Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) hizo una llamada al Gobierno mexicano a “investigar de forma profunda e inmediata toda la red de corrupción implicada” en el tráfico de niños denunciada en Sonora, pues dijo, el caso dio visos de la impunidad y complicidad que permitieron que dos de los funcionarios involucrados estén prófugos.

Ayer la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sonora informó que 16 personas habían sido consignadas por el presunto tráfico de menores, entre ellas, a Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, quien se desempeñaba como subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF estatal. Además se giró una orden de aprehensión en contra de José Manuel Hernández López, quien laboraba en el área jurídica de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) y quien se encuentra prófufo.

La Procuraduría estatal precisó que desde el mes de marzo pasado se inició una investigación deriva de una denuncia anónima sobre la presunta red de tráfico.

Detalló que se logró identificar a al menos nueve menores involucrados que fueron registrados ante el Registro Civil como hijos biológicos en forma irregular, de los cuales se conoce su paradero, pero aún no se han recuperado.

El Procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, precisó que Arzate Carvajal tenía acceso a la información de personas en proceso de adopción, además identificaba a mujeres vulnerables por problemas de drogadicción que daban a luz en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIMES).

Arzate Carvajal y Hernández López, quienes eran amigos, se encargaban de identificar a las parejas dispuestas a entregar dinero, mientras el primero se encargaba de recoger al bebé que nunca ingresaba al sistema DIF ni a la información del Estado, como ocurre en los casos de los bebés que nacen de “madres vulnerables”.

Desde el 2012, Arzate Carvajal y Hernández López encontraron la manera de obtener beneficio económico a cambio de entregar menores a personas que los registraron como sus hijos biológicos, pues cobraban sumas que oscilaban entre los 80 mil y los 150 mil pesos por los menores. Incluso por el sólo aviso de nacimiento, en el que se establecían los datos del menos y de los supuestos padres, se pagaban hasta 15 mil pesos.

En un comunicado difundido hoy, el director ejecutivo de Redim, Juan Martín Pérez García, sostuvo que “este caso muestra la discriminación institucional, denunciada en todo el país, encontrar de mujeres pobres y altamente excluidas”.

Indicó que el tráfico de niños denunciado en el Estado de Sonora, donde al menos 9 niños fueron entregados por funcionarios a cambio de dinero, “da cuenta de los vacíos institucionales para el seguimiento y supervisión en dependencias públicas y organizaciones privadas que participan de los procesos de adopción en México”. Por ello, “tiene que ser investigado en toda la cadena de responsabilidades no sólo dentro del DIF Estatal sino además del Hospital y el Registro Civil”, agrega Redim.

Sostuvo que “es indispensable que ante los hechos ocurridos en Sonora, se pondere el interés superior de la niñez (Art. 4o Constitucional) y el derecho a vivir en familia, a través de la revisión de cada caso de forma individual y definir sí los niños pueden o no quedarse con la familia adoptiva”.

En este sentido, agregó, “es necesario reconocer que las familias adoptivas también son víctimas de las condiciones de irregularidad qué imperan en los procesos de adopción; lo que no les exime de responsabilidad penal”.

Redim criticó que pese a que 16 personas están detenidas, todas ellas son vinculadas a las familias adoptantes, sin embargo Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, Subdirector de la Procuraduría de la Defensa del menor y la familia y el abogado José Manuel Hernández López se encuentran prófugos.

Por ello, instaron a las autoridades a “investigar de forma profunda e inmediata toda la red de corrupción implicada, a fin de evitar la repetición de estos acontecimientos e identificar a funcionarias o funcionarios en toda la cadena de responsabilidades del DIF, el Hospital y el Registro Civil de manera que se pueda ejercer la justicia restaurativa e impedir que este caso quede impune”.

Además, sostuvieron que “el Estado mexicano y las autoridades de Sonora tienen que romper con la práctica institucional de separar a los niños y niñas de sus madres por condiciones de pobreza, vulnerabilidad o adicciones; ofreciendo en todos los casos acceso a programas públicos de salud e inclusión social que les ayuden a brindar un espacio de seguridad y bienestar a sus bebés”.

