En junio pasado, pese a la oposición de los ejidatarios y activistas ambientales, el proyecto minero “Caballo Blanco” fue nuevamente autorizado para explotar tierras veracruzanas desde Alto Lucero hasta Actopan. De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Secretaría de Economía mantiene en concesión más de 25 mil permisos para la exploración y explotación del subsuelo. Poco menos del 70 por ciento son para la explotación a cielo abierto, entre ellos, “Caballo Blanco”.

El área de influencia en donde se pretende ubicar la mina es importante por su gran biodiversidad gracias a la presencia de la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental, a la constante humedad que proviene del Golfo de México y a distintos orígenes de suelo.

 

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- Activistas, organizaciones nacionales e internacionales, y pobladores de Actopan y Alto Lucero, Veracruz, alertaron del riesgo que podría causar el proyecto minero “Caballo Blanco”, de la canadiense Candelaria Mining Corp, que se encuentra en las inmediaciones de la central nuclear.

Con motivo del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se celebró el pasado 22 de julio, grupos ambientalistas de México, Canadá y Alemania llamaron a movilizaciones en todo el mundo frente a las embajadas canadienses, por ser ese país el principal promotor de una actividad que, según estos grupos, deja desolación, pobreza y muerte.

En el caso particular del proyecto “Caballo Blanco”, que comprende los municipios de Actopan y Alto Lucero, a 3 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, se pretende aprovechar un yacimiento de oro mediante un tajo a cielo abierto para extraer, aproximadamente, unas 100 mil onzas por año, durante un periodo de entre seis y diez años. Para ello, sería necesario movilizar diariamente cerca de 30 mil toneladas de tierra y consumir alrededor de 3 mil metros cúbicos de agua del acuífero de Actopan, así como emplear mil 500 toneladas de cianuro de sodio al año.

El área de influencia en donde se pretende ubicar la mina es importante por su gran biodiversidad gracias a la presencia de la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental, a la constante humedad que proviene del Golfo de México y a distintos orígenes de suelo.

En esta región se establecen variados ecosistemas, como los bosques de encinos tropicales, posiblemente relictos de las glaciaciones del pleistoceno; las selvas tropicales subhúmedas, secas e inundables; los humedales, pantanos y manglares; las dunas costeras y lagunas, además de numerosas especies de fauna que están consideradas en la NOM-059-ECOL-2010 como amenazadas o en peligro de extinción y, además, varias son endémicas.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientalistas (ANAA) ha defendido por años que “la verdadera riqueza de esta región no está en el oro del subsuelo, sino en la importancia biológica y ecológica de la zona, en su valor estético y su significado histórico. Sin embargo, esta riqueza no se ha aprovechado en beneficio del bienestar social de la población local. Esta región debería ser un destino ecoturístico mundial que permitiera a su población obtener empleos e ingresos permanentes y de largo plazo, conservando su riqueza natural. En contraste, con la mina, después de 10 años, el panorama será una población desempleada con la naturaleza destruida”.

De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Secretaría de Economía mantiene en concesión más de 25 mil permisos para la exploración y explotación del subsuelo. Poco menos del 70 por ciento son para la explotación a cielo abierto, entre ellos, “Caballo Blanco”.

La veta fue descubierta en 1995, comprende más de 19 hectáreas en los cerros de La Paila y de la Cruz y ha cambiado cuatro veces de propietario desde 2008. La minera canadiense Candelaria Mining Corp compró en 2016 la concesión a Timmings Gold Corp por 12.5 millones de dólares.

“No hay argumentos que justifiquen este desarrollo minero que, irremediablemente, destruirá la naturaleza de esta región”, lamentó la ANAA en su sitio web.

La empresa arguye la creación de entre 350 y 400 empleos, no obstante, señaló la Asociación, dichos empleos no compensan los que se perderán por los impactos a los sistemas agropecuarios y, mucho menos, los empleos potenciales vinculados al desarrollo ecoturístico que no se generarían si se destruye el medio ambiente.

Además, resaltó que los expertos alertan de otros riesgos para la población local por el resultado de los desechos de cianuro, la disposición de la tierra con residuos tóxicos, la generación de polvo, las explosiones, el ruido y la iluminación constantes, así como por la sustentabilidad de la fuente de agua. “Al ser una zona expuesta a huracanes y tormentas tropicales, los riesgos aumentarán”.

En junio pasado, pese a la oposición de los ejidatarios y activistas ambientales, el proyecto minero “Caballo Blanco” fue nuevamente autorizado para explotar tierras veracruzanas desde Alto Lucero hasta Actopan.

La autorización corrió a cargo del delgado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Veracruz, José Antonio González Azuara.