Del 29 de agosto al 7 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunirá con el Gobierno, comunidades afectadas y empresas como Bimbo, Grupo México, Grupo Higa y Grupo BAL para analizar los casos de violaciones a derechos humanos, entre ellos, el derecho a la tierra y el territorio; acceso a la información y el derecho al medio ambiente sano. Durante la implementación de los proyectos de estas compañías también se han dado situaciones de intimidación, amenazas o intento de homicidio.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– La Reforma Energética y la Reforma Laboral impulsadas por el Gobierno mexicano “debilitan o contradicen” las obligaciones del país en materia de derechos humanos y favorecen a empresas como Bimbo, Grupo México, Grupo Higa y Grupo BAL, acusó un informe realizado por más de 100 organizaciones en el marco de la visita oficial del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El grupo se reunirá directamente con los involucrados: el Gobierno, las comunidades afectadas y las empresas Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, TransCanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. El objetivo es conocer sus posturas y analizar el panorama general.

Tal vez no sea suficiente “la presión” de la visita y la recomendación al Gobierno que emitirá el grupo, dijo en entrevista Juan Antonio López, coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDesc, una de las organizaciones involucradas. Hay una relación muy cercana entre empresas y Gobierno, aseguró. Pero también existe la necesidad de hacer visibles todas las violaciones a derechos humanos que llevan a cabo tanto el Gobierno como esas compañías.

La Reforma Energética, de acuerdo con el informe, ha implicado la violación del derecho a acceso a la información desde el proceso de su discusión y aprobación. La promoción y justificación de la Reforma fue “claramente insuficiente y deficiente” en cuanto a su disponibilidad, calidad y accesibilidad para la población. Además, no se permitió que la ciudadanía participara en una consulta popular para decidir sobre su contenido, a pesar de haberse solicitado con miles de firmas.

Asimismo, para implementar la Reforma se necesitan proyectos que requieren el uso de tierras y territorios indígenas. Sus leyes secundarias contradicen el derecho a la consulta y a la pluriculturalidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas.

“Las comunidades indígenas y campesinas no están rechazando el llamado ‘desarrollo’; por el contrario, están pugnando por un desarrollo sustentable que no amenace los derechos humanos. Se están defendiendo de proyectos que atentan directamente contra el espacio físico donde se construye la identidad y la supervivencia de los pueblos: el territorio”, expone el informe.

El artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica no reconoce su derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio.

Además, este marco legal favorece el uso del suelo para proyectos energéticos sobre cualquier otro uso, por ejemplo para la agricultura, lo que vulnera otros derechos como el derecho a la alimentación y el trabajo.

La Ley Minera, por su parte, permite la aplicación de nueva tecnología para extraer minerales del subsuelo, la cual emplea grandes cantidades de agua y químicos que provocan devastación ambiental.

REFORMA LABORAL

La Reforma Laboral no modificó el apartado de los sindicatos. Esto, de acuerdo con el reporte de las organizaciones, vulneró el derecho a la libertad de asociación, clave en materia de abusos laborales en México y que impacta otros derechos: salario digno, seguridad y salud laboral, condiciones laborales o acoso sexual.

La mayoría de las empresas en el país hacen uso de sindicatos inactivos a través de los Contratos Colectivos de Protección Patronal, los cuales “favorecen los intereses” de las compañías por encima del de los trabajadores.

Además, el Estado “es cómplice” de las represalias contra los trabajadores que exigen sus derechos.

CASOS DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS 

De los 61 casos donde hubo abusos a derechos humanos relacionados con las actividades empresariales, 11 se dieron en el sector de minería y cementeras; nueve casos en el de hidrocarburos y otros nueve en el sector de la construcción.

La mayoría de los abusos son al derecho a la tierra y el territorio (32 casos) y la falta de acceso a la información (28 casos).

1. Grupo Bimbo

Grupo Bimbo es la principal panificadora a nivel mundial, y es la tercera marca más consumida en el país. Sin embargo, sus prácticas –incluyendo a sus proveedores Cargill, Ingredion, ALMEX, Bunge– están vulnerando el acceso y ejercicio de derechos humanos como la salud, el medio ambiente sano, la alimentación adecuada, y el acceso a la información.

