Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– Los 22 policías que fueron arrestados, de los casi 300 que fueron arraigados ayer en Iguala, Guerrero, por la muerte de al menos tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron trasladados a la fiscalía regional de Acapulco, como medida de seguridad.

Sin embargo, algunas versiones de medios locales señalaron en un primer momento que los detenidos habían sido trasladados a Chilpancingo, la capital del estado.

En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que los detenidos tuvieron que ser trasladados al puerto de Acapulco anoche, debido a que se apreciaron movilizaciones de un número considerable de personas.

Y detalló que algunas de esas personas manifestaron ser familiares de los detenidos, y otras que no fue posible identificarlas, quienes se transportaban en unidades de servicio público.

Las personas que buscaban ver a los policías trataron de impedir la labor ministerial y amenazaron con rescatar a los indiciados, lo cual motivó que se solicitará el auxilio de las Fuerzas Armadas para efectuar el traslado y donde se le hizo del conocimiento a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La dependencia, a través del Ministerio Público, proseguirá con las investigaciones, recabando declaraciones, testimoniales y desahogando periciales en distintas materias a efecto de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados, “dentro del término legal para determinar su situación jurídica”.

Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Guerrero y Puebla expresaron su repudio por la consideran es una “artera ejecución extrajudicial de estudiantes normalistas de Guerrero”.

Luego de los enfrentamientos que comenzaron el viernes por la noche y continuaron hasta la mañana de ayer, los policías municipales de Iguala fueron desarmados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y detenidos en el Cuartel de la Policía Estatal es esa ciudad. La noche de ayer trascendió que la Fiscalía dejó en libertad a 260 y 20 fueron trasladados a Chilpancingo por su presunta responsabilidad en el ataque a los normalistas, por lo cual sus familiares protestaron.

También ayer, el titular de la PGJ de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, confirmó que policías municipales de Iguala atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, por lo que la principal línea de investigación “es el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos”, aunque también destacó que en las balaceras del viernes por la noche y la madrugada del sábado también participó la “delincuencia organizada”.

El secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez informó que la Policía Estatal, el Ejército y la Policía Federal asumieron a partir de ayer el control de la seguridad de esa ciudad, la tercera en importancia en la entidad, después de Chilpancingo y Acapulco.

De acuerdo con el parte de las autoridades guerrerenses, en tres ataques a autobuses de pasajeros la noche del viernes en Iguala fueron asesinadas por policías municipales y un grupo armado seis personas: tres normalistas de Ayotzinapa, un futbolista de 15 años, una mujer y un chofer.

También se confirmó que en un primer ataque –a la 20:30 horas–,en la calle Juan Álvarez frente a la tienda Bodega Aurrerá, el normalista asesinado fue Daniel Solís Gallardo, originario de Zihuatanejo, quien iba en uno de los camones tomados por los estudiantes.

También fue asesinado el estudiante Yosivani Guerrero, de Tixtla, quien murió en el segundo ataque reportado a las 12:30 de la madrugada del sábado, cuando en el mismo lugar los estudiantes informaban a reporteros de los medios locales de la primera agresión. Otro estudiante, identificado como “El Chilango”, fue encontrado muerto el sábado a las 11:00 de la mañana a unos 500 metros de donde ocurrió el segundo ataque.

GRUPOS CIVILES ACUSAN EJECUCIÓN

Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que se encuentran reunidas en la audiencia final del Eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo México, emitieron una enérgica protesta y condena ante estos hechos que calificaron “de flagrante violación de los derechos humanos y de terrorismo de Estado”.

De acuerdo con La Jornada, estos grupos plantearon que “policías federales, estatales y municipales arremetieron sin consideración alguna contra los estudiantes inermes, accionando sus armas de alto calibre a quemarropa, con premeditación, alevosía y ventaja, con el claro propósito de asesinarlos. Los resultados lamentables para nuestro pueblo son tres estudiantes y dos civiles muertos, 30 heridos de gravedad varios normalistas detenidos y una cantidad incierta de desaparecidos”.

También expusieron que “estos hechos no son fortuitos ni aislados; obedecen a una política criminal diseñada desde Los Pinos, como parte de la guerra de baja intensidad que aplica el gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de desarticular toda voz de protesta y denuncia”.

La “represión, asesinatos, masacres, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecuciones y ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales, periodistas y defensores de derechos humanos son la carta de identidad de los gobiernos priístas, a quienes se suman ahora perredistas, como el de Ángel Aguirre Rivero [Gobernador de Guerrero]”.

Por su parte, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) y la Promotora CNTE manifestaron, en un comunicado oficial, una enérgica condena ante “la ejecución extrajudicial” de los estudiantes de la Normal Rural “Raul Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.

“Nos solidarizamos con nuestros compañeros estudiantes normalistas en la exigencia del juicio y castigo a los responsables de los atentados y cumplimiento de sus demandas estudiantiles”, plantearon en el documento enviado a la opinión pública.

El pasado 26 de septiembre del año en curso los jóvenes normalistas se encontraban realizando actividades políticas como parte del plan de lucha de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

Fue entonces cuando sufrieron dos atentados, el primero cerca de las 21:30 horas en el Periférico Norte de la ciudad de Iguala, cometido por policías municipales, “quienes a mansalva rodearon y dispararon contra los autobuses en que se trasladaban los estudiantes, en este primer atentado, el estudiante Aldo Gutiérrez Solano fue ejecutado con un disparo en la cabeza”, describieron.

El segundo ataque fue cometido por un comando armado vestidos de civil no identificado cuatro horas después, cuando los estudiantes denunciaban el ataque en el mismo lugar de los hechos con maestros y reporteros, fueron detonados al menos 200 disparos durante el atentado, con las que ejecutaron a otros dos normalistas de Ayotzinapa.

Para esas organizaciones, ese segundo ataque muestra que quienes lo perpetraron tienen el mismo modo de operar que los grupos paramilitares.

Además, explicaron, los estudiantes de las normales rurales agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México se han caracterizado por luchar por una educación pública, y por las demandas más sentidas del pueblo, siempre críticos al sistema capitalista. “Por esto han sido criminalizados de forma recurrente por los gobiernos neoliberales que una y otra vez pretenden desaparecer a todas las normales rurales instaladas en el país”, añadieron.