A poco más de una semana de la publicación de la nota del New York Times sobre #gobiernoespía, y la publicación del informe correspondiente, sabemos lo siguiente: El gobierno negó que espía. El gobierno ignoró la evidencia. El gobierno mandó a sus esbirros para implantar una negativa y minimizar el hecho.

Comencemos por la más grave. En su discurso, días después de la presentación de la evidencia que confirmaba que periodistas y defensores de derechos humanos habían sido infectados por el virus Pegasus (malware que solo pueden comprar gobiernos) mientras realizaban labores críticas contra el gobierno, el Presidente Peña reaccionó como todo un gobernante autoritario, pasó de la descalificación de la evidencia a la amenaza contra los supuestos difamadores. Ignoró por completo que en México se espía.

Después de la infantil e irresponsable respuesta de Peña Nieto, su vocero, Eduardo Sánchez, tuvo que calmar las aguas y desdecir a su jefe: Le llamó al corresponsal y jefe del buró del NYT y le afirmó que no había tal amenaza contra el periódico neoyorquino. A ese nivel la torpeza presidencial. Además, Sánchez argumentó como razón del error presidencial a que el Presidente “no había leído sus tarjetas”. Es decir, se salió del guion y optó por improvisar. Lo cual, creo yo, que es aun más grave porque refleja el instinto de respuesta del Presidente: Dijo lo que verdaderamente sentía, sin el filtro de la tarjeta. La impericia presidencial llegó a tal grado de afirmar que es tan irrelevante el espionaje denunciado que el propio Presidente se ha sentido espiado. Es de los intentos de empatía más torpes que he visto.

Las palabras amenazantes del Peña –las haya querido decir o no- conllevan, o deberían, generar un alto grado de preocupación entre diferentes actores sociales y políticos. Esto no sucedió. Pasó como una simple torpeza. Infelizmente, para Peña, el Presidente no puede decir ¡ups! Me equivoqué. Las palabras llevan su peso y tienen su impacto en la realidad.

Cuando el Presidente de un país –México- le pone más atención pública a los triunfos de una selección nacional que no ha ganado nada importante que a la misma realidad de la nación deberíamos darnos cuenta que tenemos un gran problema que se llama: El inquilino de Los Pinos.

Un factor fundamental para una democracia funcional es la transparencia, rendición de cuentas y los contrapesos dentro del gobierno. En otras palabras, se espera que el sistema de balances y contrapesos sea de tal forma que ningún ente de Estado actúe sin la vigilancia de otros órganos. El espionaje revelado por el NYT confirmó que el sistema institucional de contrapesos y vigilancia en México está roto.

Como sociedad hemos hecho un esfuerzo importante por el diseño institucional de nuestros gobiernos. Asumiendo que es el primer paso para la transformación de nuestra realidad. Por ello, nos aferramos a leyes, reglamentos y mandatos autónomos que nos aseguren que su función de vigilancia y garantía de derechos se traducirá en un verdadero contrapeso.

Mientras el Presidente se tropezaba con sus propias palabras, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), estrenando Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña, se enredaba en su silencio y argumentos legaloides para llegar tarde y débil a la discusión de la violación de datos personales a través del espionaje. En su tardío comunicado se ciñe a decir que el INAI cumplirá su mandato de ley. ¿Para eso se tardaron una semana en salir a reprobar los hechos?

El INAI –como órgano garante del derecho de acceso a la información y datos personales- tiene una seria animadversión a la confrontación con otros órganos de Estado. Le duele el careo directo con órganos de gobierno. Prefiere las formas que el fondo. Es decir, prefiere la cautela a la franqueza y responsabilidad. Las horas no pasan en vano cuando hay una crisis nacional como la vivida con #gobiernoespía. La lentitud en su respuesta y la falta de un discurso adversarial claro no son inocuos. Pero su errático actuar afecta su naturaleza de ser y el mandato que tanto luchamos para obtenerlo. Parecería que muchas de nuestras instituciones se encargan de auto-descafeinarse en aras de evitar la confrontación con el poder público.

La claudicación de sus funciones debido a un ejercicio de futureo sobre el desarrollo de su carrera política, parecería estar antes que su compromiso e integridad por hacer el trabajo que se les encomendó en el presente. La no confrontación para no minar futuras alianzas y apoyos políticos. Hablarle suave al gobierno porque fue el gobierno quien dio el visto bueno para algunos nombramientos.

Y es a través de la colocación de aliados como gobiernos y partidos políticos aseguran una mala ejecución del mandato de ley por parte de las instituciones. La ausencia evidente de integridad pública de la mayoría de funcionarios y las negociaciones políticas provocan la tibieza que no se le puede permitir a una institución garantista.

El espionaje que se destapó vuelve a ser un capítulo más de una interminable serie de actos de simulación de nuestras instituciones. La torpeza presidencial, su autoritarismo honesto y la ausencia de instituciones defensoras y garantistas nos recuerda nuevamente de la fractura de nuestro sistema de pesos y contrapesos.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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