Ramiro Mollinedo Falconi, director de un medio de comunicación en el sur de Veracruz, expuso que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa le debía dinero y tenía que pagarle, de lo contrario, se iría a la quiebra. Incluso, afirmó que si lo mataban por protestar bloqueando calles en la capital, estaba dispuesto a ofrendar la vida, pero jamás desistir de su reclamo.

A casi un año de esa manifestación, Mollinedo Falconi no murió de hambre pero sí dejó de protestar; en cambio, ahora es empresario del transporte público, pues resultó beneficiado con placas para taxi que fueron entregadas en los últimos 100 días de la administración de Javier Duarte de Ochoa y de su sustituto, Flavino Ríos Alvarado.

Por Ignacio Carvajal

Veracruz/Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– “Si nos van a matar, que nos maten, no seremos en el sur de Veracruz el primer periodista asesinado”, sostuvo Ramiro Mollinedo Falconi ante otros reporteros que le entrevistaban por la protesta que encabezó junto a otras personas frente a Palacio de Gobierno en noviembre de 2016, porque “la Coordinación de Comunicación Social no nos ha pagado los recursos por la difusión”.

Director de un medio de comunicación en el sur de Veracruz, expuso que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa le debía dinero y tenía que pagarle, de lo contrario, se iría a la quiebra. Incluso, afirmó que si lo mataban por protestar bloqueando calles en la capital, estaba dispuesto a ofrendar la vida, pero jamás desistir de su reclamo.

A casi un año de esa manifestación, Mollinedo Falconi no murió de hambre pero sí dejó de protestar; en cambio, ahora es empresario del transporte público, pues resultó beneficiado con placas para taxi que fueron entregadas en los últimos 100 días de la administración de Javier Duarte de Ochoa y de su sustituto, Flavino Ríos Alvarado. Uno encarcelado y el otro bajo investigación por cómplice.

Como él, docenas de periodistas, funcionarios, sacerdotes católicos, líderes del PRI y cuadros políticos de ese partido recibieron concesiones en alguna modalidad de transporte público, que fueron autorizadas por el último director de Tránsito y Transporte Público del Estado de Veracruz, Ricardo Orozco Alor, un personaje político ligado a Flavino Ríos Alvarado.

Un informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la cual depende la Dirección de Tránsito y Transporte Público, entregado en el marco de la Ley Estatal de Acceso y Transparencia en la Información (folio 01365017), dice que en esos últimos 100 días, Orozco Alor repartió 8 mil 483 títulos de concesión de transporte de carga, mixto rural, pasaje y taxis.

Con Javier Duarte a salto de mata, y la creciente crisis política y de seguridad, los encargados de la entrega recepción hacían su agosto con las concesiones de placas de taxis, muchas para generar recursos a la salida de la administración y otras para el pago de favores políticos y acallar conciencias –en el caso de los periodistas que resultaron beneficiados–, mientras atrás quedaban cadáveres y cruces en los panteones de más de 20 reporteros asesinados durante el Duartismo.

Al ritmo en que Ricardo Orozco repartió las concesiones, y tomando en cuenta el breve tiempo en la Dirección de Tránsito del Estado, tuvo que haber firmado 80 títulos de propiedad diariamente; eso es igual a tres documentos cada 60 minutos. La SSP indica que las 8 mil 483 concesiones se dividen en 174 de carga, 111 mixto rural, 257 de pasaje y 7 mil 941 de unidades de alquiler.

Y si se analizan los perfiles de las personas enlistadas por la SSP como parte del informe, se encuentra que muchos no son esos hombres que pasan años frente al volante, arriesgándose a los asaltos, al bajo salario que se acorta cada semestre por los incrementos del combustible.

CUADROS POLÍTICOS

En Acayucan hay una historia, la de la luchadora social que llegó a ser regidora con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), Ariadna Guirao Arvea, quien al poco tiempo renunció a las siglas de su partido, y ahora aparece en el padrón de beneficiarios durante la administración de Ricardo Orozco Alor; así como Noé Ayala ibarra, regidor Cuarto en San Juan Evangelista, con la Comisión de Tránsito y Vialidad; del mismo ayuntamiento, el contralor, Gonzalo Lara Cruz.

Se agregan el ex comandante de la municipal de Soconusco, Julián Zárate Oropeza y el ex director de Obras Públicas en Acayucan, Arcadio Benítez Cruz.

Se suma Juio César Ficachi Legar, quien fue la autoridad electoral que calificó las elecciones en la junta municipal en 2014, en Coatzacoalcos, de donde salieron autoridades priístas; Sonia María Yep Guízar, operadora política en el mismo municipio, actual directora de Desarrollo Agropecuario en Coatza, ex regidora y siempre anquilosada en la administración pública municipal, al igual que sus familiares. Rafael Florentino García, operador político del tricolor y agente municipal en Las Barrillas, Coatza.

Manuel Carmona Ruiz, dirigente de la Fetev en Coatza; Roberto Ramos Alor, ex perredista, ahora metido en Morena después de haber sido dado de baja de la dirección del hospital de Coatzacoalcos; Víctor Eduardo Manzanilla Rico, presidente del DIF del municipio de Nanchital, él es hermano de la alcaldesa de ese municipio, la priísta Brenda Manzanilla Rico; Margarita Trujillo Cortazar, hermana de José Ignacio Trujillo Cortazar, regidor por el PRI y ex alcalde en Minatitlán.

