Cuando el equipo mexiquense conformado por Peña Nieto, Ruiz Esparza y Luis Videgaray gobernaba el Estado de México, se acordaron de un dinero que la entidad perdió en 1997. Eran 50 millones que el gobierno federal no reembolsó como consecuencia del rescate carretero.

En el poder estatal presionaron para que el Gobierno federal lo devolviera, no sin antes sumarle una tasa de interés anual de 10 puntos reales por encima de la inflación. Así, el monto alcanzó los 3 mil 671 millones de pesos. Pero no lo lograron recuperar hasta que llegaron a Los Pinos.

Ahí se concertó todo y muy fácil. Ni la SCT, ni Hacienda ni Banobras, los tres organismos que pudieron impedir ese pago ilegal hicieron algo, acusan. Todo estaba ocupado por miembros del equipo.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- El abogado Paulo Díez presentó el pasado viernes una nueva denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Presidente Enrique Peña Nieto, de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes Luis Videgaray Caso y Gerardo Ruiz Esparza y del candidato priista al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por haber creado un mecanismo que permitió canalizar 3 mil 100 millones de pesos que sirvieron para financiar campañas electorales en la entidad.

De acuerdo con Díez Gargari, los hechos probablemente delictuosos, representarían un quebranto multimillonario a la hacienda pública federal, además de que ha incrementado el costo fiscal del rescate carretero.

En su documento de denuncia, el abogado explica que el Presidente Peña, junto con Luis Videgaray, aún como Secretario de Hacienda, Gerardo Ruiz Esparza, Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza, entonces Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) trabajaron en un mecanismo que les permitió transferir por lo menos 3 mil 100 millones de pesos federales al Estado de México.

La demanda sostiene que se trata de una “operación propia de la delincuencia organizada (auténtica asociación para delinquir), diseñada y ejecutada con la participación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”.

Díez Gargari documentó el proceso que se remonta a 1991 y luego a los años en que Peña Nieto era Gobernador del Estado de México (2005-2011) y desde entonces tenía cerca a Videgaray y Ruiz Esparza.

En 1991 la SCT otorgó a la empresa Promotora y Administradora de Carreteras S.A. de C.V. la concesión para construir, explotar y conservar el tramo carretero Champa-Lechería por un plazo de 20 años.

En 1992, aún en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno federal celebró un Convenio de Concertación de Acciones. Ahí quedó estipulado que el Gobierno del Estado de México debía aportar obligatoriamente 50 millones de pesos para cubrir el costo de liberación del derecho de vía, para que luego el gobierno federal le entregara una nueva concesión por otros 20 años y así recuperar, por ingresos de peaje, los 50 millones de pesos.

Una vez recuperado ese dinero, el Estado de México quedaba obligado a pagar con los excedentes un programa de construcción, reconstrucción, conservación y modernización de autopistas estatales.

En 1997, la Secretaría de Hacienda y la SCT aprobaron un esquema de reestructuración financiera de las autopistas concesionadas. Ahí se limitó el costo fiscal del rescate y los 50 millones de pesos fueron considerados como aportaciones “no recuperables”. El gobierno federal no asumió el reembolso y el Estado de México no impugnó el rescate.

En ese año se designó a Banobras como agente financiero y mandatario del Gobierno federal en el rescate carretero. Ambos, junto con Hacienda y la SCT, celebraron un contrato de fideicomiso en el que acordaron coadyuvar en la instrumentación de los aspectos operativos y financieros del rescate carretero; recibir los derechos derivados de la concesión para explotar, operar, conservar y mantener las autopistas rescatadas y suscribir instrumentos de deuda con el aval del Gobierno federal para destinarlos al pago de indemnización derivada del rescate
carretero.

Pero luego, el 21 de marzo de 2007, Peña como Gobernador, Ruiz Esparza como Secretario de Comunicaciones y Videgaray como Secretario de Finanzas, presentaron varias reclamaciones fraudulentas al gobierno federal para que se le entregara la concesión de la autopista o para que se le reembolsaran los 50 millones de pesos “supuestamente” aportados, a pesar de que el Estado de México nunca fue titular de ningún derecho.

“Gerardo Ruiz Esparza, con el conocimiento y el consentimiento de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, se dedicó a presionar indebidamente al Gobierno Federal, solicitando de manera fraudulenta el cumplimiento de la inexistente obligación a cargo del Gobierno Federal. Una auténtica asociación para delinquir”, puede leerse en el documento.

El gobierno federal lo rechazó. Pero luego llegó Peña Nieto a a Presidencia y Ruiz Esparza a la SCT.

Según Ruiz Esparza, la aportación del Estado de México a la autopista no fue de 50 mil millones, sino de 125 millones de pesos, pero con una tasa de interés anual de 10 puntos reales por encima de la inflación, el monto alcanzó los 3 mil 671 millones de pesos.

De acuerdo con Díez Gargari, ese 10 por ciento utilizado no tiene soporte legal o contractual. Si la cifra se actualiza por inflación, sería de 334 millones de pesos (al 30 de abril de 2017). Pero de entrada, el Estado de México no tenía ya ni el derecho a recuperar el dinero.

Ya en el poder, el equipo mexiquense acordó favorablemente el reclamo.

“Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza sabían que: en el convenio de concertación el Gobierno federal no asumió frente al gobierno del Estado de México una obligación de pago o reembolso de los 50 millones de pesos y que cualquier derecho que el Estado de México tuviera para poder recuperar sus recursos, se extinguió el 1 de septiembre de 1997 por causas de utilidad de interés público”.

En esta administración la SCT celebró con el gobierno del Estado de México un “ilegal” Convenio de Transacción.

Para Díez, ese convenio no puede producir efectos jurídicos válidos, pues “versa sobre una obligación existente y un derecho inexistente. Además, la SCT no está facultada para transigir y mucho menos para comprometer recursos públicos para pagar supuestas pero inexistentes obligaciones a su cargo”.

Los implicados, agrega, “diseñaron y ejecutaron un plan probablemente criminal para crear un vehículo que les permitiera canalizar al Gobierno del Estado de México miles de millones de pesos de dinero sucio, que el Gobierno Federal no estaba facultado para recibir, con cargo a la hacienda pública federal”.

EL DINERO A LA CAMPAÑA

De los 3 mil 600 millones que Hacienda debe pagar al Edomex, en 2016 se habrían pagado mil 600 millones –llegando el quebranto a 3 mil 100 millones de pesos–.

La ruta del dinero debió llegar al Sistema de Administración del Sistema Carretero del Estado de México (Saascaem), pero no hay rastro alguno de los mil 600 millones de pesos. Tampoco en otros lados hay registro o referencias al convenio.

Pero hay una cuenta de cheques Bancomer 0102614057 con esa cantidad de dinero. Para el 31 de diciembre de 2015, la cuenta ya estaba en ceros, “desaparecieron sin dejar rastro alguno en los estados financieros auditivos del Saascaem. La salida de esos recursos no se registró como gasto ni como pago de financiamiento”.

Pero en la SCT, en su Cuenta Pública Federal, quedó registrado como “subsidio a una entidad federativa”.