México

Violaron, torturaron y mataron a su hija de 12 años en Edomex y por buscar justicia, la persiguen

29/03/2018 - 8:20 pm

A Lorena le asesinaron brutalmente a su hija Fátima en la comunidad de Lupita Casas Viejas, Lerma, Estado de México. Era un 5 de febrero de 2015. Tenía 12 años cuando la violaron y golpearon, la hirieron con una navaja y la lapidaron.

Sólo uno de los tres jóvenes acusados del asesinato está en prisión. Hoy la familia de la víctima tuvo que dejar su hogar por las amenazas y ataques de los que han sido blanco.

Las autoridades le prometieron a Lorena ayuda para encontrar asilo en otro país ante las intimidaciones que se agravaron, pero no se lo cumplieron. La familia de Fátima ahora libra dos batallas: que se castigue a los responsables del asesinatos y sobrevivir.

 “Nosotros somos víctimas, no tendríamos que irnos de nuestro país huyendo como si fuéramos los peores delincuentes y no tenemos que vivir como prisioneros”, reclama Lorena.

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- Fátima Quintana Gutiérrez tenía 12 años y estudiaba la secundaria en Lerma, Estado de México. Una tarde no regresó de la escuela y horas después su cuerpo fue hallado con signos de violación, golpes y lapidado. Ahora 12 miembros de su familia tuvieron abandonar su hogar en tierra mexiquense ante las amenazas y agresiones que recibió de los familiares de los sujetos acusados del cruel asesinato.

“Simplemente nos desplazaron y nos vinieron [las autoridades] a dejar aquí”, dice Lorena, la madre de la menor. Así resume el apoyo recibido por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. “Se nos han violentado todos nuestros derechos. Ya no contamos con nada. Ya terminamos con todo lo que teníamos y la realidad es que nosotros no le hicimos nada a nadie como para estar en esta situación, la realidad es que yo no soy una asesina, ni mi marido, ni mis hijos”.

Fátima fue torturada y asesinada el jueves 5 de febrero de 2015 a un costado de la carretera Naucalpan-Toluca, Estado de México. La manera en que fue asesinada fue reconstruida y dada a conocer en las audiencias sobre el asesinato.

La menor regresaba de la secundaria cuando fue interceptada por tres hombres quienes  desde el primer momento la hirieron con una navaja en la cara y cuello, cada corte de 10 centímetros.

La llevaron una zona boscosa donde la acuchillaron 90 veces, le fracturaron las muñecas, los tobillos, le dislocaron un hombro, le sacaron un ojo y le tiraron sus dientes.

Con un cuchillo de bordes  le abrieron su pecho 30 centímetros, y 10 centímetros en las entre piernas; la violaron y finalmente la mataron arrojándole tres piedras: una de 36 kilos, y otras de 32 kilos. Después la enterraron.

Fátima tenía 12 años con 8 meses de edad.

Lorena salió a buscar a la menor cuando no llegó a la casa esa tarde. En ese momento vio a Misael Hernandez y le preguntó que si había visto pasar a su hija, porque ella siempre pasaba fuera de su casa ya que era camino obligado. El joven negó haberla visto.

La madre buscó a la compañera con la que Fátima retornaba después de clase. La niña le dijo que ambas llegaron juntas en el camión y a unos 120 metros de la casa de la menor se separaron, donde siempre lo hacían.

La amiga acompañó a Lorena a buscar en las calles aledañadas y Misael volvió a aparecer. La madre le preguntó de nueva cuenta por su hija, y el joven lo negó nuevamente. La compañera le reviró que él estaba junto con su hermano Luis Ángel y  José “N”, alías “El Pelón”en el barandal afuera de su casa, por lo que debían haber visto a Fátima .

La búsqueda continuó por la zona y ese mismo día hallaron el cuerpo de la menor.

“Fue cuando empezó el infierno: yo encontré a mi hija semi enterrada, solo le alcancé a ver un pedacito de su pie. En un primer momento pensé que se lo habían cortado, y no, era su cuerpo, solo que estaba semi enterrado”, explica la madre.

Fátima luchó hasta el último momento. Prueba de ello es que cuando le arrojaron las piedras en la cabeza y la enterraron pensando que estaba muerta, “ella se sacudió para sacar un brazo y una pierna”, según el relato que hizo el forense en la audiencia de vinculación y juicio oral.

“En la casa de Luis Ángel, encontramos ropa, zapatos, una camiseta y pantalón de mezclilla llenos de sangre, la sangre de esas prendas era de mi hija y de un masculino”, explica Lorena.

Los pobladores golpearon a los tres acusados del crimen, quienes fueron rescatados por policías  y llevados al Hospital de Toluca donde estuvieron internados 15 días.

