La familia del único detenido por la matanza del antro Madame de Xalapa, Veracruz, denuncia que las autoridades le sacaron una confesión obligada. El imputado es Gabriel Alfredo Martínez Godos, quien de acuerdo con su testimonio, fue forzado con tortura a inculparse de uno de los peores hechos de violencia reciente en la entidad. De acuerdo con su versión, elementos de la policía le habrían cortado cartucho para que se tomara una cerveza y dejara sus huellas dactilares y su ADN. Asimismo, habrían amenazado de muerte tanto a Martínez Godos como a su familia.
Por Ignacio Carvajal, BlogExpediente
Coatzacoalcos, Veracruz, 28 de mayo (BlogExpediente).- Rosalba Godos Gómez, madre de Gabriel Alfredo Martínez Godos, a quien la Fiscalía presentó como uno de los presuntos responsables de la matanza del antro Madame, dice que su hijo fue obligado, bajo amenazas y tortura física, a inculparse.
“Los policías obligaron a mí hijo a sujetar y beber una cerveza, él no quería, porque se dio cuenta que era para conseguir sus huellas digitales y el ADN, y como no quería y no quería, le cortaron cartucho”, relató a Blogexpediente la mamá de Gabriel Alfredo.
De 20 años, el presunto culpable fue detenido sin orden de aprehensión, en un operativo irregular, por elementos de la Policía Ministerial, cerca de las 6:00 PM del lunes 23 de mayo, en el rumbo de Plaza Cristal, es decir, a menos de 48 horas de la consumación de uno de los hechos más violentos de los que tenga memoria la ciudadanía xalapeña.
Vía telefónica, Rosalba Godos Gómez relató a Blogexpediente que su hijo estuvo incomunicado desde esa noche del lunes 23 hasta la tarde del jueves 26, “en que lo dejaron hablar un poco, el Fiscal lo presentó como culpable, pero mi hijo está todo golpeado, le pegaron mucho y lo maltrataron psicológicamente para aceptar la culpa de todos esos muertos”.
“Lo vi que renqueaba, caminaba muy despacito, y me relató que lo golpearon desde que lo subieron a la camioneta a él y a otro muchacho, de quien nada se sabe, allí en Plaza Cristal.
“Mi hijo dice que antes de identificarse, los policías le decían que eran de un cártel criminal, y que si no se echaba la culpa de esos muertos, lo iban a matar a él y a su familia”, relató la entrevistada, y agregó: “Fue presentado con ropa que no es de él, le pusieron otra muda, y tiene muchos golpes por todos lados”.
Comentó que “ya tuvo su primer juicio oral (audiencia de control), pero fue lo mismo, lo obligaron a inculparse de eso bajo la amenaza de los golpes, cuando él quiso decir que lo habían golpeado y torturado, eso no aparece en el expediente, me dijo su abogada”.
El poco tiempo que lo tuvo para hablar con él antes de ser trasladado al calabozo, además de adolorido, lo notó aterrorizado y destruida la moral por los insultos.
Aunque el la Fiscalía, en su comunicado, lo señala como uno de los responsables por haber sido identificado por un retrato hablado “mi hijo estuvo ese domingo del ataque todo el día en casa, me ayudó a cuidar a mi mamá, y después a realizar otras tareas, ni salió. No pudo haber estado en ese antro, como dice la autoridad”.
Su drama comenzó –relata– la noche del lunes, después de las seis de la tarde, “a las ocho de la noche le llamé, como no llegaba a casa le volví a llamar, así estuve toda la madrugada, hasta el lunes llamé a emergencias para pedir ayuda. Me pidieron todos mis datos, los generales de él y los míos y después me aconsejaron tramitar una denuncia.
“Apenas amaneció, fui a San José (cuartel de la policía preventiva) y tampoco estaba allí. Me trasladé a poner la denuncia, y allí me dieron a entender que posiblemente había sido levantado por un grupo criminal, y me tomaron la denuncia (UIPJ/DXI/F4/2038/2016).
“En en el transcurso del mediodía de ese lunes, una persona vino y me dijo que se dio cuenta cuando dos camionetas blancas de judiciales se lo habían llevado a él y otro. Que los iban golpeando en batea, la camioneta dio la vuelta y se fue sobre Maestros Veracruzanos”, dijo.
Con esa información, “al acudir a la Fiscalía de nuevo, me negaron tener a mi hijo bajo detención, y hasta me pidieron sangre para la prueba de ADN, por si llegaban cuerpos, hice todos los protocolos”.
“A mi hijo lo presentan hoy [jueves pasado] y le dan la oportunidad de hablar, y me dijo que se tuvo que echar la culpa, si no lo iban a matar”, afirmó.
