Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– La utilización de las redes sociales en la actualidad es un éxito probado, pues a través de ellas se pueden realizar verdaderas campañas en búsqueda de justicia. Uno de esos casos puede ser el del Alberto Patishtán, el profesor indígena preso en Chiapas y condenado a purgar 60 años de cárcel, dijo Christopher Tuckwood, especialista en redes sociales y no discriminación del The Sentinel Project for Genocide Prevention.

El experto dijo a SinEmbargo durante una visita a la Ciudad de México en el marco del Tercer Curso Internacional de Alta Formación 2013 convocado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que la fuerza que tienen herramientas como Twitter y Facebook para enviar mensajes masivos supera a los medios tradicionales y enfrentan un nuevo reto: utilizarlos adecuadamente.

La situación del profesor chiapaneco atrajo el interés de la comunidad internacional, debido a las múltiples irregularidades y violación de derechos humanos que se cometió durante su proceso.

Tuckwood dijo que en el mundo existen ejemplos positivos y negativos sobre las redes sociales: uno de los usos “malos” de estas herramientas ocurre cuando la población lanza mensajes de odio y de discriminación y por el contrario, una buena utilización se da cuando los cibernautas empujan casos de injusticias y logran cambios.

“En casos de injusticias es muy bueno lo que se está empezando a ver para presionar en redes sociales, cuando la presión es correcta, se pueden lograr cosas”, dijo.

Christopher Tuckwood explicó que la recomendación más importante para la población que busca colocar en la agenda una situación o una exigencia, es que la campaña tenga un objetivo claro.

“No es lo mismo que miles de personas hablen de lo mismo o mencionen un tema, a que miles de personas hagan presión: el objetivo debe ser claro y debe estar dirigido a la persona o institución que tiene el poder para cambiar las cosas y para hacer algo al respecto”, detalló el experto en redes sociales.

Para Patishtán, un maestro que cumplió 13 años en prisión por el crimen de siete personas durante una emboscada en el 2000 en una comunidad de Chiapas y que este año le fue negada la libertad por el último recurso jurídico que le dejaba la legislación mexicana, la lucha aún no está perdida.

En México se abrió un recurso a través del Congreso de la Unión: la posibilidad del indulto que, aunque no es la forma ideal para salir de la cárcel para el profesor, pues es un perdón por un crimen que no cometió, en varias ocasiones ha declarado que si el Presidente de la República Enrique Peña Nieto se lo ofrece, lo aceptará.

El miércoles pasado el Pleno del Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal, que faculta al Congreso solicitar al Presidente de la República que indulte al maestro Patishtán, y con ello su liberación.

Con 77 votos a favor los legisladores aprobaron los cambios al Artículo 97 Bis del Código Penal Federal, que posibilitan la liberación de Patishtán Gómez, en cuyo proceso judicial se suscitaron varias irregularidades.

La reforma, que fue turnada a la Cámara de Diputados, señala que “de manera excepcional, por sí o a petición del pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal”.

En la reforma se añade que el Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.

En la resolución se detalla que el Ejecutivo Federal otorgará el indulto sin condiciones adicionales o con las que estimare convenientes.

La Comisión de Justicia del Senado, en sus argumentos del dictamen, señaló que “el caso ha llamado la atención internacional por sus inconsistencias, incongruencia y carencia de métodos certeros para probar que una sola persona, el profesor Alberto Patishtán Gómez, fue el autor intelectual y material del homicidio de siete policías estatales fuertemente armados y con entrenamiento táctico”.

Gabriela Patishtán, hija de Alberto, dijo que lo que se aprobó en el Senado de la República es una buena noticia, pero apenas es una parte del proceso, pues hay que esperar la decisión de los legisladores de la Cámara de Diputados.

Hace unos días, su hijo Héctor Patishtán dijo: “esperamos de todo, yo son anti partidista, no creo en ningún partido, pero tenemos la esperanza, hay una esperanza que tengo muy clara y que poco a poco vamos construyendo y es la libertad de mi papá y más urgente ahorita por su estado de salud”.

El tumor en el cerebro que tiene el maestro Alberto Patishtán no dejó de crecer, a pesar de que hace un año fue intervenido quirúrgicamente.

Actualmente es sometido a un tratamiento de radioterapia para atacar su enfermedad, después de que hace unos meses los médicos descubrieran que el tumor del profesor se extendió, dijo Héctor.

Después de que los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) ratificaron la sentencia de 60 años de prisión al maestro, su abogado Augusto César Sandino Rivero, dijo a SinEmbargo, que solo quedan tres vías para agotar.

Una de ellas es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las otros dos son políticas: el indulto o la amnistía.

“Para el indulto es el Presidente de la República quien lo otorga y que Patishtán lo acepte. Alberto dice que no lo va a pedir, porque sería reconocer su culpa, pero si se lo dan, lo va aceptar, porque sería un acto de justicia. El otro, la amnistía, tendrían que aprobarlo la mayoría en el Congreso de la Unión”, explicó.

El abogado aseguró que la libertad del maestro no se dio, porque no hubo voluntad política. El recurso al que se apeló, el Reconocimiento de Inocencia, es un excepcional y procede bajo ciertos supuestos.

“Los Magistrados dijeron que las pruebas que ofrecimos como documentos públicos, que no tienen relación con los hechos y por eso no pueden pasar a desvirtuar las pruebas, sin embargo, el Tribunal fue más allá de lo que la Ley le permite, porque están diciendo que hay que revalorar las pruebas, lo cual no es propio del recurso que se interpuso. Ni siquiera las pruebas son como tal pruebas, porque derivaron en violación a derechos humanos”, detalló.

La defensa de Patishtán mostró documentos públicos nuevos que no existían cuando sentenciaron al maestro, como tesis de jurisprudencia que hablan de la nulidad de pruebas cuando hay violación de derechos humanos.

“En total son seis pruebas con las que sentenciaron al profesor: la declaración de dos testigos sobrevivientes, la testimonial de una persona que trabajaba cerca del lugar de los hechos, que no fue presencial, el careo entre un sobreviviente y el profesor, la declaración de Patishtán y una prueba química de rodizonato de sodio”.

La última prueba ni siquiera se le practicó, pues Alberto Patishtán fue detenido siete días después de los hechos, pero se utilizó como una prueba circunstancial.

“Es una cuestión técnica que se llama prueba circunstancial, cuando no tiene pruebas directas se hace un rompecabezas, pero cada indicio tiene que tener un papel incriminador, ser válido, ser suficiente. Eso se tuvo que haber hecho valer por la defensa del profesor en su momento durante el juicio, no la hicieron valer. Lo que nosotros apelamos ahora es que los nuevos documentos púbicos, invalidan algunas pruebas que sirvieron para sentenciarlo”, dijo.