Un análisis de la organización Open Democracy considera que el Gobierno mexicano se enfrenta a una tarea difícil, al reconocer las conclusiones que le han hecho organizaciones internacionales y de la sociedad civil que lo empujarían a reconocer también que los actuales niveles de violencia y abuso en el país reflejan más de unos pocos casos aislados. Lo que significa, considera Open Democracy, que debe abandonar su narrativa de “manzanas podridas”.

El análisis alerta que “a menos de que se tomen medidas serias y sistemáticas para revertir el daño causado por las estrategias reactivas y militarizadas, las consecuencias de esta guerra se seguirán sintiendo de una manera más profunda y penetrante”.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- En México se libra una guerra civil en contra y entre los ciudadanos sin importar cuál es su posición en el negocio de la droga, plantea un análisis de la organización Open Democracy.

El análisis firmado por Gema Santamaría, alerta que la guerra contra las drogas en México no ha terminado, pues pese a que ya no forma parte del discurso oficial del Gobierno, “la lógica de la guerra sigue impregnada en las estrategias militarizadas del Estado contra las organizaciones criminales”.

Lo más importante, dice el análisis, es que esta guerra se sigue sintiendo entre los individuos, las familias y las comunidades que sufren sus consecuencias en forma de extorsiones, secuestros, desapariciones, torturas y desplazamientos forzados.

“Más que ‘efectos colaterales’, estas diversas formas de violencia y sus víctimas están en el centro de la actual guerra de México”, puntualiza.

La organización destaca que el alcance geográfico de la violencia y sus niveles de brutalidad, confirman que el país está sufriendo una guerra, aunque de un tipo diferente. A esta batalla, dice, algunos la han nombrado “guerra civil económica”, otros “narcoviolencia” o “guerra no convencional”, sin embargo, Open Democracy ve una “guerra civil en contra y entre los ciudadanos, sin importar cuál es su posición en el ‘negocio de la droga’”.

Además, detalla que en la medida en que la violencia ha impactado en la vida y el bienestar de miles de ciudadanos, esta guerra ya no puede ser entendida -si alguna vez lo fue- como una batalla librada por el Estado en contra de los criminales.

“El número de masacres cometidas por organizaciones criminales en complicidad o con la negligencia de los agentes estatales contra civiles desarmados -incluidos migrantes- habla de una realidad con raíces y ramificaciones que sólo estamos empezando a comprender”, alerta.

Open Democracy recuerda que al inicio de su mandato, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a alejarse de la estrategia de seguridad implementada en el sexenio de Felipe Calderón, la cual se centraba en operaciones militarizadas, encarcelamientos masivos y la neutralización de los líderes de los cárteles de las drogas, que fue, y es vista como limitada en su alcance y perjudicial en sus consecuencias. Sin embargo, ese primer impulso del actual mandatario, de revisar y transformar la política de seguridad, fue abandonado rápidamente.

E incluso, continúa el análisis, la posibilidad de adoptar un enfoque más integral y centrado en las personas, se convirtió en “una serie de iniciativas dispares encaminadas a proporcionar respuestas inmediatas a lo que claramente son desafíos institucionales y estructurales profundamente arraigados”. La actual estrategia ha reproducido los errores del pasado, y también ha dado lugar a signos nuevos y más profundos de la erosión democrática, agrega.

En México, la sociedad civil y diversas organizaciones como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), y recientemente, Open Society Justice Initiative, han documentado “la violencia y los casos de tortura cuya presencia es sistemática y generalizada, en lugar de aislada”.

Estas y muchas otras organizaciones, en estrecha colaboración con las víctimas y sus familias, han recurrido al Gobierno federal en busca de respuestas, sin embargo, “el Gobierno ha tenido apertura cautelosa y abierta defensiva”. El análisis pone de ejemplo a lo anterior, “la bienvenida del Gobierno al GIEI y su actitud defensiva y desdeñosa posterior”.

“Este tipo de respuesta incoherente va en contra del nivel de madurez democrática que la sociedad mexicana ha alcanzado”, considera la organización. Y alerta que estas reacciones han limitado “gravemente el proceso para esclarecer la verdad y alcanzar la justicia, en perjuicio de miles de ciudadanos y de la propia legitimidad del Gobierno”.

El Gobierno “se enfrenta a una tarea difícil”, dice, al reconocer las conclusiones que le han hecho organizaciones internacionales y de la sociedad civil que lo empujarían a reconocer también que los actuales niveles de violencia y abuso en el país reflejan más de unos pocos casos aislados. En otras palabras, se conduciría al Gobierno a abandonar su narrativa de “manzanas podridas” y a reconocer que hay negligencia sistemática y que la participación del Estado no sólo es el ámbito local, sino también a nivel estatal y federal.

Además, el Gobierno tendría que aceptar que hay zonas que están bajo el control del crimen con el conocimiento de todos los niveles de Gobierno.

“El miedo a ser etiquetado como un ‘Estado fallido’ es muy fuerte entre las élites políticas de México, al igual que la idea de perder soberanía ante los actores y las organizaciones internacionales que pueden decidir intervenir en asuntos considerados de ‘interés nacional’”, considera.

Y sin duda, continúa Open Sociaty, la etiqueta de “Estado fallido” ha resultado ser una estrategia inadecuada y a menudo motivada por factores políticos. Sin embargo, el llamado de la comunidad internacional sobre la transparencia y rendición de cuentas no puede ser ignorado.

El análisis concluye en que las autoridades “harían bien si hacen frente a los retos y recomendaciones que se han hecho por parte de las organizaciones internacionales, en conjunto con la sociedad civil, periodistas de investigación, así como las víctimas y sus familias”. Ello, agrega, “sería un signo de fortaleza y madurez democrática y que podría abrir un proceso de reconstrucción de los sistemas de seguridad y justicia de México”.

Insta a que pida a las organizaciones internacionales a que le hagan recomendaciones para casos específicos, algunos de los cuales ya se han hechos, como la de la creación de un órgano de investigación independiente similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

“Las raíces de los actuales niveles de violencia en México están en el pasado como en el presente”, entre ellas, está también “la reciente escalada de la violencia relacionada con las drogas y una estrategia de seguridad que ha fallado y ha corroído las instituciones del Estado y las comunidades locales”.

“La guerra no solo se va a marchitar. A menos que se tomen medidas serias y sistemáticas para revertir el daño causado por las estrategias reactivas y militarizadas, las consecuencias de esta guerra se seguirán sintiendo de una manera más profunda y penetrante”, finaliza.