Además, exigió que se determine con base al interés superior del niño la situación de cada una de las víctimas infantiles, “ a fin de que no sean revictimizados toda ves que ya han sido separados de sus familias”.

Aunado a que se garantiza las medidas necesarias para la “no repetición” del caso y la debida reparación del daño. Pidió también que se brinde el apoyo psicológico a las víctimas, tanto a las madres biológicas, como a las familias adoptivas “víctimas del sistema de corrupción”.

Finalmente Redim instó a que atiendan puntualmente las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, entre ellas que se adopten nuevas políticas para dar apoyo a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales, con el fin de asegurar de manera efectiva que niñas y niños no sean separados de sus familias por razones de pobreza o financieras.

Así como que se instale una estrategia para la desinstitucionalización de niñas y niños y establecer un sistema de cuidado para la infancia en todos los estados que dé preferencia al cuidado a cargo de familiares; que se dé a las familias de acogida y al personal que trabajen en instituciones de cuidado, capacitación sobre derechos de la infancia, y en especial sobre las necesidades de niñas y niños privados de un entorno familiar; que se recopilen datos sobre y garantizar la revisión periódica de la colocación de niñas y niños en hogares e instituciones de acogida, supervisar la calidad de la atención, incluyendo la asignación de recursos suficientes a las oficinas de protección a nivel federal y estatal y la creación del Registro Nacional de Instituciones de Cuidado Alternativo.

Además de que se investigue y procese a los presuntos autores de actos de violencia contra niñas y niños en las instituciones de cuidado alternativo y compensar a niñas y niños víctimas.

DIF RECUPERA A TRES MENORES “VENDIDOS”

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mantiene bajo resguardo a tres menores, dos niñas y un niño, que presuntamente habrían sido “vendidos” por traficantes de menores en Sonora.

El director del DIF estatal, Agustín Blanco Loustaunau, explicó en entrevista con medios de comunicación que la PGJE turnó a la institución a los tres menores recuperados, cuyas edades fluctúan entre uno y tres años.

Refirió que los menores fueron recuperados por la fiscalía estatal en la investigación que se sigue por la sustracción y tráfico de infantes, en el que está involucrado un ex funcionario del DIF estatal.

Indicó que los menores que presuntamente fueron “comercializados” nunca pertenecieron al estado. porque no se pusieron en custodia del sistema DIF para su resguardo, en tanto que la autoridad judicial determina si pueden ser adoptados.

El titular de la PGJE, Carlos Navarro Sugich, informó la víspera que 16 personas fueron consignadas por presunto tráfico de menores, entre ellas un ex funcionario del Sistema para el DIF de Sonora.

Entre las personas implicadas en este caso se encuentra Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, ex subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, quien también fungía como encargado de la línea PROTEGE de la misma institución.

Blanco Loustaunau consideró que Arzate Carvajal, quien dejó de laborar en el DIF en mayo pasado y se encuentra prófugo, traicionó la confianza de la institución y puso en riesgo la integridad de los menores.

Aseguró que los procedimientos que el sistema DIF para salvaguardar la integridad física y emocional de los menores que se ponen bajo su cuidado, no fueron vulnerados en ningún momento.

Destacó que esta es una situación que sucedió con menores que no eran del Estado, con menores que en ningún momento fueron puestos a disposición del sistema DIF y de la Procuraduría del Menor y la Familia.

“Mentes criminales con una ambición negativa y desmedida, planearon estas acciones de operaciones con menores, entiendo que cometiendo delitos de sustitución y sustracción de menores”, anotó.

Por otra parte, comentó que en la presente administración, del 2009 a la fecha, se han entregado en adopción 163 menores de madres vulnerables que por alguna razón no podían hacerse cargo de sus hijos.

-Con información Notimex