Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– La presentación esta semana de las leyes secundarias, derivadas de la Reforma en Telecomunicaciones, enfrentó nuevamente a distintos sectores del país. La legislación enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto no sólo provocó críticas de la oposición política, sino también de los actores más importantes en esa industria.
Con un ambiente muy distinto a las palmas que generó la aprobación de esta reforma que, en teoría, permitirá acabar con los monopolios y abrirá el sector a la competencia para impulsar un mayor crecimiento económico, las leyes secundarias enfrentaron todo tipo de reclamos.
La propuesta presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 11 de marzo de 2013, y que fuera promulgada el 10 de junio de ese año, creaba también una nueva instancia reguladora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) mismo, que, ahora, con las leyes secundarias ve mermada su autoridad ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De acuerdo con las leyes secundarias, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá a su cargo la vigilancia de contenidos y publicidad en televisión abierta y restringida, tal y como lo hace actualmente, pero también, aumentaría sus controles a través de mayores multas a las empresas y nuevos conceptos que establece la iniciativa.
Mientras que en el caso de la SCT pretende devolverle a esta instancia la intromisión en procedimientos, trámites y recomendaciones.
Los primeros en reaccionar fueron los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Cecilia Romero Cervantes, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, quienes anunciaron, de manera conjunta, que la iniciativa es contraria a los principios de la Constitución, principalmente al Artículo 28 que hace referencia a los monopolios, a las exenciones de impuestos y a los precios de los servicios.
“El PAN y PRD consideran inadmisible que en estos proyectos de leyes se desconozcan avances alcanzados y expresados en la Constitución del país (…) En el proyecto del Ejecutivo se alcanzan a ver interpretaciones de la Constitución que carecen de validez y que hasta ahora no se habían insinuado siquiera por parte del gobierno federal”, señalaron en un comunicado conjunto.
Televisa, que junto con América Móvil de Carlos Slim fue declarada como agente dominante en el marco de esta reforma, también emitió un comunicado para acusar que de aprobarse las leyes secundarias sus operaciones podrían verse afectadas al incluir sanciones “desproporcionadas” para quienes violen la normatividad.
“En cuanto a la regulación de contenidos, Grupo Televisa revisará a profundidad la iniciativa de ley, pero en una primera lectura se observa que algunas de las sanciones propuestas son desproporcionadas”, señaló la compañía.
La reforma prevé que Televisa, como actor preponderante en el sector de radiodifusión, publique en Internet la información relativa a los servicios de publicidad en televisión; además de que extiende a todos los demás participantes de este mercado la obligación para inscribir sus tarifas mínimas, y no dar tratos discriminatorios.
Además de regresar al Ejecutivo facultades que dentro del Pacto por México se había acordado que pasaran a formar parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), también prohíbe la publicidad y propaganda electoral engañosa.
“Con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda electoral presentada como noticia”, expresa el artículo 239 de la propuesta.
Por su parte, el artículo 257 establece los derechos de las audiencias en los que se prevén las características de la programación como diferenciar con claridad la información noticiosa de la de opinión, y entre la publicidad y el contenido de un programa.
También establece el derecho de réplica.
En el caso de las sanciones, la actual Ley Federal de Radio y Televisión establece multas de hasta 50 mil pesos, mientras que con la iniciativa se elevan desde el 1.01 por ciento de los ingresos del concesionario hasta el 5 por ciento.
En el caso del uso del tiempo al aire, el artículo 230 contempla que los canales de televisión abierta pueden destinar hasta 18 por ciento del tiempo de sus programas para publicidad comercial, mientras que en la de paga será de seis minutos por cada hora y en radio hasta del 40 por ciento de su tiempo al aire.
Televisa y TV Azteca acaparan cerca del 70% y 30% de los ingresos por publicidad en televisión abierta, un mercado valuado en cerca de 35,500 millones de pesos al año, mercado que en el 2015 se planea tenga dos nuevos jugadores, por lo que los ingresos de ambas empresas se pueden ver mermamos por la competencia y la limitación del uso de tiempos comerciales.
