Anuario2016 | Este 2016 inició con la devastación del manglar de Tajamar, en Quintana Roo: el 16 de enero camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua ingresaron a la zona, custodiados por policías, pese a que activistas resguardaban el lugar. Ése fue sólo el inicio de un año, que de acuerdo con los especialistas, quedaría marcado por el desinterés del Gobierno federal en la preservación del medio ambiente.

Para la Ciudad de México, el año que está por terminar será recordado como el que vivió al menos una decena de contingencias ambientales, que obligaron incluso a hacer más restrictivo el programa Hoy No Circula que dejó a millones de autos nuevo y viejos varados. Medida, que más allá de ser efectiva o no, fue duramente criticada por la ciudadanía y los expertos.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El año que está por concluir se vio mermado por distintos hechos que demostraron –de acuerdo con especialistas– el desinterés del Gobierno mexicano en temas de medio ambiente y conservación de especies. Del caso Tajamar a daños provocados por la minería, las autoridades exhibieron que el interés económico rebasa en prioridades al público.

La madrugada del 16 de enero más de 70 camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua entraron a Tajamar, en Quintana Roo, respaldados por elementos de la policía municipal y federal, mientras alrededor de 20 activistas se encontraban resguardando el lugar ante la inminente amenaza de daño al ecosistema. Policías antimotines cercaron el perímetro con vallas y permanecieron allí por más de 24 horas, hasta terminar de devastar.

En su momento, ciudadanos y activistas acusaron como responsables al Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, quienes fueron acusados por los inconformes de dar paso a una construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y calificaron el hecho como un ecocidio.

Javier Riojas, académico del departamento de estudios internacionales en la Universidad Iberoamericana, dijo en entrevista para SinEmbargo que “se puso en entredicho el tema de la protección de la riqueza natural, de la posible corrupción en el manejo de los permisos para desmontar y construir, así como del costo ambiental de los llamados desarrollos turísticos en zonas ‘delicadas’ desde el punto de vista ecológico”.

“[El Gobierno] está más preocupado por promover lo que ellos llaman ‘proyectos de desarrollo’ por encima del buen manejo de los recursos naturales. Están subordinados a intereses muy fuertes de empresas muy poderosas económicamente que imponen su ley por encima del interés público. Ahí sí se ve claramente la debilidad y una posible corrupción de los gobiernos estatales, frente a estos casos de deterioro ambiental”, sentenció.

Y agregó que uno de los rasgos de la actual administración ha sido disminuir la prioridad que debe tener la política ambiental y la conservación de los recursos naturales. “Se prioriza el crecimiento económico por encima del buen manejo de los recursos naturales y de la calidad de vida de la gente”, criticó.

“En materia ambiental, a lo largo de 2016, no parece haber un resultado positivo […] Es difícil rechazar la hipótesis de que las autoridades favorecen los intereses económicos por encima de los ambientales y sociales”, dijo en su oportunidad Roberto Constantino Toto, profesor-investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Otro tema importante a destacar es la mala calidad del aire. Durante 2016, la Ciudad de México vivió una decena de contingencias ambientales. Ante esta situación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) implementó el Hoy No Circula para todos los autos en la Zona Metropolitana del Valle de México que se mantuvo desde el 5 de abril hasta el 30 de junio para mejorar la situación y en algunas ocasiones ofreció gratis el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Sin embargo, las medidas fueron duramente criticadas por la ciudadanía e incluso expertos en materia, organizaciones de la sociedad civil y hasta políticos las calificaron como “aisladas” e “insuficientes”.

En ese sentido, el maestro Rojas subrayó que el tema no le atañe únicamente al Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Ángel Mancera Espinosa y sí a todos los que componen la CAMe, o sea, la capital, el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

“El tema de la calidad del aire en la capital dejó ver las limitaciones que tiene esa comisión”, dijo, no obstante, reclamó que tanto Hidalgo como Puebla “se resisten a implementar medidas más estrictas”.

Cabe mencionar que el presupuesto para medio ambiente no es suficiente. En diciembre pasado, más de 40 organizaciones civiles y científicos de todo el país escribieron una carta a Peña Nieto para exigirle duplicar el presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y triplicarlo para el final del sexenio, luego de que se redujera 27 por ciento del presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la iniciativa para 2016.

“Todavía en la historia de México, el medio ambiente se considera como un tema de categoría tres […] El sector ambiental ha sido uno de los más afectados en cuanto a los recortes presupuestales, a pesar de ser el que nos provee de todos los bienes y servicios que usamos como economía. No hay congruencia en la prioridad que se le da”, dijo a este medio hace un par de meses la investigadora Vanesa Pérez- Cirera, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Sostenible y la Equidad Social (IIDSES) de la Universidad Iberoamericana.