Para fabricar los productos de sus más de 20 marcas, se abastece en estados como Sinaloa. Ahí produce bajo un modelo de agricultura industrial que pone en riesgo la salud con el uso de 30 plaguicidas altamente tóxicos que han sido prohibidos en otros países por sus impactos a la salud y el medio ambiente.

De acuerdo con un estudio de Greenpeace, organización que fomenta la agricultura ecológica, se encontraron sustancias como glifosato, endrín, lindano, DDT (entre otros), en ríos, drenes, lagunas y el mar en la costa sinaloense. Las sustancias no se quedan en la zona de aplicación, sino que se filtran a cuerpos de agua aledaños afectando recursos naturales esenciales como el agua y las comunidades cernanas.

2. Grupo México

–Derrame minero en ríos de Sonora

En el sector minero y cementero prevalecen los impactos negativos al medio ambiente, al acceso a la tierra y el territorio, a la alimentación y a una vida digna. También se documentan casos en donde hay intimidación y amenazas en contra de las y los opositores de esta actividad extractiva.

El 6 de agosto de 2014 se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre en el Arroyo Tinajas, afluente del Río Bacánuchi, y el Río Sonora, en el municipio de Cananea, provenientes de las instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

“Dado que es una empresa sumamente poderosa en México, que opera de forma opaca y que tiene relaciones muy cercanas al Gobierno y las cúpulas políticas y económicas del país, podría haber un riesgo potencial para las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos”, alertó el informe de más de 100 organizaciones.

La versión de la empresa fue que el derrame lo causó el exceso de lluvia, pero fue desmentida por las autoridades. PROFEPA determinó que la principal causa del derrame fue que la empresa operaba sin cumplir con las especificaciones técnicas a las que se encuentra obligada según la normatividad ambiental aplicable.

Las limitaciones al suministro, así como la incertidumbre sobre su calidad, han generado enormes pérdidas. Los productores de ajo, especie endémica de la cuenca de los ríos Bacánuchi, Sonora, perdieron la semilla y se vieron obligados a comprarla. Consumidores de carne y ganado en Estados Unidos evitan comprar la marca “Río Sonora” luego del derrame. El estado de Sonora es el principal productor y exportador de carne a nivel nacional.

Oficialmente 360 personas fueron afectadas en su salud con enfermedades de la piel, renales, cardiovasculares, oculares.

Grupo México, propiedad de Germán Larrea, es un corporativo multinacional dedicado principalmente a la extracción de minerales, administración de concesiones ferroviarias, la renta de plataformas petroleras y la industria de la construcción. Buenavista del Cobre es la cuarta mina de cobre más grande del mundo en términos de producción y uno de los negocios más redituables para Grupo México.

–Intimidación y disparos

Un grupo de seguridad armado que acompaña los trenes de Ferromex, propiedad de Grupo México, agrede, asalta e incluso dispara con armas de alto calibre a los migrantes y sus defensores, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.

Existen 10 denuncias por presuntos delitos cometidos por empleados de la empresa de seguridad de Ferromex, las cuales han sido interpuestas por hechos ocurridos en Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Jalisco.

Los delitos denunciados son lesiones por arma de fuego, detención ilegal, privación de la libertad, agresiones, e intento de homicidio.

La corporación referida, Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle de Toluca (CUSAEM), es una empresa que depende del Gobierno a nivel Federal. Nació durante la administración de Enrique Peña Nieto cuando era Gobernador del Estado de México, y actualmente no solo resguarda la ruta migrante, sino también oficinas administrativas de la Secretaría de Gobernación e instituciones como el Instituto Nacional de Migración.

3. Grupo Higa

–Autopista de cuota Toluca-Naucalpan contra la comunidad Xochicuautla

Durante la construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan desde 2006, proyecto de la Constructora Teya, perteneciente al Grupo HIGA, se ha afectado a la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México, es un pueblo otomí que ha desarrollado sus propias comunidades, con tradiciones, instituciones, normas y religiosidad particulares, es decir, con sus propias prácticas sociales, culturales y normativas.

Hace 10 años el gobierno del Estado de México realizó la planeación y adjudicación del proyecto de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, cuyo objetivo es reducir los tiempos de traslado de personas y mercancías, entre la Ciudad de México y Toluca.

