La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la averiguación previa iniciada contra Emilio Alvarez Icaza Longoria “resulta temeraria e infundada”. El organismo de la OEA dijo que respalda el accionar de su Secretario Ejecutivo, “que en todo momento actuó de acuerdo con las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Emilio Alvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones del caso Iguala, y consideró que la investigación “resulta temeraria e infundada”.
El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) explicó mediante un comunicado de prensa que en su carácter de Secretario Ejecutivo de la CIDH, Alvarez Icaza firmó el acuerdo de cooperación con México en representación de la Secretaría General de la OEA, a través de la figura de “delegación de firma”.
La Comisión dijo que la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas, por lo cual “la CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo”.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició el pasado 22 de marzo la averiguación previa luego de que día 15 del mismo mes el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denunciara ante la PGR a Alvarez Icaza por su “conducta antisocial” en la investigación de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
La dependencia dijo que la denuncia tendrá que ser ratificada por el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, quien acusa Álvarez Icaza de haber cometido fraude al Gobierno mexicano de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares al no cumplir con el acuerdo en el que, como parte de la investigación del caso Iguala, “la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”, denunció el líder.
“Por este conducto hago de su conocimiento que deberán comparecer ante esta Representación Social de la Federación el 23 de marzo de 2016, a las 12:00 horas, con la finalidad de que ratifique, amplíe o modifique su escrito de denuncia de fecha 15 de marzo del año en curso, en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria y quien o quienes resulten responsables”, señaló la Subprocuraduría en un citatorio.
Al respecto, la Comisión Interamericana expresó este martes “su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada”.
La CIDH dijo que el acuerdo de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR).
“Fueron estas mismas partes las que expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertos y expertas que constituyen el GIEI”, refirió.
Indicó que la propuesta de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.
“Las partes acordaron ‘la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano’ tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares”, recordó la CIDH.
La Comisión dijo que por lo anterior se designó un Grupo de Expertos en acuerdo con el Estado y con los representantes de los estudiantes, por un periodo de seis meses y con las atribuciones de analizar los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente.
Precisó que entre sus funciones está además: un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre.
“En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue presentado el 6 de septiembre de 2015. Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de 6 meses”, dijo el organismo de la OEA.
Recordó que el informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales.
En particular, dijo, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula.
“Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso. La Comisión reitera su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo”, se lee en el comunicado.
Asimismo, la CIDH dijo que respalda en forma categórica el accionar de su Secretario Ejecutivo, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
“La Comisión expresa además su confianza absoluta en la probidad de su Secretario Ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH”, agregó.