“A Misael Atayde Reyes lo dejaron libre porque era menor de edad, y no había suficientes pruebas para que nos dieran la orden de presentación de un juezen ese momento; ese día José Angel Atayde Reyes y “El Pelón” fueron ingresados en el penal de Lerma, pero ahí fue donde empezó el proceso y todas las irregularidades de la Fiscalía”, acusa Lorena.

Fatima era una niña alta, a sus 12 años ya media 1.68 metros, pero era una niña todavía, dice su madre. Foto: Especial

LAS OMISIONES

La carpeta de investigación por el asesinato de Fátima estuvo llena de errores cometidos en la Fiscalía del Estado de México, denuncia Lorena Gutiérrez.

Entre la ropa que encontraron en la casa del asesino, Luis Ángel Atayde, había unas prendas propiedad de “El Pelón” manchadas con sangre que no fueron analizadas.

“La FGE nunca pidió sacar las pruebas ni hicieron un esfuerzo por tener un comparativo de ADN. Argumentaron que le violentaban los derechos de ellos, ¿pero nuestra hija no tenía derechos?, ¿no tenía derecho a que se hicieran esas pruebas?”, cuestiona Lorena.

Además, la Fiscalía de Edomex dijo que no contaba con tiras reactivas para hacer las pruebas genéticas a fin de obtener los perfiles genéticos. “Y esto no lo estoy inventado, esto está plasmado en el expediente, en una carpeta plagada de  ineficiencia, de violaciones a todos los derechos. Ellos tuvieron a bien plasmar en la carpeta de mi hija todas sus omisiones”.

Luis Ángel Atayde Reyes fue sentenciado a 72 años 8 meses de prisión.

Misael, quien de inicio fue excarcelado,  fue detenido nuevamente meses después cuando ya había cumplido la mayoría de edad; pese a ello podría salir libre en los próximos años.

Lorena sostiene que se entregaron diversas evidencias contra los tres, pero la incapacidad e ineficacia de la Fiscalía para obtener las pruebas genéticas fue uno de los factores que facilitó que “El Pelón” fuera absuelto por la juez Janet Patiño García.

“Yo y mi familia entregamos a la policía a los tres asesinos de mi hija, y ellos solamente pudieron sentenciar a uno. A  José “N”, El Pelón, lo dejaron libre porque no les pareció suficiente que la ropa que estaba dentro de esa casa llena de sangre era la de él, la que él uso ese día; no fue suficiente que les enseñamos las fotos donde en el Facebook él aparecía con esa ropa puesta ese mismo día, eso no le pareció prueba suficiente a la Juez Janet Patiño para sentenciarlo”, critica Lorena.

Ninguno de los tres confesó.

AMENAZAS FRENTE A JUEZ 

La familia de Fátima empezó a recibir amenazas desde la detención de los dos adultos, principalmente por la familia de “El Pelón”, quien presuntamente está vinculado al crimen organizado. También explican que no puede decir el nombre completo del sujeto porque fue absuelto del delito y podría traerle problemas legales.

“Durante el proceso empezamos a enterarnos que José pertenece a una familia que se dedicaba al narcomenudeo: su abuelo fue un militar ex retirado; sus parientes, judiciales federales y de Edomex; su papá es un policía municipal de Naucalpan, Estado de Mexico”.

Los adultos fueron vinculados a proceso y las amenazas subían de tono. La casa de Lorena fue baleada en septiembre de 2015 y ante las intimidaciones de muerte, la familia tuvo que salir de municipio en el que vivían.

Durante el juicio, aunque la familia ya no estaba en el mismo municipio, los allegados de “El Pelón” seguían con las amenazas: llamaban a la escuela donde estaban los hijos de Lorena para amenazar y se apostaban en camionetas afuera del plantel educativo.

La mujer recuerda que los parientes de “El Pelón” siempre acudían a las audiencias orales con 10 o 15 personas, y que en una de ellas, con la presencia de la juez Janet Patiño Garcia, fue amenazada de muerte.

“El papá de José J se levantó en plena audiencia y me gritó: ‘Maldita perra, ya firmaste tu sentencia de muerte’. Mi esposo y yo siempre íbamos solos. La jueza estaba ahí, nada más que ella había pedido que apagaran las cámaras porque decretó un receso de cinco minutos, fue cuando el hombre se levantó y me amenazó. Ella [la jueza] escuchó cuando el papá de José J, su mamá, y su familia se me vino toda encima adentro de la sala”, recuerda Lorena.

La mujer salió del recinto para ir a denunciar, pero los ministerios públicos le dijeron que en el Estado de México no procedían las amenazas de muerte, a menos que dañaran su integridad física.

La víctima insistió y levantó la denuncia.

“Las intimidaciones no cesaron porque ellos [la familia de “El Pelón”] sabían que para nosotros no había protección, no había nada de parte de este sistema de procuración de justicia, no había apoyo y que ellos podrían hacer lo que quisieran”, narra.