Desde 2007 los habitantes observaron dentro del territorio personas ajenas a la comunidad. En consecuencia, se organizaron asambleas comunitarias, con base en sus propios usos y costumbres donde se determinó el rechazo al proyecto.

Pero el gobierno del Estado de México impulsó la creación de un padrón incompleto de comuneros para tomar la decisión. Aunque en San Francisco Xochicuautla viven alrededor de cinco mil personas, únicamente reconoce a 882 personas –441 de San Francisco Xochicuautla y 441 para La Concepción–.

En julio de 2015 se comenzó la expropiación del territorio sin consulta libre, previa, informada y sin tomar medidas de protección del pueblo otomí de la región.

La construcción de la autopista ha estado acompañada por elementos de la policía estatal, perteneciente al Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana. Estas intromisiones han derivado en dos ocasiones –mayo de 2013 y noviembre de 2014- en detenidos; en la primera ocasión detuvieron a 14 personas y en la segunda, a 8 personas. Todas recuperaron su libertad, sin embargo, existen carpetas de investigación en su contra por el delito de “oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos”.

–Autopista privada Toluca-Naucalpan contra Huitzizilapan

La empresa Autovan, filial de Grupo Higa, ha comenzado la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan sin que se haya cumplido el derecho a la consulta libre, previa e informada. Asimismo ha violado varios amparos que ordenan la suspensión de labores interpuestos por la comunidad de Xochicuautla, que forma parte del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.

“Se encuentran implicados el Presidente Enrique Peña Nieto, que sin haber efectuado consulta previa, decretó la expropiación de 6-93-87 para el proyecto carretero para favorecer a Grupo Higa. Hay investigaciones que sustentan distintos favores que ha hecho Hinojosa Cantú al Presidente, mediante dádivas, como ocurre con el famoso caso de la Casa Blanca”, acusó el reporte.

Huitzizilapan es un pueblo aledaño a Xochicuautla que, junto con Santa Cruz Ayotuxco, se verá afectado por esa carretera de cuota, cuya construcción fue anunciada en 2007. Los habitantes, de origen otomí, reclaman que se ha violado su derecho a la consulta libre, previa e informada.

En el caso de Huitzizilapan, las asambleas comunales se opusieron al proyecto, pero el 3 de abril se aprobó de manera ilegal el paso del trazo carretero en una asamblea a la que tan sólo asistieron 409 de los 902 comuneros inscritos en el padrón (entre los cuales no todos votaron a favor del proyecto).

El 18 de agosto de 2013 además se aprobó  sin el consentimiento del pueblo un aprovechamiento forestal que permite la tala de árboles y la devastación ecológica.

Por otra parte, desde 2014 se ha intentado cambiar la figura de las tierras de uso común a la de tierras de asentamiento humano, con el propósito de dar cabida a la construcción de un proyecto inmobiliario, llamado Reserva Santa Fe, encargado a la empresa Ziga, que consta de 500 viviendas de lujo en 267 hectáreas, 201 de las cuales son bosque. Este proyecto, que ya comenzó sin permiso, deteriorará su derecho a un medio ambiente sano.

Durante las asambleas en Huitzizilapan hubo presencia policiaca importante en la comunidad y varios episodios represivos. El 11 de enero de 2015 una persona fue agredida con arma blanca.

4. Pemex

–Río Atoyac en Tlaxcala 

Se considera que el Río Atoyac es uno de los ríos más contaminados del país, pero el Estado mexicano no ha aplicado las leyes correspondientes y ha permitido el establecimiento de industrias contaminantes, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras ubicadas en los corredores industriales de siete comunidades de Tlaxcala.

Las empresas de los corredores industriales Quetzalcóatl, Ixtacuixtla y San Miguel, así como el Complejo Petroquímico Independencia de PEMEX, descargan de manera persistente desde hace varias décadas, sus aguas residuales no tratadas.

Estas descargas industriales en el río han provocado cáncer, anemia, púrpura trombocitopenica, leucopenia, malformaciones congénitas, enfermedades renales, deficiencia en el desarrollo del tubo neural, afectación de la medula ósea, infecciones gastrointestinales y otras. Se han registrado al menos 48 casos de afectaciones a la salud.

A su vez, esta contaminación ha generado la desvalorización y contaminación de cultivos, destrucción de vida acuática y ecosistemas y desplazamiento de mano de obra.

