Académicos y representantes de organizaciones civiles criticaron la política del Gobierno mexicano sobre las drogas. El 19 de abril las autoridades mexicanas tendrán que fijar una postura sobre el combate al narcotráfico y la legalización ante las Naciones Unidas. En el fondo, apuntalaron los críticos, la guerra contra las drogas en México fracasó por la corrupción.

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo). — El fenómeno de la corrupción hace que las políticas antidrogas de México carezcan de efectividad, alertaron académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales en un foro organizado por el Senado para debatir sobre la política del Gobierno de cara a la posible despenalización del consumo de la mariguana.

Lorenzo Meyer Cossío, investigador de El Colegio de México, fue uno de los investigadores que durante una jornada de más de 11 horas apuntaron que los problemas de corrupción del país han reducido la capacidad del Estado para tener una política contra las drogas que evite miles de muertes.

“El tema de las drogas y el crimen ha puesto en relieve una debilidad enorme del Estado. Y ésta se manifiesta en el papel que tiene la corrupción en las instituciones mexicanas”, dijo Meyer Cossío.

El índice de Percepción de la Corrupción 2015 de la organización Transparencia Internacional (TI), posicionó a México en el puesto número 95 de 168 países. Por cuarto año consecutivo el país reprobó de acuerdo a los parámetros de TI, con 35 puntos de 100 posibles.

“El problema lo ha puesto sobre la mesa el momento el que inicia la llamada guerra contra las drogas y el narcotráfico en el 2006. En esta decisión muy irresponsable que se tomó en el 2006, ahí se queda evidenciado que si el Ejército y la Armada no pueden resolver este problema, entonces no hay forma de resolverlo”, declaró.

El investigador indicó que México no tiene la capacidad de sostener ninguna estrategia que se acuerde durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) en Nueva York.

Otros exponentes coincidieron que la actual política prohibicionista de las drogas ha sido un fracaso por los altos índices de violencia generados. Un informe hecho público en el Senado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con datos de la Procuraduría General de la República, reveló en el 2014 que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa hubo 120 mil muertes relacionadas con el narcotráfico.

Fernando Tenorio Tagle, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, detalló que las guerras han sido utilizadas a lo largo de la historia como un elemento político.

“La guerra lo que tiene es que se convierte en el instrumento simbólico más importante de cohesión social, porque nos une para luchar contra otro. Siempre que hay un problema político se inventa una guerra para cohesionar”, detalló.

Tenorio exhortó a que la nueva política de las drogas haga hincapié en el mercado de las drogas y no en su prohibición.

“Los delincuentes son racionales, por ejemplo, si se roban autopartes, lo hacen porque alguien las va a comprar, o sea no son estúpidos, no los roban para guardarlos, entonces, la misma sociedad es la que compra estos productos. Esto se basa en la acumulación de capital”, explicó al auditorio.

¿Y SI SE DESPENALIZAN?

Otro aspecto debatido durante el evento llamado “Audiencias Públicas sobre el posicionamiento de México ante la UNGASS” fueron los impactos en la salud de la sociedad.

Gady Zabicky, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conminó a los especialistas de salud a conceder valor a drogas que tienen efectos positivos en la salud, como algunos productos derivados de la cannabis.

“En 20 años que llevo haciendo política de drogas, no habíamos logrado modificar las políticas, como sí lo hicieron la niña Graciela y sus padres”, dijo en referencia al caso de Graciela Elizalde Benavides, una niña de 8 años, enferma de epilepsia, a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió el uso medicinal de un producto derivado de la mariguana.

“Solicito un alto al fuego, eso es lo que yo pediría en el UNGASS, una amnistía para todas las personas que sufren. Hablar de la guerra contra las drogas es un eufemismo, porque esto es una guerra contra las personas. Al tratar de evitar que se hagan daño , les hemos hecho más daño nosotros”, dijo el profesor Zabicky.

