Un centenar de organizaciones elaboraron un reporte en que documentan más de 60 violaciones a los derechos humanos por parte de empresas mexicanas y, ante la inminente visita oficial al país del grupo de trabajo de la ONU en esta materia, exhortaron al organismo a documentar estos casos. El documento identifica factores negativos como la “complicidad y corrupción” del Estado, las reformas estructurales impulsada por el Gobierno, que “debilitan la protección de los derechos humanos”, la “falta de consulta previa” con las comunidades, la “falta de acceso a la justicia” o la criminalización de los activistas.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civill entregaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un reporte con más de 60 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por las empresas en México.

El reporte “México: Empresas y Derechos Humanos” denuncia la crisis de derechos humanos que vive el país, así como el peligro para quienes protegen los derechos humanos y la tierra y el territorio.

“Es en este contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad que operan las empresas en México. Y, si bien las empresas deben aplicar los más altos estándares en materia de derechos humanos y tomar medidas especiales en situaciones de conflicto, en algunos casos, el sector empresarial se ha beneficiado de la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado”, menciona el documento.

En los casos documentados de abusos a derechos humanos por las actividades empresariales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y ocho públicas. En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas.

Desde este lunes 29 de agosto y hasta el 7 de septiembre realizará una visita a México el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, con el fin de que los Estados ejerzan control sobre las actividades empresariales, garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación.

Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el Consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que visita México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, siendo su segunda visita a América Latina.

Entre las organizaciones firmantes esta, además del Centro Prodh, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Fundar Centro de Análisis e Investigación, Greenpeace México, Oxfam México o Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD POR PARTE DEL ESTADO

De acuerdo con el documento, en México la influencia corporativa se observa en todos los niveles del gobierno (local, municipal, estatal y federal) debilitando los procesos de protección y cumplimiento de los derechos humanos a favor de los intereses empresariales.

“La captura corporativa se manifiesta también en los diferentes poderes con varias consecuencias para los derechos humanos, muchas de ellas graves”, detalla el informe.

Las organizaciones destacan que en muchos de los casos documentados, la fuerza pública se utiliza para reprimir a las comunidades que se oponen a diferentes proyectos empresariales o para proteger la maquinaria de dichas empresas en vez de a la ciudadanía.

Otro ejemplo que mencionan es el apoyo de algunas autoridades locales a proyectos extractivos (mineros, energéticos, agroindustriales, etc.) que perjudican el acceso a los recursos naturales de las comunidades y pueden tener impactos negativos a la forma de vida, a la salud y al medio ambiente.

“Dicha injerencia de las empresas en las comunidades, acompañado de la falta de un proceso de consulta y de debida diligencia, en muchas ocasiones, escala en un conflicto inter-comunitario que complica la ejecución del proyecto y de la actividad empresarial planificada y tiene consecuencias negativas para las comunidades”, puntualizan los firmantes.

También observaron que la impunidad es una constante en México. Señalan que en muchas ocasiones la sociedad civil ha expuesto la rapidez con la que se resuelven los casos que presentan las empresas en contra de opositores; en contraste con la lentitud con la que avanzan los procesos en contra de un proyecto empresarial.

“Hemos observado cómo se reubican a jueces locales que perjudican u obstaculizan la actividad de las empresas mediante sentencias a favor de los derechos de las comunidades. A nivel legislativo, el fenómeno se manifiesta en las recientes reformas estructurales que favorecen los intereses privados y que se describen en la siguiente sección”, explican.

Las situaciones que presentan en el informe son:

1. Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad. En muchos casos documentados, el Estado mexicano, a niveles federal, estatal y municipal, está al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público. Ejemplo de ello han sido la promulgación de normas y reglamentación que favorecen intereses empresariales en detrimento de los derechos humanos; el uso de la fuerza pública en contra de la movilización social pacífica; el favorecimiento a proyectos extractivos en contra de intereses de las comunidades; la falta de investigación y sanción, por parte del poder judicial, de denuncias de violaciones a derechos humanos; así como la criminalización de los defensores ambientales.

2. Reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la Energética, la cual no siempre considera sus impactos en los derechos humanos o garantiza la participación e información de las comunidades afectadas.

3. Falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos.

4. Falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado. En múltiples ocasiones, las víctimas que denuncian han reportado ataques contra su persona y aun cuando existen decisiones judiciales a favor, incluso de la Suprema Corte de Justicia la Nación, éstas no se cumplen.

5. Reducción de espacios de participación y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos respecto de actividades empresariales. Los casos evidencian el aumento de asesinatos, criminalización, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos frente a proyectos o actividades empresariales.