Gabriel Alfredo Martínez Godos, GAMG, como lo identificó la fiscalía, era desempleado. La tarde de su detención, todo “el día estuvo repartiendo solicitudes de empleo, regresó a casa a comer, y sobre la tarde noche salió a dejar otra allí por Plaza Cristal. Pienso que esos policías andaban por allí viendo a quien agarrar para echarle la culpa y lo escogieron a él por verlo tan débil”, agregó la madre.
El joven –relató– tuvo su último empleo hace dos meses un café de la capital del estado, “se quedó en segundo semestre del Conalep, no lo acabó, su último trabajo era de garrotero, le tocaba cargar cosas, pero como se lastimó un brazo renunció y ahora andaba buscando otra ocupación. Por lo mientras estaba en la casa y me ayudaba a cuidar a mi mamá, que está enferma”.
Destacó que jamás ha sido detenido, por lo cual no cuenta con antecedentes, le queda claro que su hijo es un chivo expiatorio como otros tantos casos resueltos al vapor por la Fiscalía General del Estado.
Sobre el caso, la Fiscalía integró la carpeta 1982/2016, en la cual se contienen las pruebas contra Martínez Godos. El fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, en rueda de prensa, la noche del jueves, aseguró que se llegó a él por retrato hablado elaborado por testimonio de sobrevivientes.
“Subrayó que los involucrados coinciden también en la descripción de las características de los agresores, a quienes identificaron como jóvenes; logrando uno de ellos realizar un retrato hablado de uno de los sujetos que disparó, ya que lo tuvo a corta distancia” informó la dependencia mediante un comunicado en el cual no se explica cómo se dio la detención del ahora presentado.
En la familia del joven detenido están dispuestos a ir a las instancias defensoras de los derechos humanos para solicitar su protección y que se realice una investigación paralela en la cual se demuestren las deficiencias de la integración del expediente, sobre todo, estarán solicitando a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos su intervención para que se aplique el protocolo de Estambul y se compruebe el uso de la tortura física y los estragos sociológicos, y si Namiko Matsumoto, como es su costumbre, no asume su papel como ombudsman, recurrirán a la instancia nacional.
“Ahora lo decimos, si nos ocurre algo a nosotros, la familia, por defender a mi hijo hacemos responsables a quiene#101;s están en la Fiscalía porque están inculpando a un inocente” aseguró la entrevistada.
El caso del Madame, con saldo de cinco personas muertas y más de diez lesionados, habría sido resuelto por las autoridades en tiempo record, tal como ha ocurrido con otros casos polémicos en donde hay la presunción de la fabricación de culpables, así como ahora ocurre en la Secretaría de Seguridad Pública, con los señalamientos de fabricación de enfrentamientos y siembra de cadáveres, tal como ocurrió en Coatzacoalcos con Jorge Álvarez Javier, abogado, de 29 años, cuyo cadáver apareció en la escena de una balacera entre presuntos malosos y policías la semana pasada en Coatzacoalcos.
Mientras el director de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, daba rueda de prensa en Coatzacoalcos con los pormenores de ese enfrentamiento, la madre del abogado, Lorena Javier, denunciaba en su cara que sus elementos habían sustraído a su hijo de forma violenta horas antes, y exigía le dieran una respuesta.
El oficial aseguró que nada sabía de su hijo, menos de un allanamiento en la casa citada como morada del defensor, cuando en realidad, para esas horas, el cadáver de Jorge se enfriaba más en la plancha del forense.
La madre señaló que a su muchacho lo habían sacado “de los pelos”, en bermuda, sin zapatos, y en Barrillas, con otros dos cadáveres de presuntos sicarios, le encontraron con una nueva muda de ropa y zapatos, y un arma larga que presuntamente había accionado contra los policías de élite de la SSP.
En el forense, el cadáver entregado, además de disparos en la cabeza y pecho, mostraba fractura de brazo, lo cual concuerda con la brutalidad con la cual resultó sacado de su vivienda supuestamente por los oficiales.
Jorge Álvarez Javier dejó una niña en orfandad, contaba con 29 años, y con muchos esfuerzos y sacrificios logró graduarse de la carrera de Derecho en la Universidad del Golfo de México. Su familia lo recuerda sufrido, sacrificado, con grandes planes para su vida, ante todo, sacar adelante a su esposa e hija para darle estudio.
No tomaba, no fumaba, menos frecuentaba bares o cantinas, el único lugar en donde se encontraba con sus amistades y familias, los domingos, cuando acudía a escuchar Palabra en una iglesia adventista de Coatzacoalcos.
-¿Van a tramitar alguna denuncia ante derechos humanos para investigar los hechos?-se preguntó a un familiar del finado días después de sus funerales, “no, creemos, ya no queremos nada. Sólo descansar, ya nos dieron el cuerpo, a muchos ni eso les toca, ya estaremos en paz”, dijo resignado.