Además, en agosto pasado se cumplieron dos años del peor derrame de tóxicos en la historia de la minería en el país. Shaila Rosagel, periodista de este medio, documentó que los cerca de 24 mil habitantes de la periferia del río Sonora y Bacanuchi aún continúan sin acceso a la justicia, mientras el daño ecológico sigue sin ser reparado, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico.

La situación, de acuerdo con Riojas, refleja el “ostensible debilitamiento de la política ambiental” en México. “El caso del río Sonora –aunque no fue este año– en 2016 se demostró que ha quedado impune […] Allí y en Tajamar quedó muy claro –y es una vergüenza– la laxitud con la que los gobiernos estatales ejercen sus facultades”, subrayó.

En julio pasado, organizaciones de la sociedad civil denunciaron durante la presentación del Manual para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de Pueblos y Comunidades frente a los Megaproyectos Mineros en México, que la minería –a pesar de ser una de las actividades extractivas más depredadores en las comunidades–, invade la República Mexicana, bajo el cobijo del Gobierno.

México –en palabras de Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC– “está invadido por megaproyectos de muerte”, hasta 2013 existían en total 26 mil 823 concesiones mineras que ocupan más de 31 millones de hectáreas en el territorio nacional. Y aseguró que únicamente dos de los 32 estados que conforman la República Mexicana están libres de concesiones mineras: la Ciudad de México y Quintana Roo.

En contraste, Sonora –estado donde ocurrió el derrame–es el que más actividad minera presenta, con 4 mil 590 concesiones; seguido por Durango, con 3 mil 642; en el tercer peldaño se encuentra Chihuahua, con 3 mil 496 y en el cuarto lugar está Zacatecas con 2 mil 570.

“El Gobierno federal ha impuesto una política ambiental más centrada en que la sustentabilidad no sea un obstáculo para la competitividad económica, a que sea una prioridad”, lamentó Riojas.

La conservación es otro tema en el que las autoridades mexicanas han quedado a deber durante el año. La vaquita marina –especie endémica del país– se encuentra en inminente riesgo de extinción sin que hasta el momento se implementen medidas estrictas que contribuyan a protegerla.

El Comité Internacional para la Recuperación de esta especie planea –en 2017– atrapar y proteger la mayor cantidad posible de ejemplares, en un último esfuerzo para salvarla de la extinción. Sin embargo, en diversas ocasiones, Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) han alertado que, principalmente, la pesca ilegal de la totoaba –también en peligro de extinción– ha causado el declive continuo de la vaquita.

Hace apenas algunos días las organizaciones denunciaron que la pesca no ha parado y las autoridades ambientales y pesqueras no han informado qué planean implementar tras la conclusión de la veda anunciada el año pasado por Enrique Peña Nieto para prohibir –por dos años– el uso de redes de enmalle por resultar dañinas para la especie.

Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace en México, dijo a este medio que mantener a las vaquitas en cautiverio supone una “medida desesperada”, derivada de un programa integral de conservación que hasta el momento no ha funcionado. Por ello, señaló, las autoridades deben evaluar si será una opción acertada y asumir el riesgo, no obstante, reconoció, implementar el programa podría generar incertidumbre para la especie.

LO “RESCATABLE” DEL AÑO…

Riojas aseguró que a nivel internacional, México mantiene una imagen positiva en términos ambientales por los acuerdos y compromisos que firma y promueve. Apenas hace un par de semanas Cancún, Quintana Roo, fue sede de la Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), donde participaron 196 países, lo cual le dio al país “un lustre internacional”, sin embargo, acusó, “al interior no se ven reflejados en prácticas concretas”.

Punto en el que coincidió Constantino, quien señaló que existe una tendencia a incrementar la presencia de México en los foros multilaterales, pero a nivel local el Gobierno no es coherente. “Mi abuela lo hubiera resumido así: ‘México es candil de la calle y oscuridad de su casa'”.

El académico Riojas advirtió que el año próximo “viene bien complicado” por el factor internacional de la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de “una persona clara y abiertamente desinteresada en temas medioambientales”: Donald Trump cree que el cambio climático es un “engaño” de China para frenar la economía de Estados Unidos y volverse competitivo.

“La elección de Donald Trump como próximo Presidente de los Estados Unidos, yo pienso, es un factor de alto riesgo en muchos sentidos, incluyendo el ambiental. Es un gran riesgo el hecho de que una persona abiertamente despreocupada de los temas ambientales, que descalifica de manera muy irresponsable temas como el cambio climático y la crisis de la biodiversidad, ocupe el cargo”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno de México para recapacitar y tomar en cuenta que una de las grandes posibilidades de mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de las personas en el país es con la conservación de la riqueza natural con que se cuenta.

“Es necesario hacer un viraje en la política ambiental para proteger los recursos y priorizar las políticas de sustentabilidad”, dijo.