Sin embargo, las autoridades del Gobierno presentes insistieron en los impactos que despenalizar las drogas podría tener en la salud de los individuos.

“El consumo de sustancias no sólo daña la salud. Afecta la familia y repercute en diferentes ámbitos, y las drogas se asocian a otros graves problemas, como es la violencia intrafamiliar, escolar e intracomunitaria”, dijo Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional Contra las Adicciones.

En México no hay prohibicionismo, sostuvo Mondragón, aunque se mostró abierto, de estar demostrado, a incluir cualquier cambio en la legislación con el fin de utilizar productos derivados de drogas que traten enfermedades.

Asimismo, negó que México tenga una postura cerrada en cuanto a las drogas y resaltó que el Estado no penaliza a farmacodependientes, consumidores o quienes tengan cierta cantidad de posesión, tal como lo indica el artículo 478 de la Ley General de Salud.

“México no penaliza la posesión, 40 miligramos de heroína [en realidad son 50, de acuerdo con la Ley], medio gramo de cocaína y 5 gramos de mariguana”, recordó Mondragón.

Por su parte, Antonio Mazzitelli, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en México explicó que la postura de la ONU está centrada en generar convenios que promuevan la salud y afinen la proporcionalidad de las penas.

“Ahora como decía antes, entre más desarrollada es una sociedad, más se puede permitir el lujo de cubrir los gastos asociados a las drogas. Esa es mi experiencia en más de diez años”, dijo.

De acuerdo con el representante, en aquellos países donde los sistemas de salud no tienen la capacidad de hacer frente a estos problemas, las enfermedades de las drogas son más propensas a extenderse.

Este debate de posiciones encontradas podría radicar en lo moral, explicó Jorge Chabat, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Si uno tiene un hijo que está enfermo, pues claro, va decir que lo prohiban, si uno tiene un hijo que lo mataron, pues claro que va decir que ya quiten la prohibición.

La gran pregunta es cómo le hacemos para lidiar con este problema. El actual enfoque no ha funcionado muy bien. Y la SCJN decidió que era una decisión individual”, reflexionó.

¿AYUDA INTERNACIONAL?

Francisco Meyer Cossío detalló que las actuales autoridades tampoco han sido capaces de pedir ayuda a la Organización de las Naciones Unidas para fortalecer el Estado de Derecho.

Y citó el caso de Guatemala, donde la impunidad alcanzó un grado tal que tuvieron que pedir ayuda internacional, lo que desembocó en que el Presidente saliera del Gobierno a la cárcel.

“No veo yo que la SRE [Secretaría de Relaciones Exteriores] vaya a pedir ese tipo e ayuda. Al contrario, está expidiendo posiciones defensivas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el mundo externo se meta lo menos posible con nuestras estructuras institucionales”, dijo.

Pese a qué México hizo un llamado las Naciones Unidas en el 2012 de buscar alternativas a la política prohibicionista de las drogas junto a Guatemala y Colombia, el Presidente Enrique Peña Nieto se ha limitado a abrir los debates sobre la mariguana.

Ante esta postura, los académicos no esperan una sorpresa de parte del Gobierno mexicano en Nueva York. Al tiempo que la ONU, tampoco, parece cambiar su visión sobre las drogas, en relación a lo que ha sido en los últimos años.

Antonio Mazzitelli recalcó que por ahora los convenios internacionales de la ONU se han centrado, sobre todo, en el tráfico ilícito de estupefacientes. “La UNGASS quiere poner fin a la guerra contra las drogas, pero no quiere poner fin a la guerra contra los traficantes”, dijo, por considerar que son los causantes de las muertes.

Pese a ser una audiencia pública organizada por el Senado, Meyer expuso sus dudas respecto a que las conclusiones de los panelistas fueran tomadas en cuenta por el Gobierno de cara a la UNGASS. Y en tono jocoso dijo: “Yo creo que el posicionamiento de México ya está hecho. Si ahorita lo tuvieran que hacer estarían retrasadísimos”.