Ponen las Sagradas Escrituras que la soberbia de los hombres al sentirse capaces de construir una torre que llegara al cielo encabronó a Dios de tal manera que decidió castigarlos de manera singular: confundir sus lenguajes de modo que cada quien hablara un idioma distinto, con lo cual su ambiciosa empresa resultó imposible de realizar.

Hagan de cuenta. “Es la Torre de Babel”, me dijo un colega avezado en cuestiones legislativas. “Cada quien habla un idioma distinto. Lo único que tienen en común es una ambición desmedida por obtener recursos económicos, dinero”. Se refería a lo que ocurre al interior de la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República, habilitado hoy como sede de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Para decirlo en términos más coloquiales, los diputados traen un verdadero desmadre. Efectivamente, cada quien entiende una cosa diferente y cada quien jala por su lado. Y no sólo entre las diferentes fracciones legislativas. Aún al interior de cada grupo hay diferencias, enconos, pleitos. Una simple asomada al recinto basta para pensar que no habrá Constitución para la capital del país el próximo 31 de enero, como está previsto, para ser promulgada el 5 de febrero en el centenario de la Carta Magna de 1917.

La Asamblea Constituyente de la CDMX tiene un problema de origen: su falta de legitimidad. De sus 100 integrantes, apenas 60 fueron electos mediante voto ciudadano; pero, además, el desinterés fue tal que el abstencionismo prevaleció de tal manera que la “elección” de los constituyentes fue una vacilada. Los otros 40 fueron designados por dedazo de las cámaras de diputados y senadores, los partidos políticos, el Jefe de Gobierno de la capital y el Presidente de la República. Y los capitalinos, como el chinito.

Miguel Ángel Mancera presentó un proyecto de Constitución elaborado por un grupo –así los llamó él mismo— de 28 “notables” que según parece se dieron vuelo con las propuestas sin ningún hilo conductor, sin ninguna coherencia. Los genios se repartieron en diversos grupos para elaborar las propuestas de cada tema. Cada grupo entregó su pedazo pero ni siquiera se hizo una redacción final, que al menos homologara estilos. De esa manera, parieron un bodrio demagógico y populista lleno de buenas intenciones en la que abundan los derechos y escasean las obligaciones. El proyecto contiene aberraciones tan graves como el legalizar la apropiación del espacio público para fines privados, como el ambulantaje.

Ni siquiera se cuidó una elemental congruencia entre el proyecto y la Constitución General de la República. Ahora resulta que hay un sinnúmero de preceptos –como la ciudadanía a los 16 años de edad– que, de ser aprobados, se colocarían de manera automática en terrenos de la controversia constitucional y tendrían que ser modificados o suprimidos. Ciertamente el documento de marras es un proyecto, una propuesta de Constitución, pero sus evidentes incongruencias han provocado un galimatías que nadie entiende y que, por supuesto, en el mejor de los casos retrasará los consensos y la elaboración y aprobación de la Carta Magna capitalina definitiva. Adicionalmente, la Asamblea tendrá de presentar, dictaminar, debatir y votar más de un centenar de iniciativas ciudadanas.

Hay que pensar que el nombramiento de la mesa de la Asamblea Constituyente directiva –y la rebatiña respectiva por los cargos– requirió de 22 días. Hay diez grupos legislativos diferentes, porque a los correspondientes a los ocho partidos registrados hubo que agregar dos fracciones adicionales: la del Grupo Constitucionalista, integrada por los diputados nombrados por el Jefe de Gobierno; y el del Ejecutivo, con los seis del Presidente Peña Nieto. El número de comisiones tuvo que ampliarse a ocho, para poder repartirlas entre todos y su integración apenas concluyó esta semana. Para colmo, nadie parece tomar muy en serio el compromiso. Ha sido una constante el retraso en el inicio de las sesiones, las faltas de numerosos legisladores y hasta les renuncias, como ha ocurrido ya en tres casos en la bancada del PRI.

Lo más grave es la diversidad de lenguas que en ese recinto se hacen escuchar. Cada quien quiere jalar para su parcela, ya sea ideológica, política o económica. El resultado es un debate entre posturas populistas y demagógicas, porque cada grupo –o cada subgrupo, como ocurre con la fracción de Morena— quiere mostrarse más simpático a los ojos de la ciudadanía. Y aunque ninguno de los constituyentes percibe sueldo tratándose de un cargo honorífico, hay evidentes intereses personales, de grupo o de partido que complican aún más el entendimiento.

Al parecer, nadie se acordó que todo cuesta y de pronto los señores constituyentes se encontraron con la realidad de que no había recursos ni siquiera para papelería. El Jefe de Gobierno, papá del proyecto, se puso con 25 millones de pesos del erario capitalino, que resultarán absolutamente insuficientes. Por lo pronto, se han tenido que habilitar las oficinas de las respectivas comisiones fuera del recinto, en el vecino Palacio de Minería prestado por la UNAM.

En medio de la batahola que no es otra cosa que el reflejo mismo de la realidad política mexicana y su partidocracia, quizá la voz más centrada y coherente haya sido hasta ahora la del panista Santiago Creel Miranda, coordinador de la bancada de su partido en la Asamblea Constituyente, que acusó que el proyecto está lleno de enunciados y de promesas incumplibles. Dijo que el documento entregado por el Miguel Ángel Mancera condiciona los derechos a la disponibilidad de recursos.

En efecto, esto tiene varios problemas, como el saber hasta dónde va a ser eficaz un derecho como el de renta básica, agua potable o vivienda digna. Cualquiera de los derechos va a estar sujeto a los recursos disponibles para poder hacerlo viable. El proyecto, dijo Creel Miranda, y dijo bien, busca establecer programas sociales y políticas públicas en derechos constitucionales cuando un derecho constitucional debe ser el que aplique siempre y de manera universal. “Debemos asegurar derechos esenciales, no enunciados, no derechos aspiracionales y no promesas incumplibles. Deben ser normas constitucionales, que se cumplen”, afirmó. Y advirtió: “no hagamos de entrada una Constitución que al día siguiente va a incumplirse por la falta de recursos”.

En consecuencia, el PAN propuso emplazar al Jefe de Gobierno a que presente un estudio de impacto presupuestal y de factibilidad del articulado de la nueva Constitución, que no existe. Sin embargo, tras un agitado debate en el que afloraron las ambiciones partidistas, la propuesta fue rechazada por la mayoría, sumida la Asamblea en su Torre de Babel. Cada quien su choro. Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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