Organizaciones civiles acusaron que las refresqueras emplean acciones para desacreditar los impuestos a bebidas azucaradas. Para el próximo año se prevé que este gravamen recaude más recursos que en 2015.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– Organizaciones civiles de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) denunciaron que la industria refresquera utiliza una serie de estrategias para boicotear el impuesto a las bebidas azucaradas y desligar su consumo de la epidemia de sobrepeso y obesidad que aqueja al país.

Dejar en pie el impuesto a refrescos es de especial importancia para la salud de los mexicanos, apuntaron las organizaciones, ya que en 2014, el primer año de su implementación, hubo una reducción del consumo de refrescos del 6 por ciento en el país, y también recalcaron el uso que se le puede dar a los montos recaudados.

El próximo año se prevé una mayor recaudación sobre bebidas saborizadas por 2 mil 845 millones de pesos. Lo que de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, deberá destinarse a programas de salud.

Mientras que este año la recaudación en este sector estuvo estimada en 18 mil 271 millones de pesos, para el 2016, si los diputados no modifican este rubro en la discusión de la ley de ingresos, aumentará a 21 mil 62 millones de pesos.

Sin embargo, poco se sabe de cómo utilizó el Gobierno este año el dinero proveniente de dichos impuestos, especialmente a refrescos. La organización ContraPeso determinó que por la falta de etiquetas en estos recursos, sólo el 10 por ciento fueron claramente destinados a programas de salud.

Otras estimaciones dadas a conocer por la Senadora del Partido de Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert, enfatizaron que sólo el 5 por ciento de los 32 mil millones de pesos que sumaron la recaudación de bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica fueron dirigidos a la salud.

FIDEICOMISO PARA SALUD

En ese sentido, la ASA reiteró su apoyo a la propuesta, hecha la semana pasada, por los senadores panistas de que se administre el monto recaudado del impuesto a los refrescos a través de un fideicomiso.

La organización civil El Poder del Consumidor (EPC) espera que pronto se discuta dicha iniciativa de ley, enviada a la Cámara de Diputados, la cual incluye formar un comité técnico de expertos que diseñe recomendaciones sobre el destino de los recursos del fideicomiso.

Sin embargo, advirtieron que la conformación del comité debe estar libre de los intereses de la industria.

“Hay muchas vías para declarar conflictos de interés, las propias revistas científicas exigen estas declaraciones. Ahí tiene que quedar claro si hay vínculos con personas, o intereses que estén ligados con la regulación en la que vas a participar, si tienes incluso parientes que laboren ene esas empresas, o sea hay guías claras”, dijo el director de EPC Alejandro Calvillo Unna.

“Simplemente la industria no puede estar, ya está planteado internacionalmente, por qué, porque ahí inicia el problema de que van a defender sus intereses, y quienes definen las políticas públicas tienen que tener como único interés la salud pública”, agregó.

Las organizaciones apuntaron que las estrategias de la industria han incluido una campaña a través de medios de comunicación en contra de los resultados del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava los refrescos, así como pactar con científicos cuyos estudios benefician a las empresas “chatarra”.

EMPRESAS CONTRA IMPUESTO

Pese a que el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Centro de Población de Carolina de la Universidad de Carolina del Norte encontraron en un estudio que el consumo de refrescos se había reducido en 6 por ciento en México, el 18 de agosto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, desestimó que el IEPS prevenga de las comorbilidades de la obesidad y la diabetes.

“Las propuestas de políticas públicas y legislativas restrictivas en materia fiscal hacia un determinado alimento o bebida no generarán cambios de hábitos ni de conductas, y esto no se traducirá en la disminución del problema de sobrepeso y obesidad que enfrentamos en nuestro país”, recalcó.

Sin embargo, esta reducción en el consumo servirá para contrarrestar la obesidad con el tiempo, afirmó una semana después de las declaraciones, Juan Rivera Dommarco, director fundador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP.

“Estos efectos no van a ocurrir ahorita, pero sería relativamente fácil demostrar que empiezan a haber efectos de síndrome metabólico. El impuesto reduce el consumo, utiliza los beneficios fiscales para agilizar acciones de prevención de obesidad y enfermedades crónicas, y datos del INSP señalan que el impuesto sí está funcionando. Sería terrible que a dos años de su implementación se retire”, agregó Rivera.

Otro argumento utilizado por la industria ha sido la pérdida de empleos. En julio, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos enfatizó que la pérdida de 9 mil empleos directos e indirectos se debió al impuesto a bebidas saborizadas.

“Ellos hablaron de pérdida de empleos, pero sobre todo, de cierre de pequeñas tiendas. Lo que no dijeron fue que un alto porcentaje redirige las compras a otros productos que son de esa misma empresa. Se habla de un incremento de agua embotellada, que tienen esas mismas empresas”, dijo Calvillo, quien sostuvo que las empresas se aferran al posicionamiento de su producto.

“El agua embotellada les deja más que la venta de refrescos. Por unidad, el refresco tienen propaganda de altísimos costos. Alguien puede tomar agua un día de una empresa, y al otro día de otra, pero no es lo mismo que alguien tome Coca-Cola y luego Pepsi, ellos se aferran al posicionamiento de su producto”.

INVESTIGADORES “CHATARRA”

Otra medida denunciada por la industria de acuerdo con EPC ha sido traer investigadores extranjeros a promover estudios que desvinculan el consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra con efectos a la salud.

Uno de ellos es el doctor estadounidense James Rippe, quien negó la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y enfermedades cardiovasculares, y ha recibido más de 10 millones de dólares por parte de la Asociación de Refinadores de Maíz de los Estados Unidos para realizar sus investigaciones.

“El doctor Rippe ha creado una institución con su nombre recibiendo financiamiento de varias empresas, entre ellas Coca Cola”, citó una misiva de EPC.

El investigador fue traído a dar una conferencia a un evento organizado principalmente por el International Life Sciences Institute (ILSI), asociado con Coca Cola, Bimbo, Danone de México, Kellogg’s de México, Kraft Foods de México, Mars México, Nestlé México, Monsanto Comercial y PepsiCo, acusó EPC, lo que supondría un claro conflicto de interés en un evento académico.

Ante estas condiciones, las organizaciones de la ASA mantuvieron su petición a los legisladores que discutirán la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación de aumentar el impuesto a los refrescos de 1 a 2 pesos por litro, lo que representaría el 20 por ciento del producto, para alcanzar claros beneficios a la salud.

En el 2012, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados estableció que el consumo de refrescos era de 176 litros por persona al año. Y datos oficiales muestran que el sobrepeso y la obesidad abarcan a más del 70 por ciento de la población.