos Girón agregó que sus sospechas se basan en declaraciones que realizó el Gobernador electo Silvano Aureoles Conejo, de que habrá un desarme para finales de mes y de la entrada a la comunicad desde hace una semana de fuerzas federales.

En junio en entrevista con El Universal, el perredista dijo buscará nuevas formas de combate a los delincuentes.

“No puede haber este desorden entre cuerpos policiacos y grupos ciudadanos haciendo tareas que no les corresponden”, dijo Aureoles.

Nicolás Flores aseguró que la policía comunitaria no entregará sus armas, debido a que ser armaron para defender a sus familias.

“De donde vivimos a 500 metros está el retén de la Marina, cuando vamos a pedirles ayuda, nos dicen que no pueden actuar, porque necesitan una orden”, dijo.

Los comuneros también denunciaron que el acuerdo que la Secretaría de Gobernación (Segob) estableció con los comuneros de instalar una mesa de diálogo en un plazo no mayor de 15 días, no ha sido cumplida.

Santos Girón precisó que el bloqueo  de un grupo de comuneros de la comunidad de Pómaro en la carretera costera número 200 obedece a un líder de Los Caballeros Templarios.

“Fue organizado por un grupo de comuneros y las autoridades corruptas de dicha comunidad dirigido por el templario Juan Hernández, quien en su momento trabajó bajo las órdenes de Servando Gómez Martínez alias ‘La Tuta’, para robar la madera y los minerales de la comunidad”, reveló.

Los comuneros de Ostula llamaron la atención sobre las negociaciones del Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobierno, con el grupo bajo las órdenes de un líder Templario.

“Creando la apariencia de que dichos acuerdos habrían sido pactados con las comunidades indígenas de Pómaro, Ostula y Coire. Situación que desmentimos tajantemente y ponemos como prueba la complicidad entre el Gobierno del estado y Los Templarios”, dijo Santos Girón.

El Gobierno de Michoacán agregó, se ha negado a dialogar con los comuneros de Santa María de Ostula.