EL DESPLAZAMIENTO

El primer desplazamiento se dio desde el 2015 cuando en septiembre les balearon la casa. Lorena, su esposo, sus dos hijas, dos yernos, otro hijo menor de edad y cuatro nietos, también menores, fueron llevados a una casa pequeña en otro municipio del Estado de México.

Desde el primer cambio a Lorena le prometieron que la sacarían del país, pero cuando se dio cuenta de que no le iban a cumplir buscó desesperada otros canales para pedir ayuda.

El segundo desplazamiento tuvo lugar cuando la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Mexico se movilizó para sacarla de la entidad, y fue porque Lorena habló con una periodista y una visitadora de la ONU, a mediados del año pasado.

Los 12 integrantes de la familia, siete adultos y cinco menores, fueron subidos a un avión con tres mudas de ropa cada quien; una maleta de menos de 20 kilos y llevados a una casa en una entidad lejana a Edomex.

Sin embargo, la familia ha sido víctima de múltiples violaciones a sus derechos humanos, asevera Lorena Gutiérrez.

“Literal nos vinieron a aventar a esta casa porque, aunque sí está amueblada –lógico venimos sin dinero–, cuando llegamos aquí no había nada de comida. Había un refrigerador vacío. Las camas no tenían nada, ni cobijas, no había ni un traste. La Comisión Estatal de Víctimas ciertamente nos trajo a un lugar donde la seguridad sí está mejor que en el Edomex. Pero, ¿qué iban a comer mis niños?, ¿con qué se iban a tapar mis hijos, mis nietos?, ¿qué íbamos a comer?. A ellos nada les importó, simplemente nos desplazaron y nos vinieron a dejar aquí”, reclama la madre de familia.

“Yo creo que la Comisión pensó que al traernos aquí nos íbamos a callar y ya no íbamos a seguir con lo de mi hija”, añade.

Fatima tenía 12 años cuando fue asesinada. Foto: Cortesía para SinEmbargo

LAS PROMESAS

Lorena sostiene que en el periodo en que la familia estuvo escondida en el Estado de México, las autoridades le prometieron a Lorena y sus parientes ayuda para encontrar asilo en otro país, “pero no fue así, nunca se nos ayudó. Fue como una tomada de pelo porque ellos sabían que no era tan fácil que te den un refugio por desplazamiento en un feminicidio”.

La Comisión de Víctimas de Edomex llevó a la familia a tramitar los pasaportes mexicanos pero no visas [necesarias para el país al que prometieron llevarlos].

“Ellos siguieron con su teatro del refugio, sólo nos sacaron el puro pasaporte así como para querernos tranquilizar, para creerles que nos estaban tratando de proteger”, abunda la mujer.

Lorena descubrió que no serían sacados cuando cuestionó Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Edomex, después de que se enteró que el Presidente Enrique Peña Nieto dijo en una gira internacional que México “es país que sin duda ha adoptado en los últimos años una posición comprometida para combatir practicas que afecten y que atenten contra los derechos humanos”.

Lorena  destaca que la funcionaria fue la que le propuso el país de asilo y después le daba largas cuando le preguntaba sobre el avance del trámite.

Agrega que después la misma servidora pública le reconocieron que ya no podrían llevarla al país que orginalmente le propusieron porque pedir asilo en dicha nación, conllevaría mostrar su caso [y las violaciones de los que ha sido objeto] y eso podría en entredicho lo declarado por Peña Nieto.

El 27 de junio de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró: “se han creado instituciones para la defensa de derechos humanos, se ha creado un andamiaje legal mucho más robusto precisamente para fortalecer la defensa de los derechos humanos […] somos un país y además un gobierno que ha adoptado las recomendaciones que organismos internacionales han hecho en materia de derechos humanos y más del 80 por ciento de estas recomendaciones se han atendido de manera favorable. Por un lado hay que hacer el reconocimiento por el esfuerzo que se ha venido haciendo para el fortalecimiento de nuestras leyes, de nuestras instituciones, y el combatir, eventualmente, cualquier acto que atente contra los derechos humanos y que se han tenido sanciones puntuales en los casos donde se ha identificado que alguna autoridad  haya atentado contra los derechos humanos[…] México se quiere distinguir ante el mundo como un país donde priva el respeto a las libertades y donde haya pleno respeto a los derechos humanos”.

La declaración del mandatario nacional fue en una rueda de prensa en el extranjero tras ser cuestionado ante la petición de integrantes de Amnistía Internacional de hablar sobre las violaciones a derechos humanos y homicidios en México.

Lorana afirma que -después de eso- una servidora pública de Edomex reconoció que no la llevarían a ese país porque iban a contradecir al Presidente.