Edgar Fidel Toledo Matus, quien fuera rector de una universidad tecnológica en el sur de Veracruz, dejó el puesto en diciembre pasado, y ahora aparece en el padrón beneficiado con placas. Como autoridad educativa, se caracterizó por dar apoyo político electoral al PRI en su región. Roque Antonio Toledo Hernández, es hermano del actual líder de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros (PEMEX), Ramón Hernández Toledo; ahora, además de jubilado de Pemex, se estrena como dueño de placas junto a varios allegados de ese instituto sindical.

Gustavo Macías Botello, uno de los sacerdotes católicos que más fustiga en sus sermones en Nanchital, junto a su hermano, Vicente Emilio, figuran en el padrón.

Katia Xiomara Schultz Alfonso, hija del líder pesquero, y ex funcionario municipal Gabriel Schultz Gordillo. Su padre, según su biografía, hasta hace unos meses, era furibundo defensor de los derechos de los hombres de redes en el sur de Veracruz, y constantemente reclamaba por los derrames de Pemex; pero al ingresar al sistema como funcionario municipal, dejó las pancartas por la defensa de las instituciones.

Juan Carlos López Puga, hombre cercano al círculo de Flavino Ríos y a Ricardo Orozco, ex director de panteones, en el padrón. Renata Bonfilio Olarte, ex candidata suplente a regidora en las pasadas elecciones en Minatitlán por el PAN. Joel Gómez Ponce de León, cuñado del síndico de Mina; Noelia Vázquez Hernández y César Augusto Flores Colorado, alfiles de Saúl Wade, ex Tesorero de Minatitlán, regidor electo para la próxima comuna, hijo de Jorge Wade, líder petrolero en sur.

Hermoso Arista Bonilla y su hija, Erika Rubí Arista, el primero es el nuevo líder de la cooperativa de transporte Santa Clara, una de las más importantes en el sur. Alberto Nicolás Ruiz Sánchez, sobrino del ex candidato de la coalición PAN-PRD en el proceso electoral pasado, también empresario del transporte, Nicolás Ruiz. Cirilo Pérez Martínez, empleado de Pemex y cercano a Orozco Alor.

Tania Ivette Estrada Núñez, colaboradora de confianza del ex director de Tránsito Orozco Alor, promotora del voto para el PRI y académica en el Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos (ITESCO). Cuando Ricardo Orozco Alor contendió como candidato del PRI a la diputación local por Minatitlán, Estrada Núñez operó como su coordinadora de campaña y perdieron. Se vieron envueltos en un escándalo por presuntos daños a la salud pública por repartir pan con hongos a simpatizantes del PRI.

DE PERIODISTAS A TAXISTAS

El otro grupo visible en la entrega de las concesiones es el de periodistas, que en el contexto, ya cuentan con beneficios aportados por el gobierno, como dio a conocer el Instituto de Vivienda del estado (INVIVIENDA) en repuesta a la solicitud de información 01371117, en la que consta que varios integrantes de Organización de Comunicadores de los Estados A.C (OCEAV) Delegación Minatitlán.

INVIVIENDA dio a conocer que existen diversas peticiones de esos comunicadores para que el gobierno regularice casas que fueron construidas con recursos del FONDEN para damnificados de inundaciones causadas por el desbordamiento del río Coatzacoalcos. Pese a que las casas cuentan con dueño, los reporteros se metieron para ocuparlas con la esperanza de que el pasado gobierno de Javier Duarte de Ochoa se las regularizara; ahora lo han solicitado al de Miguel Ángel Yunes, pero en la respuesta citada arriba, el INVIVIENDA manifesta que no es posible por las reglas de operación del FONDEN.

Y aunque en la solicitud formal la OCEAV manifiesta que merecen las viviendas por ser periodistas vulnerables económicamente, no informan que varios también resultaron beneficiados con placas de taxis.

Así, de quienes poseen casa invadida en el fraccionamiento del FONDEN (El Mariano), se menciona a Víctor Hugo Gómez Leonardo, Norma Lidia Faranoni Domínguez, Pablo Iván Orozco Cartas, Evelia Gómez y Alba Judith Guzmán Flores, reporteros locales en Minatitlán. Sin casa, la ex regidora y periodista de Mina Julieta Cruz Palavicini.

Francisca Zorrosa Montiel, mejor conocida como Fanny Zorrosa, agente de ventas de TV Azteca, ahora es empresaria del taxi, así como sus hermanas, María del Carmen y Guadalupe Vidal.

Ana María Alvarado de la Cruz, ex periodista, y ahora operadora Ricardo Orozco.

Ana Isabel Cruz Hernández, reportera local en Nanchital de Diario del Istmo; Liliana Corona Sayune, quien buscaba ser regidora en la próxima administración de la panista-perredista Zoila Balderas.

Igual están el encargado de Comunicación Social de Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, Víctor Aurelio Vidal López y la comunicadora Cecilia Gayosso, jefa de información del portal Municipios Sur, propiedad del columnista Federico Lagunes, afín a JDO.

Durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, murieron más de 20 reporteros (durante el actual, de Miguel Ángel Yunes Linares, han sido tres), la gran mayoría de sus familias obtuvieron pocos beneficios sociales como apoyo del gobierno. La deuda que dejó Duarte de Ochoa con medios de comunicación linda los 500 millones de pesos, y tan sólo la Cuenta Pública 2016 presenta una observación de 2 mil 268 millones de pesos por presuntos pagos para publicitar en medios de comunicación las obras de Duarte de Ochoa, y que terminaron en empresas fantasmas creadas por el priísta Alberto Silva.