Con todo ello se han violado derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la vida, a la consulta, a la información, entre otros. No han habido amenazas explícitas, pero a las personas de las comunidades en resistencia se les ha culpado de que por las denuncias que se han realizado, las empresas puedan retirarse de la zona, lo que tendría un impacto en las fuentes de empleo en la región.

Hasta el momento la respuesta generalizada ha sido la de negar los hechos o bien, culpar a las comunidades de ser ellas mismas las causantes de la contaminación.

5. CFE

–Presa Hidroeléctrica en Chiapas

Para la construcción de una presa hidroeléctrica en Chicoasén II se está realizando una desposesión ilegal de 180 hectáreas en terrenos ejidales en Chicoasén, Chiapas, donde están situadas alrededor de 143 viviendas. Los pobladores no fueron consultados lo que violó su derecho de consentimiento previo libre e informado.

Las empresas implicadas son la Comisión Federal de Electricidad, Sinohydro Costa Rica, Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas, y Caabsa Infraestructura.

La comunidad se verá afectada a causa de la maquinaria que las empresas usan para la construcción, porque daña la tierra y se vuelve infértil e imposible trabajar en ella.

El abogado Arturo Ortega Luna, el representante legal de los ejidatarios básicos, le fue liberado una orden de aprehensión por el delito de motín, junto con tres abogados más y siete ejidatarios.

–Presa de las Cruces en Nayarit 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital, Nayarit, uno de los pocos ríos libres de represas. De realizarse, el proyecto impactará ecosistemas ribereños de importancia internacional, especies endémicas, así como los derechos humanos de las comunidades que dependen de estos recursos naturales, entre otros los Wixárika (huicholes).

Estos derechos son a la vida digna, integridad, propiedad comunal, libertad religiosa, alimentación adecuada, medio ambiente sano, acceso a la información, salud y vivienda digna; aunado a la autonomía, la libre determinación, el territorio, la identidad cultural, consulta previa y consentimiento informado.

La CFE es la empresa a cargo de la construcción y administración del proyecto y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó los estudios de factibilidad y exploración en el 2008 y el proyecto en el 2014.

La Procuraduría Agraria ha acompañado a los ejidatarios durante su asamblea, pero instándolos a otorgar la anuencia a la CFE para construir y operar el proyecto.

Organizaciones de la sociedad civil, en representación de indígenas y ribereños han presentado recurso de revisión, amparo agrario, amparo por falta de consulta y consentimiento informado, reportes a Relatores de la Organización de Naciones Unidas, informes a la Secretaría Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional. Pero los voceros y simpatizantes del movimiento Río Libre están siendo hostigados, secuestrados (horas y días) e inclusive encarcelados.

6. Reforma Energética

–Consulta popular negada

Amplios grupos sociales denunciaron que la Reforma Energética se hizo en favor de intereses privados nacionales e internacionales. Su aprobación no contó con las consultas debidas a toda la población, aunque fuera un tema de interés nacional.

En consecuencia, se presentó la solicitud de Consulta Popular el 3 de septiembre de 2014 ante la Cámara de Diputados, y un mes después una segunda solicitud ante la Cámara de Senadores. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el total de personas firmantes ascendió a 4 mil 816 millones 829 personas, pero fueron ignoradas.

En materia de aplicación de la reforma energética, quienes más ven afectados son los pueblos y comunidades en dónde se encuentran yacimientos de gas shale o de minería. Hay estados donde la población se enfrenta al despojo o desalojo forzoso de sus territorios, ya que el Estado está priorizando las actividades de extracción (artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos), violentando así el derecho a la tierra y el territorio.

Las beneficiadas serán las empresas petroleras que negociaron las primeras rondas de licitación, como las estadounidenses Atlantic Rim, Chevron, ExxonMobil, Hess, Murphy y NBL, así como las japonesas Inpex, Mitsubishi y Mitsui; la británica BP; la australiana BHP Billiton; la italiana ENI; la rusa Lukoil; la portuguesa Galp; la hindú ONGC Videsh; la holandesa Shell; la noruega Statoil; la española Repsol; la francesa Total, y la malaya PC Carigali.

Otras firmas emblemáticas de sus países como Petro Canadá, China Offshore Corporation, Petróleo Brasileiro (Petrobras), junto con la operadora originaria de las Islas del Canal y con operaciones en Asia, principalmente, Ophir.