“Primero solo me daban evasivas pero yo les cuestioné sobre lo que declaró el Presidente y fue entonces que reconocieron que no harían nada, me dijeron que si ellos me mandaban a ese país era como contradecir al Presidente. Dilcya me dijo que ellos ‘no podían poner en entredicho la palabra del Presidente’”, narra Lorena.

También dice que se le ofrecieron otras opciones: la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, María Isabel Sánchez Holguín le planteó irse a Costa Rica.

“Ella nos dijo que nos pagaba el avión a todos, a los 12, y que llegando a Costa Rica nosotros pidiéramos el refugio. Nos dijo: ‘No hay pierde, lo peor que puede pasar es que le nieguen el refugio en Costa Rica y pues lo toman como unas vacaciones, lo único que les van hacer es que los van a regresar a México’”, rememora indignada.

Lorena señala que esta oferta de la comisionada es la última que recibió.

“Fue cuando definitivamente me di cuenta que no iban haber asilo en ningún país por parte de ellos y que había sido una tomada de pelo, otra vez me volvieron a revictimizar. A todos nos tomaron el pelo”, afirma.

VIVIR EN EL DESPLAZAMIENTO

El desplazamiento conlleva una serie de factores que complican los procesos a las víctimas porque se ven obligados dejar todo atrás. Además, enfrentan problemáticas, por el estatus de riesgo per sé a su condición, que no les permiten integrarse al nuevo lugar, ni hacer una vida normal como cualquier persona que simplemente se muda de un lugar a otro.

Uno de los conflictos es conseguir dinero, pues para un desplazado es difícil obtener empleo en el mismo país porque a los desplazados no se les permite sacar una credencial de elector, documento que piden en casi todos los lugares de empleo o realizar trámites de manera regular, explica Lorena.

Y señala que si la Comisión de Víctimas los envía a otro lugar, a una casa sin comida, menos brinda apoyo para conseguir empleo a la familia. “No podemos ir a estos módulos del INE porque se nos dijo que debido a estas listas nominales podrían localizarnos. Mi marido, bendito Dios, finalmente pudo conseguir un trabajo pero por sus propios medios, le costó mucho lograr un trabajo aquí”.

Las familias desplazadas viven bajo múltiples privaciones económicas y de libertades. Además, el estado emocional es un problema que queda rezagado. Si el apoyo para despensa es mínimo el psicológico es más carente.

“En el Estado de México íbamos a una clínica de estrés postraumático y aquí  se nos mandó a la Comisión de Víctimas de este estado pero la realidad es que no es lo mismo. Si en el Edomex que dicen es una ‘de las mejores comisiones’ supuestamente, tienen deficiencias, aquí en este estado tienen muchas más. Tienen su modo de trabajar muy diferente y por supuesto nosotros somos víctimas del Edomex no de aquí y no se nos dan las mismas prioridades”, platica la víctima.

La familia de Lorena consiguió que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia les otorgara despensas por un tiempo; sin embargo ya no cuentan con esta ayuda y obtenerla implica realizar nuevamente el tramite.

“Es muy molesto porque te vuelven a revictimizar: ‘A ver y cuénteme otra vez, desde el principio’. Te pasan de escritorio en escritorio contándoles todo y la verdad, eso es revictiminzar. No me hace nada bien contarles escritorio por escritorio la historia, para mi es muy duro estarles contando en lugares donde no tienes privacidad y que la demás que está formada ahí –porque es el DIF– esté escuchando mi historia”, destaca.

La situación en la que vive la familia de Lorena es precaria no solo en lo económico.

“Se nos han violentado todos nuestros derechos. Ya no contamos con nada. Ya terminamos con todo lo que teníamos y la realidad es que nosotros no le hicimos nada a nadie como para estar en esta situación, la realidad es que yo no soy una asesina, ni mi marido, ni mis hijos”, afirma Lorena.

La familia ahora busca por sus propios medios salir de México. “No tendríamos que irnos de nuestro país huyendo como si fuéramos los peores delincuentes y no tenemos que vivir como prisioneros, nosotros somos la víctimas”, apunta el testimonio de la mujer desplazada que coincide con el de múltiples personas.

Lorena se dice indignada y cansada del sistema que revictimiza; sin embargo, advierte que no dejará de buscar la justicia a contracorriente del Estado: “Aún así me amenacen mil veces de muerte. Yo quiero que José J. sea procesado”

“El Pelón” fue liberado el pasado 8 de junio de 2017, pero aún está en revisión un amparo que interpuso la familia de Fátima.

“Estamos luchando porque en cualquiera de estas dos instancias nos regresen a José J. a proceso” y -también exige- “que se castigue por todas las omisiones que ha cometido el estado en contra de nosotros, de mi familia”, especifica Lorena.

Sugeyry Romina Gándara
Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.
en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video