Foto: Cuartoscuro

Es de noche. Recorremos los canales con un poco de desidia. Nos topamos con un noticiero. Algo nos llama la atención. En la mañana leímos las noticias en los periódicos; durante el día las seguimos por las redes sociales. Ésta es, acaso, una simple actualización de algo que ya conocíamos de alguna forma. El conductor presenta la noticia. Igual puede ser un nuevo desfalco, un acto de corrupción impune, el capricho de legisladores que negocian con su ausencia a la hora de las votaciones. Cualquiera de ellas, insisto. Da igual. El asunto es que, tras dar la noticia, el titular del noticiero la comenta: “esto acarreará enormes costos políticos”.

Mi mujer lo escucha y se carcajea. Entiendo el origen de su hilaridad. Los costos políticos. Algo que, quizá, no existe en este país o, de existir, funciona de forma muy diferente a lo esperado. Vayamos por partes.

No sostenemos que no existan costos políticos. Supongo que si un político joven insulta, desobedece o reta a un político consumado, tendrá que aguantar un sexenio para poder sobresalir. Es un costo político indudable. También, en el extremo opuesto, tendrán que pagarlo aquellos candidatos a la presidencia que no logren conseguir el puesto. Es un costo político que se debe pagar. Sin embargo, en ambos casos, son costos inherentes al ejercicio de su profesión. Más que político, es un costo a la desobediencia (que igual funcionaría en una empresa tecnológica) o a la competencia (alguien siempre gana, alguien siempre pierde).

El asunto es otro. El costo político del escándalo ha desaparecido. Mientras no haya tipificación del delito, causa penal, orden de aprehensión y lindezas de ese orden, dicho costo es asaz cuestionable. No lo hubo para el señor de las ligas (tras la condena y la prisión cumplida ya regresó a su trabajo); no lo hubo para el dueño de una casa, de otra o de las demás; no lo ha habido para quien no supervisó bien la construcción de una carretera; tampoco para quienes han aceptado financiamientos ilegales en sus campañas; no lo hubo para los partidos que ofrecieron renunciar a sus presupuestos para apoyar la reconstrucción tras el sismo (que su oferta fuera ilegal y una mala idea no importa, la esperanza también pesa); vamos, ni siquiera para quienes, como decía la noticia, debían cumplir con los tiempos que manda el Congreso so riesgo de entrar en desacato.

Lo anterior no significa que no haya costos políticos en este país. Pero éstos entran en una mecánica diferente. La de la lealtad con quien da las órdenes, la de la obediencia y el respeto. Para ser defenestrado pesa más no estar de acuerdo con el líder de un grupo parlamentario que no hacer bien el trabajo o que tener encima casos probados de corrupción. Y, justo por eso, es que gran parte del aparato gubernamental no funciona: es preferible quedar bien que hacer bien: ése es el verdadero costo político. Sólo que no lo pagan ellos, quienes deberían de hacerlo, sino cada uno de nosotros.