Ante la negativa de una consulta popular, y habiendo agotado los mecanismos jurídicos internos, un grupo de organizaciones y ciudadanos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la finalidad y petición de que revisara a fondo esta violación a derechos humanos y emitiera la recomendación que permitiera llevar a cabo la Consulta Popular en Materia Energética.

A raíz de la Ronda Cero, 13 pueblos indígenas tienen comprometido su territorio. En primer lugar, el pueblo Chontal de Tabasco, con el 85% de su territorio ocupado, seguido del pueblo Totonaca (38%) y Popoluca (31%).

Para la Ronda Uno, se abrirá a la inversión privada los recursos de hidrocarburos a través de licitaciones y contratos, en un total de 68 municipios y 8 estados, por un total de 1.1 millones de hectáreas, principalmente en Veracruz, seguido de Coahuila y Puebla. Por ahora son cinco los pueblos indígenas que tienen ocupada una porción de su territorio.

–Amparos de La Soledad y El Mirador contra la Ley de Hidrocarburos

A raíz de las licitaciones y entrega de áreas petroleras, las autoridades federales pueden entregar asignaciones o contratos petroleros a las empresas privadas que se dediquen a la exploración y explotación, sin que ello haya sido consultado con las comunidades La Soledad y El Mirador, en el municipio Tlachichilco, Veracruz.

El contenido de la reforma violenta los derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, a la autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios, a la no discriminación, al derecho de propiedad, de trabajo, de libertad de expresión, información, participación y acceso a la justicia, al medio ambiente sano y el acceso, saneamiento y disposición de agua así como también a los principios de no regresividad en materia de derechos humanos y al principio pro personae.

En septiembre de 2014 se interpusieron juicios de amparo indirectos en contra de la reforma energética, particularmente la Ley de Hidrocarburos, por parte de las comunidades de la Soledad y el Mirador, pero fueron rechazados al igual que los interpuestos en marzo de este año.

7. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Con el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde participan las empresas Foster & Partners; FR-EE y constructora Cypsa Vise, se violan los derechos a la tierra y el territorio, al acceso a la información, a la alimentación. Además, en 16 años se han registrado intimidación y amenazas, muertes, lesiones, detenciones arbitrarias, violencia sexual y conflicto

En el 2000, el ex Presidente Vicente Fox expropió más de mil hectáreas de tierras en los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y San Salvador Atenco, Estado de México. Pero numerosos habitantes se opusieron rotundamente al proyecto, al argumentar la falta de consulta a los pobladores además de la amenaza de la extinción de sus formas de vida, cultura, tradición, historia y, sobre todo, la tierra. Ante ello, pueblos de la región formaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Tras varios meses de lucha y movilizaciones y después del asesinato de uno de sus integrantes —Enrique Espinosa Juárez—, en agosto de 2002 el Gobierno federal panista retiró canceló el proyecto aeroportuario.

Sin embargo, el 3 y 4 de mayo de 2006 un operativo policiaco militar ordenado por Enrique Peña Nieto, entonces Gobernador del Estado y respaldado por el Gobierno federal y municipal de Texcoco, desplegó más de 4 mil 500 efectivos contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Dejó como saldo dos muertos, Javier Cortés y Alexis Benhumea de 14 y 20 años, respectivamente; 209 detenidos, entre los que se encontraban menores y mujeres, varias de las cuales fueron agredidas física y sexualmente. Ignacio del Valle fue condenado a 112 años de prisión, pero fue liberado el 30 de junio de 2010.

En 2013, el Gobierno federal de Peña Nieto reactivó el proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el mismo territorio que el gobierno de Fox, por lo que integrantes del FPDT de las comunidades de San Salvador Atenco y Tocuila expulsaron de sus ejidos a elementos del Ejército mexicano.

El 26 de mayo de 2016, un grupo de choque tomó el campamento del Cerro de Huatepec y aproximadamente 300 elementos incursionaron en las tierras de uso común del municipio de Atenco. Andrés Pineda, miembro del frente, fue golpeado y amenazado de muerte. El agresor fue identificado como Filiberto Calette Rodríguez, quien en los registros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, aparece adscrito a la Secretaría General de Gobierno como Auxiliar Administrativo.